E. P.
ALICANTE
Martes, 29 de marzo 2022, 13:20
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha reabierto el sumario sobre el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola que ETA perpetró el 4 de agosto de 2002 y ha instado a la Guardia Civil y la Policía Nacional para que le remitan todos los datos sobre los integrantes de la cúpula de la banda en el momento de los hechos.
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En un auto del pasado viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha solicitado que se aporte toda la información obrante de los que fueran jefes del aparato militar Juan Antonio Olarra, alias 'Juanvi', y Ainhoa Múgica, 'Olga'; del aparato logístico, Félix Ignacio Esparza 'Navarro'; del aparato político Mikel Albisu, 'Mikel Antza', del aparato internacional Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo' y de la tesorería María Soledad Iparaguirre, 'Anboto'.
El magistrado justifica su decisión ante la existencia de "nuevos elementos o circunstancias a valorar" y que pueden guardar "directa vinculación con los hechos iniciales que motivaron la incoación del procedimiento penal". "En el presente caso, esa vinculación o relación es palmaria, atendiendo a las circunstancias fácticas expresadas en los hechos de esta resolución, así como a las diligencias de investigación policial que se presentan (y en su momento se aportaron) para incoar la causa penal", asegura.
Fue el pasado 11 de marzo cuando el Juzgado acordó incoar diligencias previas a raíz de la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) contra los seis jefes de la banda terrorista que presuntamente componían el máximo órgano de dirección -el ZUBA- en el momento del ataque.
Unos días mas tarde, el Ministerio Fiscal, presentó un informe en el que defendía la necesidad de dictar auto de reapertura de la presente causa además de solicitar los citados informes que el magistrado ya ha requerido a los departamentos de Información del Instituto Armado y de la Policía Nacional.
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El atentado perpetrado por los dos integrantes del 'comando Argala' se saldó con el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego Alaminos, de 57.
Para la asociación, sin embargo, "es imposible" que semejante ataque "se hiciese espontáneamente y a espaldas de la ZUBA, y que ésta no diese su visto bueno, a una masacre de la trascendencia política y social de más de medio centenar de personas, dirigida contra familias enteras, niños, ancianos, de la guardia civil y en pleno agosto en una localidad turística costera".
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