Del 'caso Brugal' al 'caso PGOU', once años bajo sospecha

DEL 'CASO BRUGAL' AL 'CASO PGOU', ONCE AÑOS BAJO SOSPECHA

Marzo de 2006

Basura bajo sospecha: El empresario oriolano Ángel Fenoll denuncia a través de distintas grabaciones presuntos intentos de soborno por parte de la empresa Urbaser a concejales del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Orihuela.

30 de mayo de 2007

Arranca el 'caso Brugal': La Policía Nacional inicia la 'Operación Brugal' en la Vega Baja, que arranca con las detenciones, entre otros,del empresario oriolano Ángel Fenoll, su hijo y su colaborador Javier Bru, entonces recién elegido concejal del PP en Albatera. Las primeras investigaciones apuntan a que los detenidos puedan estar acusados de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión en relación con las contratas de basura en la Vega Baja.

Noviembre de 2007

Revocación: El PP de Orihuela, en solitario, decide anular el concurso anterior adjudicado a Urbaser y abrir un proceso nuevo.

Enero de 2008

Contrato para Ortiz: El contrato de la basura de la Vega Baja -conocido como Plan Zonal XVII y gestionado por la Diputación- es ganado por la UTE Cespa-Ortiz.

Septiembre de 2008

Nueva contrata en Orihuela: El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP y con Mónica Lorente de alcaldesa, adjudica a la UTE Sufi, Liasur y Gobancast la recogida de la basura de Orihuela.

Julio de 2010

Detención de Ripoll: A raíz de las investigaciones y escuchas policiales llevadas a cabo en la investigación del 'caso Brugal', la Policía realiza once detenciones, entre ellas las del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, el empresario Enrique Ortiz y tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela. El 'caso Brugal' suma ya tres años de secreto de sumario.

Agosto de 2010

El PSOE deja entrever dudas: Dirigentes del PSOE, como Elena Martín, revelan que un juzgado de Alicante -el de Instrucción número 8- investiga presuntos amaños en la redacción del nuevo PGOU de Alicante entre el exalcalde Luis Díaz Alperi y Enrique Ortiz. Los socialistas implican también a la entonces primera edil, Sonia Castedo, que en la época en la que se produjeron los supuestos amaños era concejal de Urbanismo.

Septiembre de 2010

Ripoll, en el punto de mira policial: La investigación policial del 'caso Brugal' apunta a Ripoll como 'cerebro' de una trama para beneficiar al empresario Ortiz y de promover un acuerdo para que el oriolano Fenoll, perdedor del concurso, también sacase tajada económica.

Octubre de 2010

Estalla el 'caso PGOU': Un informe policial similar al del Plan Zonal de Basuras de la Vega Baja revela actuaciones supuestamente delictivas del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y su sucesora, Sonia Castedo, en relación al PGOU. Los 'pinchazos' telefónicos de los que fue objeto el constructor Enrique Ortiz en el marco del 'caso Brugal' arrojan serias sospechas sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad.

Castedo, bajo sospecha: El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, considera que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, podría haber incurrido en los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho por dar un trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y recibir de él varios regalos.

Dádivas a la concejal: El fiscal Briones refleja en su escrito de acusación que la alcaldesa recibió «dádivas» de Ortiz, como el pago de unas vacaciones en Andorra en 2008 y 2009, un viaje con familia y amigos en yate a Ibiza y la compra de un coche Mini Cooper. Además, le atribuye peticiones a Ortiz para contratar a «personas de confianza», sobre lo cual la alcaldesa ha contestado que sí ha mediado tanto con él como con otros empresarios vinculados al ayuntamiento para tratar de dar empleo no a gente cercana a ella sino a alicantinos que sufren situaciones «dramáticas» por el paro.

Vídeos de Alperi: Durante las pesquisas los policías graban imágenes de reuniones de Alperi con Ortiz en el yate de éste y del entonces alcalde de Alicante y de la edil Sonia Alegría tomando un jet privado a Creta, presuntamente pagado por el empresario.

La ambición de Ortiz: Las escuchas policiales revelan que Ortiz también buscó trato de favor de cuatro consellers y de varios alcaldes de la provincia.

