La nueva renta contra la pobreza podrá ser indefinida y alcanzará hasta los 531 euros

De mayor cuantía, indefinida y sin límite de edad para beneficiarse. Estas son las características de la futura prestación del Consell que sustituirá la renta garantizada de ciudadanía. Los requisitos se flexibilizan, se solicitará desde los 18 años, solo será necesario estar un año empadronado (frente a los 24 meses actuales) y se elimina burocracia y peregrinaje para obtenerla. Los ayuntamientos serán los encargados de hacer las valoraciones y también podrán beneficiarse trabajadores que perciben muy bajos ingresos y se encuentran en riesgo social.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas prepara el borrador del anteproyecto de Ley de Renta Valenciana de Inclusión que recoge esta ayuda y que alcanzará hasta los 531 euros cuando actualmente se sitúa en los 385 euros. El objetivo es hacer frente al empobrecimiento en un momento en que el 20% de la población está en paro, una tasa que se dispara al 42% en el caso de los jóvenes. Con una lista de espera para la tramitación de la renta que ha llegado a alcanzar las 20.000 solicitudes en la Comunitat y con retrasos de hasta dos años, la nueva prestación podrá ser indefinida en el tiempo siempre que la situación de pobreza del titular no haya mejorado. Ahora la prestación tiene un límite de tres años con una cadencia de dos y se exige una renovación cada seis meses. Con el nuevo sistema, a los tres meses se empezará a recibir el ingreso y, además, se incluye el silencio administrativo favorable.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, destacó ayer que se trata de una norma «pionera» en España, aunque haya «bebido de muchas fuentes» y responde a un «proyecto de legislatura» porque persigue «rescatar» a personas ante «la alarma social» existente por una «población empobrecida» tras una caída del 18,5% del poder adquisitivo.

La futura ley recoge dos modalidades diferentes, lo que permitirá un mayor número de beneficiarios. La primera es una renta complementaria y está dirigida a trabajadores o a personas que ya reciben una prestación, -incluye las pensiones no contributivas-, pero siempre que estos ingresos sean inferiores al 80% del salario mínimo interprofesional. El Consell fijará módulos para establecer la cuantía de la ayuda con el objetivo de en ningún caso se supere el tope que marca el Estado para que no pierdan la prestación.

El segundo tipo es el de inclusión social, que se concederá en función de una valoración individual. La cuantía sube a los 531 euros en el caso de un titular frente a los 385 euros actuales para las personas que sigan un itinerario de inserción o de acompañamiento. Sin embargo, cuando los beneficiarios renuncien a seguir este itinerario que marcan los servicios sociales municipales se reducirá a 266 euros. Oltra aclaró que esta posibilidad se destina para colectivos de «muy difícil reinserción», como puede ser un alcohólico de 58 años, y que pese a ser un grupo «muy minoritario» se tiene que atender.

Para poder tramitarla, el demandante deberá estar un año empadronado en la Comunitat -solo se exige la residencia efectiva- y se ha rebajado la edad. Es decir se podrá solicitar a los 18 años y se ha eliminado el límite (ahora solo está para las personas de entre 25 y 65 años). Los ayuntamientos se encargarán de la valoración y propondrán un itinerario de inserción que lo remitirán a la Conselleria para su pago, por lo que en el presupuesto para 2017 se ha previsto una partida de 52,1 millones, un 62% más que en 2016, que irá destinado a los consistorios para contratar más personal al considerar que el servicio municipal es el más próximo a los demandantes para trabajar en programas de inclusión.

Acceder a otras subvenciones

Otras de las novedades que recoge la ley es que se permite a dos unidades de convivencia poder compartir residencia sin perder esta ayuda ya que con la crisis muchas familias no pueden afrontar el gasto de una vivienda y se ven obligadas a irse a casas de familiares.

Asimismo, la persona que sea titular de esta renta accederá de forma automática sin realizar más trámites a otras ayudas como las becas de comedor o transporte escolar, de energía o vivienda.

La nueva renta contará con 40,6 millones, con carácter de crédito ampliable. Según señaló Oltra, «el Consell va más allá para superar una renta que no garantiza los derechos de muchas personas porque es muy restrictiva en el acceso, concede una cuantía insuficiente para vivir y obliga a sus beneficiarios a seguir un peregrinaje para lograr más ayudas».

El borrador de la futura ley se someterá durante los próximos 15 días a información pública y la Conselleria confía en que pueda llegar a Les Corts en el plazo de un mes y medio.