El tribunal de la adjudicación del Plan Zonal de Vega Baja resolverá en sentencia la nulidad de las escuchas

El tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, que juzga las presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja resolverá en sentencia las peticiones de prescripción y nulidad de diferentes pruebas, como intervenciones telefónicas o registros, planteadas por las defensas de los acusados en el trámite de cuestiones previas.

En un auto notificado este viernes a las partes, los magistrados aseveran que es necesario "esperar a presenciar toda la prueba" para resolver sobre las nulidades alegadas, "pues de esa forma se podría contar con una visión más completa".

"Dada la complejidad jurídica de las cuestiones planteadas, este Tribunal considera lo más conveniente diferir la solución de todas las cuestiones de nulidad planteadas por las defensas al momento de la sentencia", precisa la Sala, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat en un comunicado.

En su auto, la Sección Séptima desestima, en este momento procesal, la prescripción de la causa alegada por uno de los encausados, así como la nulidad radical de las actuaciones y la nulidad de las resoluciones que acuerdan intervenciones telefónicas y entradas y registros. También rechaza en esta fase del juicio eliminar de la causa un informe policial sobre el patrimonio del expresidente de la Diputación, como pedía su defensa, y dictamina que será objeto de la prueba que se practique en el plenario y analizado y valorado con posterioridad en sentencia.

El Tribunal ha dictado otros dos autos. En el primero de ellos admite las pruebas documentales, testificales y periciales solicitadas por fiscalía y defensas. En el segundo rechaza la introducción de un nuevo apartado en el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público sobre el beneficio pretendido por los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Los magistrados señalan que esa modificación debe ser realizada por la fiscalía en el trámite correspondiente.

El juicio por esta pieza separada del denominado 'caso Brugal' comenzó el pasado 2 de noviembre con las cuestiones previas y deberá reanudarse el próximo 18 de enero con el interrogatorio de los 13 acusados. Anticorrupción solicita provisionalmente penas para los mismos que oscilan entre los tres años y medio y los 17 años de cárcel por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, prevaricación, fraude, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

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