Febrero de 2011

El caso se reactiva: La investigación de la pieza del 'caso Brugal' que afecta a la gestión urbanística de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su predecesor, Luis Díaz Alperi, toma un impulso al recibir desde Orihuela el juez Manrique Tejada, instructor del 'caso PGOU', toda la documentación y las pruebas que faltaban para empezar a interrogar a los implicados.

Abril de 2011

Registros en Salvetti: La Policía registra por orden del juez el despacho de abogados, situado en la Casa Salvetti, donde trabajan el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y el exconcejal socialista Javier Gutiérrez. Ambos están imputados por preparar supuestamente alegaciones al PGOU para Ortiz y otros particulares que después se encargaban de resolver a través de un contrato con el equipo redactor del PGOU, comandado por el arquitecto Jesús Quesada, también encausado.

Mayo de 2011

Alcaldesa y Diputada: La presunta trama de corrupción no hace mella en las expectativas electorales de Sonia Castedo, que no solo en las municipales, sino que además logra un escaño en Les Corts por el PP. Díaz Alperi mantiene también el suyo.

Junio de 2011

Declaraciones: El juez Manrique Tejada anuncia que imputará y llamará a declarar a todos los citados por Anticorrupción en el 'caso PGOU' y que amplía la investigación a directivos de la CAM y Bancajas por tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Los únicos que no pueden ser interrogados en el Juzgado de Instrucción número 5 son Castedo y Alperi, ya que son diputados autonómicos y, como aforados, han de prestar declaración en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Julio de 2012

El juez pide la imputación: El magistrado Manrique Tejada eleva al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat una exposición razonada en la que detallaba que ve indicios suficientes para imputar a Castedo y Alperi los delitos de tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho. El juez solicita al TSJ que los llame a declarar como imputados. Ortiz y los abogados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez recurren la elevación al TSJCV.

Septiembre de 2012

El TSJ se declara competente: El TSJ sitúa a Castedo y Alperi al borde de la imputación al asumir las pesquisas del PGOU. Cinco jueces declaran la competencia del alto tribunal para proseguir la investigación en atención a los indicios delictivos contra ellos.

Castedo alega prescripción: Sonia Castedo envía un escrito de alegaciones al TSJ en que que pide que rechace la competencia en el 'caso PGOU' porque pueden haber prescrito.

Octubre de 2012

A declarar: El TSJ imputa a Castedo y Alperi por tres delitos en la causa del PGOU de Alicante. La alcaldesa y su predecesor son interrogados por el juez Climent el día 19, acusados de haber beneficiado a Ortiz. Finalmente declara durante dos jornadas, lo que obliga a aplazar la declaración de Alperi al 5 de noviembre.

Noviembre-diciembre de 2012

Recursos: Tanto Castedo como Alperi presentan varios recursos en los que piden la anulación de las escuchas y de sus imputaciones.

Marzo de 2013

Nuevo frente judicial para Alperi: La Fiscalía denuncia ante el TSJCV a Luis Díaz Alperi por un delito fiscal.

Mayo de 2014

Castedo deja Les Corts: Tres años y medio después de iniciarse el 'caso PGOU' , Sonia Castedo renuncia a su escaño en Les Corts.

Junio de 2014

Alperi sigue los pasos de Castedo: Días después de la renuncia de Castedo, Alperi sigue sus pasos y también deja su escaño en Les Corts. Tras la dimisión de ambos, la causa regresa al juzgado de Instrucción número 5.

Septiembre de 2014

Otra imputación: Castedo es imputada por el 'caso Rabasa', una causa iniciada en 2012 a raíz de una denuncia de EU, por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Finalmente, tanto ella como Alperi y Ortiz, también imputados, serán absueltos en diciembre de 2016.

Diciembre de 2014

Adiós a la Alcaldía: Castedo presenta su dimisión, a través de su perfil de Facebook, como alcaldesa de Alicante dos años después de ser imputada.

Abril de 2016

Recta final: La instrucción del 'caso PGOU' entra en su recta final con 12 investigados El juez aparta de la causa a once personas, pero mantiene a Alperi, Castedo y Ortiz, además de varios familiares y socios del empresario.

Enero de 2017

Procesamiento: El juez Manrique Tejada, tras casi siete años de procedimiento, anuncia el procesamiento de Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi, Enrique Ortiz y siete personas más por el 'caso PGOU'.