Faltan los datos de la mitad de sociedades

Una de las críticas más duras del Tribunal de Cuentas se refiere al entramado de sociedades, fundaciones, empresas y consorcios de las universidades, donde tienen algún tipo de participación, ya sea de capital o en forma de representación. De hecho, en el apartado de sugerencias reclama la realización de un inventario completo de este tipo de entes y su información asociada, pues no ha tenido la opción de acceder a la mayoría de sus cuentas. En clave valenciana el documento habla de 47. De 21 sí disponía de la documentación, pero no de las 26 restantes, si bien en algunas de estas últimas el peso era minoritario, como sucede con las empresas de base tecnológica (spin-off). El gasto de las auditadas rozó los 20 millones (529 en toda España).

El organismo va un paso más allá y desliza que en ocasiones han servido para eludir mecanismos de control y facilitar cierta discrecionalidad en la toma de decisiones relativas al personal, la contratación o la prestación de servicios. También asevera que para mejorar la eficiencia de uso de recursos públicos sería recomendable limitar su creación e incluso fomentar su supresión. En este sentido recuerda que a nivel estatal en 2010 se impulsó una reestructuración en el sector público en general, que hasta 2013 permitió la eliminación de 374 entidades vinculadas, dato que en el caso de las universidades cae a 16. El tribunal, aunque en ningún momento plantea que los centros hayan cometido una ilegalidad, sí reclama un «control exhaustivo» de las entidades, especialmente a través del Consejo Social.

«Ningún rector valenciano ha impulsado una entidad para evitar mecanismos de control o tomar determinadas decisiones», enfatiza Pastor, que aunque reconoce que en el caso de las spin-off no siempre hay auditorías por la universidad al considerarse de naturaleza privada, sí señala que en la mayoría de entes existe ya fiscalización interna.