40.000 firmas contra el modelo lingüístico de Marzà que arrincona el castellano

La propuesta es, en la práctica, la antítesis de las políticas impulsadas por el Botánico, tanto de su modelo a nivel educativo que promueve la reducción del castellano al mínimo (un 25% del horario lectivo frente al 50% del valenciano), como del papel de la lengua autonómica en cuanto a ayudas públicas o en las relaciones entre la administración y el ciudadano.

El proyecto de ley plantea que se puedan desarrollar dos modelos escolares en los que cada lengua oficial tenga una presencia mayoritaria, acompañados de otro donde estén prácticamente equiparadas. «Es una ley basada en la legislación de todos los países con más de una lengua oficial que respeta los derechos lingüísticos tanto de hispanohablantes como de valencianohablantes», dice la organización a través de un comunicado, donde también se afirma que la política lingüística aplicada en la Comunitat «es una aberración desde el punto de vista pedagógico y del respeto a la cooficialidad».

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La entrega ha corrido a cargo de la coordinadora de Hablamos Español para la provincia de Valencia, Amparo Merelo, y de la presidenta de la asociación, Gloria Lago. «La cifra conseguida supone un baño de realidad para los políticos teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido que sortear. No hemos podido recogerlas por la vía electrónica, ha afectado la pandemia, ha sido complicado gestionar la autorización de los fedatarios... Y pese a ello hemos cuadruplicado las firmas necesarias», explica la segunda. «La gente quiere una política lingüística de libertad y tolerancia en la que todo el mundo pueda ejercer su opción respetando la otra», añade.

El texto propuesto, con la redacción actual, es imposible que prospere con el actual peso de los partidos del Botánico, aunque el paso dado servirá para mantener vivo un debate al que siempre se ha aferrado la oposición para fiscalizar al Consell. Hablamos Español explica en su comunicado que ha mantenido reuniones con varios partidos y que cuenta con el voto a favor de Vox, Ciudadanos y la «predisposición favorable» del PP. En los próximos días, añaden, se solicitarán entrevistas con el Partido Socialista, Compromís, Unidas Podemos y el grupo de no adscritos.

Además, el paso dado supone un punto más de presión en relación al modelo de las escuelas, que parecía blindado definitivamente con la Ley de Plurilingüismo de 2018 -nacida tras el fiasco del decreto previo- y que sin embargo ha vuelto a sumar reveses judiciales tras los primeros recursos contra los proyectos lingüísticos emanados de la misma.

Como informó LAS PROVINCIAS, estos han llevado al TSJCV a fijar como criterio, para futuras demandas, la necesaria proporcionalidad entre las lenguas oficiales, tumbando los programas en los que no se justificaba que el valenciano tuviera una presencia muy superior a la del castellano (el doble o casi el doble).

Sobre las posibilidades de que salga adelante, Lago recuerda que la tramitación no es inmediata, y que tras la primera toma de contacto con el pleno de Les Corts pasará a la correspondiente comisión, «donde habrá tiempo de explicar nuestra postura y de aportar el punto de vista de los expertos». Además, «la política hoy en día es muy cambiante y nadie sabe lo que puede pasar», señala, antes de recordar que en caso de elecciones la tramitación continuaría después. «Para nada pensamos que no se pueda aprobar», sentencia.

La Ley de Libertad de Lengua establece que los padres de alumnos menores «tienen derecho a elegir la lengua oficial en la que sus hijos reciben la enseñanza», derecho que corresponderá a los propios estudiantes en caso de tener más de 18 años. Cabe recordar que con la regulación actual todos los alumnos del mismo centro reciben la enseñanza bajo un mismo modelo, aunque en el momento de acceder a esa escuela hubieran optado por una lengua mayoritaria distinta. Sin olvidar la cantidad de municipios donde una es preponderante en todas las escuelas públicas, especialmente el valenciano, lo que limita las opciones de escoger.

El borrador insta a la administración a hacer una planificación de la oferta que garantice las plazas suficientes en base a las preferencias mostradas en el proceso de admisión, que debe impulsarse con tiempo suficiente para posibilitarla. En caso de que no se pueda crear un grupo con determinada opción lingüística en un municipio o zona de escolarización por falta de demanda mínima, que se fija en 25 alumnos, estos tendrían derecho a expresarse, utilizar libros de texto y realizar pruebas en su lengua de preferencia. O si lo consideran, a matricularse en otra localidad o distrito de escolarización donde sí haya oferta en la modalidad elegida.

En cuanto al uso institucional de las lenguas, se señala que cualquier comunicación podrá ser recibida en las dos oficiales y se reclama flexibilizar el requisito lingüístico, en el sentido de que podrá «exigirse el conocimiento del valenciano exclusivamente cuando la naturaleza del puesto de trabajo así lo requiera para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley». Eso sí, esta exigencia «deberá guardar relación con las características y necesidades del puesto de trabajo que se vaya a desempeñar».

También se insta a reconocer la toponimia en las dos lenguas oficiales y a no condicionar la concesión de subvenciones públicas al uso de una determinada salvo que «se trate de actividades relacionadas directa y específicamente con el uso o promoción de esa lengua en el ámbito cultural y artístico», y siempre que «no se excluya de su concesión el uso de la otra lengua oficial, a la que se reservará al menos un tercio de su cuantía».