Visto para sentencia el juicio por el presunto amaño del PGOU de Alicante

El juicio por el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, en el que están acusados los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi y el promotor Enrique Ortiz, entre otros, ha quedado este viernes visto para sentencia en la Audiencia Provincial.

Se trata del mayor caso de presunta corrupción política en la capital alicantina y es la principal pieza separada del denominado 'caso Brugal', que, a raíz de intervenciones telefónicas de la Policía Nacional, desveló una veintena de supuestas tramas en varias localidades de la provincia.

Junto a Castedo, Díaz Alperi (predecesor de ella en la Alcaldía) y Ortiz, también se han sentado en el banquillo de los acusados por esta causa el constructor Ramón Salvador, los socios del bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa), y tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz: su hermano, Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico.

La Fiscalía Anticorrupción considera a Díaz Alperi y a Castedo responsables de los delitos continuados de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación, y mantiene su petición de 10 años de prisión para cada uno de ellos.

La acusación pública sostiene que los exalcaldes aceptaron, entre 2008 y 2010, diversas dádivas de Ortiz a cambio de favorecer sus intereses en el nuevo planeamiento y de facilitarle datos del mismo que eran aún confidenciales.

En el caso de Ortiz, la Fiscalía le atribuye los delitos continuados de corrupción de autoridades, tráfico de influencias y prevaricación, por los que solicita la imposición de 8 años de cárcel.

En la última sesión del juicio, el representante legal de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, ha afirmado que la acusación no solo no había probado que hubieran habido dádivas, sino que tampoco había señalado a cambio de qué.

"La acusación no ha probado cuáles fueron las prestaciones" que Ortiz habría pedido a Castedo y a Díaz Alperi que hicieran a su favor durante el diseño del planeamiento urbanísticos de Alicante a cambio de recibir esas supuestas dádivas, ha apuntado este abogado, quien ha incidido en que las acusaciones se "mueven en el terrenos" de las generalidades.

Al igual que los defensores de otros acusados, este letrado ha solicitado la nulidad de los soportes de las grabaciones que contienen las conversaciones de los procesados interceptadas por los investigadores, entre otras razones, por no reunir las garantías legales como medio de prueba y por existir defectos técnicos.

La magistrada que preside del tribunal ha ofrecido a los acusados su derecho a la última palabra antes de quedar el juicio visto para sentencia.

El único procesado que ha tomado la palabra ha sido el promotor Ramón Salvador (llegó a un pacto de conformidad con la fiscalía el pasado mes de marzo y ratificó la admisión de su culpabilidad), quien ha pedido ante el tribunal disculpas porque, según ha dicho, se había "equivocado", sin querer concretar en qué.