Grietas en la universidad

Prejubilaciones alegales
Hasta 2012 las universidades impulsaron planes de jubilación incentivada, que permitían al personal (docentes y PAS) retirarse a partir de los 60 años en base a una serie de requisitos percibiendo un incentivo que se sumaba a la pensión, con la idea de igualar la cuantía a la retribución que tenía el beneficiario estando en activo. En España se acogieron 3.828 personas, 609 de centros valencianos, con la única excepción de la Miguel Hernández.
El tribunal cifra el coste de esta iniciativa a nivel nacional en 182,9 millones, y la previsión es que una vez finalicen los planes el complemento se paga hasta los 70 la cifra se eleve a 237,7. También dice que no tienen encaje legal al no existir una norma específica distinta a la que se aplica al sector público, con el argumento de que no hay amparo para los incentivos una vez se extingue la relación laboral.
Jesús Pastor, portavoz de los rectores valencianos, recuerda que las universidades dejaron de impulsar los programas después de que el tribunal transmitiera sus dudas. Eso sí, reconoce la dificultad de cancelar los pagos a los ya acogidos, con los que existe un acuerdo firmado. La medida se ideó para facilitar la renovación de las plantillas. El tribunal llegó a plantear una denuncia contra varios centros que la aplicaron, si bien en el caso valenciano se archivaron al entender que no había mala praxis con

más plantilla de la necesaria
Dice el informe de fiscalización que en el ejercicio en cuestión se apreció «cierto sobredimensionamiento» de las plantillas en relación al alumnado en algunas ramas de conocimiento al evaluar la carga docente media de los profesores, situada en 24 créditos anuales (240 horas de clase). En la Comunitat Valenciana el principal déficit se situaba en las carreras de Ciencias y en las de Arquitectura e Ingeniería, pues ningún centro alcanzó la media fijada. Eso sí, se compensó con la de otras áreas, como la de Ciencias de la Salud, donde sí se llegaba a rebasar los 24 créditos. El organismo atribuye la carga docente más baja a la Universidad de Alicante.
El portavoz de los rectores señala que esta disfunción se debe a «un problema estructural del sistema». «Es difícil la configuración de la docencia cuando la demanda fluctúa, y si hay menos alumnos no se puede prescindir de los profesores funcionarios», explica. Y tampoco pueden adscribirse a departamentos completamente distintos.
«Además, la menor carga coincide con los ámbitos en los que mayor caída del alumnado se ha producido», añade Pastor. En su opinión, se podría mitigar esta rigidez a través de un mecanismo de intercambio de docentes entre universidades, una opción que tampoco es sencilla pues dependería de la voluntariedad de los profesionales.

desequilibrio presupuestario
La gestión de los presupuestos de las universidades también se crítica en el informe, siendo el ejemplo más claro la cantidad de modificaciones que se fueron realizando a lo largo del ejercicio. A nivel estatal las variaciones fueron, en 2012, del 32%, si bien es cierto que en la Comunitat el porcentaje se elevó hasta al 55%. Se pasó de un presupuesto inicial ente las cinco instituciones de 1.075,3 millones a otro final de 1.667, una diferencia de 591,7.
Esto no significa que las universidades consuman más de lo que tienen, pues las variaciones son tanto de gastos como de ingresos. Eso sí, el tribunal recomienda más precisión en las cuentas. A juicio de Pastor, la divergencia se explica en que se incorporan conceptos como el remanente del ejercicio anterior, ayudas para investigación cuyo abono no coincide con la concesión o cuestiones sobrevenidas, sin olvidar que en 2012 los pagos de la Generalitat acumularon grandes retrasos.

El Tribunal de Cuentas pone en tela de juicio las 600 prejubilaciones incentivadas, la opacidad de las sociedades dependientes y el exceso de profesorado en carreras de las áreas de Ciencias, Arquitectura e Ingeniería