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europa press
Lunes, 8 de febrero 2016, 13:29
La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha anunciado este lunes que su departamento modificará "de forma progresiva" las oposiciones de funcionarios de Justicia para dar "más valor" a los supuestos prácticos y a los ejercicios de destreza y habilidades laborales, por lo que "rebajarán el peso de los exámenes teóricos".
Bravo se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia en el 'Forum Europa Tribuna Mediterránea', en la que ha avanzado algunas de las líneas de actuación de su departamento y donde ha insistido en la necesidad de un nuevo sistema de financiación para la Comunitat Valenciana.
En su intervención, Bravo ha avanzado que su departamento revisará "el tipo y contenido de las pruebas de acceso, así como la regulación de los órganos de selección", con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a plazas en la administración pública.
En este sentido, ha matizado que ello no supondrá "romper con el modelo de la oposición", sino la modificación "de forma progresiva" de este sistema para dar "más valor" a los supuestos prácticos, a los ejercicios de destrezas y habilidades laborales, mientras se "rebaja el peso" de los exámenes teóricos "como hacen las comunidades autónomas más avanzadas en esta materia", ha señalado.
Asimismo, la titular de Justicia ha explicado que está negociando con sindicatos los criterios de selección de personal de la Generalitat para "mejorar" el acceso al empleo público e incorporar un nuevo tipo de perfil a la administración que sea "joven y con alta capacitación técnica".
Modelo de justicia gratuita
Además, la Generalitat revisará el modelo de justicia gratuita vigente para asegurar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de todos, pero especialmente en aquellos que, por factores económicos, son más vulnerables o tiene mayores niveles de desatención.
De igual modo, Justicia estudia incluir en el turno de oficio un servicio de orientación penitenciara que garantice asistencia jurídica a aquellos penados que no puedan pagarse un abogado de confianza; impulsar oficinas de apoyo al ciudadano para facilitar el asesoramiento e información que el usurario demanda ante cualquier conflicto y la puesta en marcha de una red de oficinas que garanticen el ejercicio de los derechos del estatuto de las víctimas.
Ley de Memoria Histórica
Bravo ha puntualizado que otra de las prioridades de su departamento es el desarrollo autonómico de la Ley de Memoria Histórica. Para ello, ha sostenido que la Dirección General de Reformas Democráticas y Libertades Públicas "ya ha puesto en marcha los trabajos preliminares".
A su juicio, la ley 52/2007 que reconoce y amplía los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, "abría una nueva etapa en la recuperación de la memoria democrática de los españoles". "Ha llegado el momento de abrir esa nueva etapa también en esta comunicad y lo haremos conscientes de que cualquier paso en este sentido requiere de un amplio respaldo político y social", ha aseverado.
Violencia de género y corrupción
Por otra parte, la consellera ha recalcado que otro de sus objetivos es la erradicación de la violencia de género por lo que ha defendido la necesidad de desarrollar la parte de la ley correspondiente a la prevención. Para ello, ha insistido en el desarrollo de mecanismos que se incorporen al ámbito educativo que fomenten la igualdad, el respeto y la tolerancia, así como en la puesta en marcha de unos protocolos de acción sobre esta cuestión.
Respecto a las medidas para luchar contra la corrupción, ha abogado por "profundizar" en los procedimiento para incorporar nuevos instrumentos y mecanismos de control y potenciar las funciones de otras figuras como los interventores para "evitar que lo sucedido se vuelva a repetir".
Bravo ha defendido una administración pública que garantice unos servicio públicos "neutrales" en su actuación, que sean "equitativos en la prestación de sus políticas y que impulsen la cohesión social de este territorio", al tiempo que ha manifestado su intención de "modernizar" la administración y reducir y simplificar las trabas burocráticas.
Asimismo, se ha mostrado partidaria de incrementar progresivamente el presupuesto de Justicia para que esta conselleria pueda ejercer su función con medios y no se favorezcan "marcos de impunidad".
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