La familia de un fallecido por Covid-19 en Dolores pide la dimisión del alcalde por afirmar que fue el hijo quién contagió a su padre

«Se ha puesto a la familia en una situación de rechazo social en un pueblo de 7.500 habitantes con graves imputaciones carentes de veracidad». La familia de Juan Garcia Pardo, un vecino de Dolores (Alicante) fallecido por Coronavirus ha solicitado la dimisión del alcalde de la localidad, José Joaquín Hernández, por haber afirmando que la causa de la infección del difunto fue la visita de uno de sus hijos que reside en Madrid y que, supuestamente le habría inoculado el letal virus a su padre. La solicitud ha sido enviada al presidente del Gobierno, al de la Generalitat y al de la Diputación Provincial.

Así lo insinuó el munícipe el pasado 17 de marzo en la televisión comarcal. Hernández aseguró que Garcia era el primer caso confirmado de Covid-19 en esta pequeña localidad de la comarca de la Vega Baja del Segura. «Apuntó que se trataba de una persona de avanzada edad de 71 años, con alzhéimer, y el cual hace 15 días recibió la visita de su hijo de Madrid, creyendo que de ahí viene el contagio, dando cuenta que todas las personas relacionadas con él, están en cuarentena y en sus casas sin salir a la calle, apunta el abogado de la familia del fallecido, Francisco Garzón. Pero según el letrado, todas estas afirmaciones del primer edil «son totalmente falsas pues el afectado ni tenía 71 años, ni tenía Alzheimer, ni hacía 15 días de la visita de su hijo, ni las personas relacionadas con él tenían cuarentena ni permanecían en sus casas sin salir a la calle».

Según Garzón, el hijo del fallecido, que reside en Madrid, visitó a su padre en Dolores «como hacía habitualmente, debido a sus patologías previas y por su delicado estado de salud desde hacía más de un año», el 7 de marzo, «cuando todavía no estaba decretado el estado de alarma, sino más bien alentando a la ciudadanía a continuar con normalidad su vida tal y como es de notorio y público conocimiento en España, pues el día 8 de marzo tuvo lugar en todo el país, nada menos que las multitudinarias manifestaciones del día de la mujer, sin que por parte del Gobierno a los ciudadanos se les hubiera hasta la fecha indicado que debían de tener ningún tipo de precaución».

Para la familia del Garcia Pardo, estas declaraciones, apunta el abogado, «no pueden quedar impunes, pues se ha responsabilizado no solo del contagio de un pueblo al hijo del fallecido, sin tener la más mínima prueba o verificación de si el virus ya se encontraba en el pueblo con anterioridad, sino que se ha empleado su cargo para dar una información totalmente falsa, pues no se realizó al hijo del fallecido ningún test, porque cuando se cursó la visita no existía estado de alarma alguno, sino todo lo contrario». De hecho el letrado asegura que el hijo de Garcia, «no mostrado en ningún momento los síntomas de la enfermedad, se ha tomado todos los días la temperatura y nunca ha tenido fiebre».

Las declaraciones del alcalde, apunta el abogado, «han generado el señalamiento y la humillación de esta familia, habida cuenta que todos somos conocedores de los comentarios en la calle en un pueblo con tan poca población. Todo ello sin contar el sentimiento de culpa, que a ese hijo que vino de Madrid le ha producido esta situación». A Garzón le llama «poderosamente» la atención como a los madrileños «se les tilda poco más que de 'leprosos', como si ellos fueran los responsables de tan humillante y dolorosa situación que por desgracia atraviesa este país».

Tras las declaraciones públicas del alcalde de Dolores y el posterior fallecimiento del vecino, su familia intentó ponerse en contacto con el primer edil, a través de su abogado el pasado 3 de abril. «Le pedí que se retractase de sus declaraciones y se disculpase con la familia del fallecido por las graves afirmaciones que han supuesto la lapidación pública de la honorabilidad y la confianza de esta familia con el municipio». Aunque según Garzón, el munícipe se negó a hacerlo.

El abogado revela, además, que la familia no ha podido despedirse del difunto, «la funeraria, el tanatorio y el propio sepulturero del cementerio municipal, les impidieron enterrar al finado adecuadamente y no les permitían personarse en su entierro». Por todo ello, indica el abogado, la familia no descarta emprender acciones legales contra el munícipe.