El Consell pagará gran parte de la deuda universitaria durante la próxima década

Los convenios firmados entre el Consell y los rectores de las cinco universidades públicas para fijar los mecanismos y plazos para el pago de la deuda histórica establecen que gran parte del dinero pendiente llegará a las arcas de los centros a partir de 2020. En clave política, los acuerdos firmados el pasado 30 de diciembre no sólo comprometen económicamente al actual Ejecutivo valenciano. También atan al que salga de las próximas elecciones autonómicas e incluso al resultante de la siguiente cita con las urnas, en teoría en 2019.

La cuantía a devolver se acumuló entre 2004 y 2008 por impagos de la financiación ordinaria y de infraestructuras que adelantaron las universidades, hasta alcanzar los 891 millones de euros. Ese año se rubricó un convenio donde se decía que se abonarían en 14 anualidades -hasta 2022-, idea que sólo se cumplió en 2009 y 2010, pues para los siguientes ejercicios el Consell anunció que no pagaría debido a sus graves problemas de tesorería.

De esta forma, al cierre de 2014 la deuda viva era de 768,86 millones. Con la firma de esta semana se acuerda la liquidación de 374,26 con efectos a partir de 2015. Eso sí, es como un abono en especie, ya sea a través del cambio de titularidad de pólizas y créditos suscritos por las universidades o mediante obras y programas prioritarios que correrán a cargo del Consell. Es decir, no se trata de dinero de libre disposición, sino que tiene carácter finalista, ya sea para nuevos edificios o para proyectos de investigación como los de los campus de Excelencia.

No sucede lo mismo con los 394,6 millones de euros restantes, que llegarán a las universidades como financiación ordinaria, y por tanto, podrán reflejarlos en sus presupuestos como prefieran. Esta cantidad se abonará paulatinamente, pues se ha acordado mantener el pago en anualidades hasta 2022, aunque a diferencia de lo pactado en 2008 la cuantía no será uniforme, sino que crecerá de forma progresiva.

Por ejemplo, en este año que empieza sólo se transferirán 6,04 millones mientras que en el último ejercicio previsto se rozarán los cien, tal y como se desprende de la información que ayer facilitó la Conselleria de Educación sobre los convenios. De hecho, llama la atención que la mayor parte de los 394,6 millones no se abonarán hasta la próxima década, pues para 2020 se prevén 68,91, para 2021 otros 82,21 y para 2022 94,66. En otras palabras, del pago en efectivo de la deuda histórica, el 62% no llegará hasta entonces, por lo que se trata, como poco, de un acuerdo arriesgado.

Los convenios son distintos en función de la universidad, de sus necesidades y de la deuda histórica acumulada. También varían los plazos. Las más grandes, la Universitat y la Politècnica de València, no empezarán a recibir anualidades hasta dentro de tres años en el caso de la primera (2018) y de cuatro en el de la segunda (2019).

Es más, sólo la Miguel Hernández de Elche ingresará dinero en concepto de financiación ordinaria este mismo ejercicio (los 6,04). Además, es la única institución que no tiene pólizas de crédito, y por tanto, no ha podido acogerse al cambio de titularidad en favor de la Generalitat, como sí ha sucedido con el resto. En 2016 le llegará el turno a la Universidad de Alicante (5,35) y en 2017 a la Jaume I de Castellón (4,34).

De la parte de la deuda que se liquida en especie, la mayor cuantía corresponde a pólizas de crédito y préstamos del Banco Europeo de Inversiones, que son los que permitieron cubrir el agujero económico dejado por la deuda histórica. También se incluyen conceptos como los campus de Excelencia y de intereses derivados del pago aplazado pactado en 2008, sin olvidar el acuerdo para que el Consell sufrague obras en cuatro campus que han sido consideradas prioritarias por ambas partes y que supondrán una inversión total de 48,2 millones. En este caso el dinero llegará a lo largo de los próximos tres años.

La actuación más cara es la Facultad de Ciencias de la Salud de la Jaume I, cuyo importe asciende a 17,75 millones. De esta forma la institución tendrá el espacio necesario para la carrera de Medicina, cuya implantación aún no es completa pues no ha salido la primera promoción. Le sigue la clínica que la Universitat de València necesita para activar el grado de Veterinaria, con una dotación de 13 millones. El título acogerá nuevos alumnos en el curso 2016-2017.

En cuanto a la Universidad de Alicante, consigue 8,95 millones para el proyecto de reforma y equipamiento de la Facultad de Educación, la urbanización de su parque científico y para una actuación en un inmueble de la Facultad de Ciencias, mientras que la Miguel Hernández dispondrá de 8,5 para levantar un nuevo edificio departamental. La Politècnica es la única que no ha incluido obras pendientes en el acuerdo rubricado con el Consell.