Una ordenanza regulará la concesión de ayudas para familias en riesgo de exclusión

El equipo de gobierno tomó ayer una decisión relevante en el área de Bienestar Social al aprobar una ordenanza municipal que dé cobertura a la concesión de ayudas de emergencia social a las familias necesitadas. De ella dio cuenta el edil José Hurtado como uno de los acuerdos de la Junta de Gobierno que se aprobaron.

Con la ordenanza lo que se persigue es evitar la interrupción durante algunos meses de las subvenciones que reciben las familias en riesgo de exclusión social ya que dejaban de percibirlas por indicación de los técnicos al no estar vigentes las bases que las regulan. Hurtado calificó de «importante» la decisión para evitar «tiempos muertos» en las que conceden el Ayuntamiento y que los beneficiarios puedan contar con ellas de forma continuada.

Según la edil de Bienestar Social, África Celdrán, esas bases reguladoras deben aprobarse a principios de cada año y precisó que en todo el proceso administrativo pueden pasar meses, ya que recordó que en el 2016 empezaron a concederse en marzo «y no se puede atender a personas en vulnerabilidad social en ese lapsus». Celdrán precisó que en el ejercicio anterior se otorgaron 470 Peis (Prestaciones Económicas Individualizadas) por una cuantía de 126.345 euros. Otro de los acuerdos de la Junta fue también el ámbito social ya que se dio el visto bueno a iniciar el expediente para la contratación del servicio de ayuda domiciliaria que se encuentra en su año de prórroga y expirará en febrero del 2018. La edil afirmó que se ha tomado con tiempo para que su tramitación esté a punto para esa fecha ya que en este ámbito la media mensual de beneficiarios es de un centenar de personas entre dependientes y mayores. Dicho servicio lo presta una empresa y supuso 496.346 euros con una aportación autonómica de 193.370.

En la Junta también se abordaron 19 sanciones en materia urbanística que conllevan la imposición de multas y se dio cuenta de diversos contenciosos por responsabilidad patrimonial por caídas en la vía pública. De igual modo se archivó un expediente disciplinario para un empleado municipal para el que se pedía la suspensión de empleo y sueldo.