La Guardia Civil requisa media tonelada de pescado ilegal en los puertos de Alicante, Santa Pola y Altea

La Guardia Civil ha intervenido 472 kilogramos de pescado que estaba siendo transportado de manera ilegal en los puertos de Alicante, Santa Pola y Altea en tres operaciones en las que cuatro personas y una empresa han sido propuestas para sanción.

En la actuación realizada en Santa Pola los agentes han localizado 220 kilogramos de marisco congelado que carecía tanto de la trazabilidad, necesaria para conocer su lícito origen, como de la indicación de la fecha final de consumo óptimo, lo que puede significar un "riesgo serio" al desconocer si la fecha límite ha sido superada.

En las dos inspecciones realizadas en los puertos de Alicante y Altea los agentes han intervenido vehículos que transportaban ejemplares inmaduros de merluza, un pescado que había sido capturado y vendido sin haber pasado por la lonja, tal y como ha informado este domingo el Instituto Armado. Llevaban la mercancía de manera oculta entre otros ejemplares que sí cumplían con los requisitos legales. Para la especie 'Merluccius merluccius', la talla mínima reglamentaria es de 20 centímetros, mientras que los ejemplares de pescadilla intervenidos por la Guardia Civil en estas inspecciones registraron una talla media de 16 centímetros.

La Benemérita recuerda que la pesca de ejemplares inmaduros merma la capacidad de supervivencia de la especie al ser capturada antes de alcanzar la edad reproductiva. Además, precisa que la carencia de etiquetado repercute en la imposibilidad de comprobar que los productos alimenticios hayan pasado los controles sanitarios y, por ende, la información de tales extremos a los consumidores.

La merluza intervenida, tras pasar los controles oportunos, ha sido donada a asociaciones benéficas. En el caso del marisco, al no poder comprobar su fecha de caducidad, ha sido destruido.

Cuatro personas físicas y una jurídica, así como el patrón y un armador de un buque pesquero que fue sorprendido vendiendo la mercancía a los transportistas inspeccionados en Altea, han sido propuestos como presuntos autores de infracción. Las infracciones observadas en las tres inspecciones están clasificadas como graves, por lo que conllevan posibles sanciones a cada uno de los implicados de 601 a 30.000 euros.

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