Más de 25.000 mayores esperan para conseguir una plaza en residencias valencianas

Más de 25.000 ancianos esperan plaza en una residencia en la Comunitat Valenciana. Así lo ha asegurado la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, en su comparecencia en Les Corts Valencianes para explicar las líneas maestras de su gestión.

La consellera ha aprovechado para criticar la gestión de los anteriores gestores durante en los últimos años y ha considerado que el Plan Convivint lanzado por esa administración es la «gran mentira y fracaso« del Botánico. Ha afirmado que para desbloquear esta situación, y en colaboración con los municipios, «se agilizarán las obras de los centros pendientes» y se va a modificar también el Decreto de Tipologías que es el que aumentaba el precio para conseguir una plaza en uno de estos centros.

El Plan Convivint fue una de las medidas estrella de la que en ese momento consellera Mónica Oltra y fue presentado por el entonces presidente Ximo Puig.

El nombre completo de la iniciativa era Plan 'Convivint' de Infraestructuras de Servicios Sociales 2021-2025. Suponía una inversión de 561 millones de euros para la reforma o puesta en marcha de 247 instalaciones, que permitirían la creación de 6.600 nuevas plazas públicas en residencias y centros de día para los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, con diversidad funcional o usuarias de prestaciones relacionadas con la salud mental.

Por otro lado, este plan se elaboró a partir de un mapa de necesidades, un trabajo realizado desde el Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad de los Servicios Sociales, a través de una metodología pionera en España y que tenía en cuenta tanto indicadores sociales y poblacionales como de vulnerabilidad y edad, así como la demanda efectiva de recursos.

Fuentes de la Conselleria de Igualdad han señalado que muchas obras incluidas en este plan se encuentran a medio hacer o los ayuntamientos no han recibido los fondos para llevar a cabo estas infraestructuras.

Por otro lado, los anteriores gestores señalaron que la puesta en marcha de esta iniciativa supondría la creación de 3.500 empleos de forma directa o indirecta.

La financiación del plan corría a cargo de fondos propios de la Generalitat, según anunció el propio Puig en la presentación de la iniciativa. Las actuaciones se tenían que hacer entre 2021 y 2025. El propio presidente llegó a asegurar entonces que se trata de una «herramienta potente» de consolidación del «estado social valenciano» que seguirá combatiendo el «agujero negro» en el que, según señaló entonces, anteriores gobiernos habían sumido a los servicios sociales.

Uno de los objetivos de este plan era conseguir la equidad territorial, de forma que todos los departamentos de servicios sociales tuvieran, al menos, un recurso de cada tipología. También se pretendía que hubiera una instalación pública a menos de 20 minutos si es diurno y a 30 si es residencial.

Por otra parte, el plan contemplaba la ejecución de cien actuaciones y una inversión de 279 millones de euros, que permitirán duplicar el número de residencias públicas y multiplicar por 12 los recursos de atención diurna, además de instalar puntos de atención en la proximidad en el mundo rural, que consistirá en un centro de día con extensiones que serán gestionadas por el mismo personal, y que en su mayoría se localizarán en la provincia de Castellón.

Se inscribieron en el plan 21 municipios de la provincia de Valencia según datos que figuran en la página web de la Conselleria de Igualdad. Entre ellos, se encontraban localidades como Albaida, Alfafar, Pobla de Vallbona, entre otras. Por ejemplo, en Rafelbunyol, donde se hizo una delegación de competencias, estaba prevista la construcción de un centro de día para personas mayores dependientes ante el envejecimiento de la población del municipio. Estaba previsto, entre otras, que la comarca de l'Horta dispusiera de 18 más infraestructuras sociales en 2025.

En la provincia de Alicante se adhirieron seis municipios en los que se hizo una delegación de competencias. Entre ellos, Dénia donde estaba prevista la construcción de una residencia y un centro de día para personas mayores dependientes.

En el caso de Castellón, los municipios en los que se hicieron delegación de competencias son tres: Benicàssim, Borriol y Sant Joan de Moro.

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