La fiscalía investigará la contabilidad del PP en la Diputación de Alicante entre 2007 y 2018

La fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre la contabilidad del Partido Popular en la Diputación de Alicante entre los años 2007 y 2018 a raíz de dos denuncias presentadas por Compromís la pasada semana sobre un posible delito de malversación de fondos y otro de falsedad documental por dos supuestos traspasos de dinero desde la corporación provincial a las cuentas del partido.

Dos fiscales anticorrupción, Pablo Romero y Felipe Briones, asumirán la investigación por separado de ambas denuncias de la coalición nacionalista.

Compromís presentó la semana pasada dos denuncias. La primera, por hechos correspondientes al periodo 2007-2015, en el que se ingresaron al partido 480.000 euros de dinero destinados al trabajo del día a día de los diputados como gestores públicos. Y la segunda, vinculada a los ingresos realizados entre 2015 y 2018 por 447.791 euros durante la presidencia de César Sánchez.

La coalición sostiene que el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll pudo cometer un delito de malversación de caudales y el actual vicepresidente y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, haber realizado una falsedad documental, ya que Compromís le acusa de falsear los certificados del destino finalista del dinero.

Sobre el primer periodo, la coalición señala que "no existe contabilidad alguna que acredite el destino final de estos ingresos". Según Compromís, cada año la administración firmaba un decreto "en el que se ordenaba expresamente a los grupos que procediesen a reintegrar las cantidades no empleadas a fecha 31 de diciembre del respectivo ejercicio", y que "de haberse cumplido, resultaría materialmente imposible" que la cuenta del grupo del PP en la Diputación de Alicante pudiese disponer de un importe "superior a los 60.000 euros de dotación anual que tenían asignados".

En concreto, Compromís hace referencia a informaciones publicadas sobre la existencia de dos movimientos en la cuenta por valor de 65.000 euros que tuvieron lugar el 13 de julio de 2011, último día de Ripoll como presidente de la Diputación, cuando "se vaciaron" las cuentas del grupo.

La coalición considera que podría existir una delito de malversación de fondos y pide al ministerio público que solicite al PP los extractos de la cuenta entre 2007 a 2015 (hasta el inicio de la nueva legislatura), la contabilidad del grupo del PP así como que se cite a declarar a Ripoll.

Respecto a la segunda denuncia, la coalición explica que está vinculada a los ingresos realizados entre 2015 y 2018 por valor de 447.791 euros durante la presidencia de César Sánchez. En el documento sostiene que en el pleno del 6 de octubre de 2017 se acordó la fiscalización de las dotaciones económicas a los grupos políticos y existen "contradicciones" entre los certificados emitidos por la gerente del PP, Yolanda Murcia, y Dolón como secretario general provincial.