La maquinaria municipal al servicio de Ortiz

El presunto traje a medida en el que se convirtió el urbanismo de Alicante necesitó de un entramado societario integrado por los engranajes precisos para salvar cualquier imprevisto. Al tiempo que contaba, supuestamente, con la voluntad del alcalde Luis Díaz Alperi y de su sucesora y edil de Urbanismo, Sonia Castedo, el magnate Enrique Ortiz se desplegó por todo el suelo susceptible de verse afectado por el Plan General o, al menos, con el que mejores opciones tenía para su recalificación. Así lo relata el juez Manrique Tejada en su auto, donde detalla cómo con cada modificación de suelo «se descubre que las adscripciones y coeficientes van relacionados con la disposición de dichos suelos favoreciendo concretas personas».

Es decir, que si la legislación permite valorar los terrenos que pasarán de rústicos a urbanizables, el Ayuntamiento aplicaba los coeficientes dependiendo de si afectaban al contructor y, siempre, «favoreciendo de forma sustancial al principal investigado», como reza el extenso auto de transformación de las diligencias previas en el procedimiento abreviado. Así sucedió, por ejemplo, en el sector de Saladares, donde debía incluirse la llamada Ciudad de la Justicia.

El magistrado alcanza la conclusión de que la tendencia dominante es la de «que se favorece principalmente a Ortiz, a su empresa o a su grupo de empresas, todas con las que él tiene relación». En lo profundo del Grupo Cívica, base de operaciones del empresario de donde la Policía extrajo buena parte de la información investigada, sostiene Tejada que se creaban sociedades 'ad hoc' para adquirir o participar en los suelos «de los que sabe se van a incorporar al proceso urbanístico del futuro desarrollo de la ciudad», señala el magistrado.

Así se desprende del informe de Bankia en el que se descubren «irregularidades» en diversas operaciones inmobiliarias «amparadas en la elaboración del procedimiento de aprobación del documento del Plan General», proyecto que casi se lleva a término pese a los intentos de la oposición municipal por vaciarlo de contenido y tumbarlo, como así ocurrió al final.

El siguiente paso era vender participaciones de las mercantiles que han obtenido terrenos con financiación bancaria al mismo banco de forma que «extrae una importante plusvalía de la venta de las acciones, de las que conserva un porcentaje todavía relevante». Estos movimientos especulativos se observan, según detalla Tejada, en los informes de la UDEF, de igual modo que el incremento del precio del suelo a cada paso de tramitación municipal.

Un negocio redondo para el empresario supuestamente amparado por «su amigo», como se refiere al exalcalde, y diputado de Les Corts Valencianes por el PP, Luis Díaz Alperi. El instructor sitúa a esta figura en el centro de la toma de decisiones urbanísticas y de gestión de los ingresos derivados, al margen de los beneficios del constructor.

Por ello se habría contratado, de forma directa, al despacho Salvetti, del que son socios Javier Gutiérrez, exedil socialista, y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa. El magistrado llega a la convicción de que a éste último se le incluye de forma descarada. Es decir, las labores de asesoramiento a la mercantil Laboratorio de Proyectos SL (encargada del PGOU) se encargan a G&M SL, de Gutiérrez, el juez se pregunta por qué incluir al bufete donde también figura el familiar directo de Sonia Castedo.

El instructor no alberga dudas al respecto, pues «se hace evidente que el entramado de sociedades» favorecía la llegada de Castedo «al negocio estructurado en relación a la figura de Alperi». De la laboriosa investigación se desprende, por tanto, que en Salvetti se planteaban las alegaciones de afectados por el Plan cobrando por sus servicios cantidades a modo de «esponja», pues parte de los ingresos acabarían en la sociedad de Díaz Alperi Andrax Business SL, cuyo único objeto es la gestión de su barco.

Igualmente, el dinero supuestamente satisfecho al exalcalde se movía por manos de varios empresarios, entre los que se encuentra el hermano de Ortiz, Virgilio, además de Santiago Bernáldez y Pablo Rico. Esta última trama investigada, conocida como la de los 'bocadillos', tiene que ver con la salida de dinero de la UTE encargada de construir el Hospital del Vinalopó, de la que participaba, a manos de Díaz Alperi.