Así se acaba con los residuos sanitarios

En total, sólo los departamentos de salud públicos originan anualmente 5.000 toneladas de basura que requiere ser tratada antes de su reutilización, reciclaje o, en algunos casos, su destrucción definitiva, aunque los expertos calculan que, incluyendo instalaciones privadas y otros centros como clínicas veterinarias u odontológicas, esta cifra podría llegar a duplicarse

Y no es nada sencillo. De hecho, la región apenas cuenta con dos plantas de tratamiento de este tipo de residuos sanitarios. LAS PROVINCIAS ha podido visitar la planta de Inizia, perteneciente al grupo Ingesan, ubicada en Buñol, que asume alrededor del 45% de estos desechos. El resto lo asume el centro ubicado en la Vall d'Uixó o plantas situadas fuera de la Comunitat.

Como explica 'in situ' el director y socio fundador de la planta de Inizia, Juan Manuel Chulià, los trabajadores de la compañía acuden a los hospitales y trasladan los residuos hasta el centro de tratamiento, donde quedan almacenados a entre 4 y 6 grados si no pueden ser tratados ese mismo día. Estos residuos (los reconocidos contenedores amarillos donde se depositan las agujas y otros más grandes, para otros desechos) pasan por una autoclave (una especie de gigantesca olla a presión) donde permanecen entre 55 y 65 minutos a 135 grados. «El vapor mata todas las bacterias, por lo que los contenedores entran con sustancias peligrosas y salen ya sin ningún riesgo», detalla Chulià. La planta es totalmente estanca y destaca, pese a ser un centro de tratamientos de residuos, la pulcritud de las instalaciones. Este proceso genera lixiviados (líquidos residuales) que, a través de una red de tuberías, se remiten a un enorme contenedor con capacidad para 27.000 litros. Periódicamente, un camión retira estos líquidos que, al estar ya desinfectados y ser mayoritariamente biológicos, pueden ser utilizados para compostaje.

Tras ello, alrededor del 70% de estos contenedores se recuperan para reutilizarlos de nuevo. Se lavan con un desinfectante específico y se les incorpora una bolsa para, cuando llegan de nuevo al hospital, puedan utilizarse de inmediato. El 30% restante suele estar dañado, por lo que no se puede recuperar y pasa a una trituradora. «La ley nos exige que el residuo salga irreconocible, en trozos de alrededor de un centímetro», agrega el director, quien destaca que ésta es prácticamente la única planta que cuenta con esta tecnología, puesto que la mayoría dispone de desgarradores que no logran los criterios marcados en la normativa. «La Administración debería comprobar quién lo hace bien y quién no», reclama. Así, esta parte de plástico triturado se remite a empresas que lo convierten en granza que se usa para la inyección y fabricar, de esta forma, otros artículos.

En este proceso también se toman muestras para confirmar que la autoclave ha hecho su trabajo y los residuos están completamente desinfectados. De no ser así (no suele ser habitual) se vuelven a tratar hasta que se confirma que ya no presentan ningún tipo de componente peligroso o tóxico. También cuenta con una segunda confirmación de Aenor (entidad dedicada al desarrollo de la normalización y la certificación en todos los sectores industriales y de servicios.

Sin embargo, como lamenta Chuliá, en ocasiones los operarios deben retirar ciertos artículos que no deberían haberse depositado en estos contenedores y que podrían provocar un incidente o generar daños en la maquinaria. Prótesis, tijeras, cuchillos, trozos de aparataje y hasta pequeñas bombonas de gas son algunos de ellos.

En la actualidad, esta planta todavía tiene capacidad para incrementar un 50% más su actividad, por lo que podría llegar a duplicar su plantilla actual de 12 trabajadores.

En esta línea, tampoco ha sido fácil poner en marcha la planta pese a que, por ejemplo, si hubiese estado en funcionamiento habría evitado la acumulación de residuos registrado durante la pandemia, como recogió este diario. Y esa es, precisamente, una de las principales quejas del sector: los enormes retrasos a la hora de conceder licencias y autorizaciones para un servicio público que resulta imprescindible.

Así, el propio Plan Integral de Residuos de la Generalitat establece distintos principios básicos para la gestión de los residuos, entre los que destacan el de autosuficiencia (fija la creación de una red integrada de instalaciones que permitan a la Comunitat ser autosuficiente) y el de proximidad (tratamiento en las instalaciones adecuadas más próximas al lugar de su producción evitando movimientos innecesarios).

«El problema más grave al que se enfrenta en la actualidad la naturaleza son los residuos en su concepción más amplia, de ahí la necesidad de que existan plantas específicas. Pero el empresario debe ser responsable y la Administración ágil en la concesión de licencias», subraya este especialista. Es más, las sustancias citotóxicas (compuestos por restos de medicamentos citotóxicos y todo material que haya estado en contacto con ellos y que presentan riesgos carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos) requieren de incineradoras, por lo que al no estar autorizadas en España deben remitirse a otros países.

El director de la planta recuerda también los comienzos de la puesta en marcha de la instalación. «En 2018 analizamos la situación y constatamos que existía una deficiencia, pero fue desesperante las dificultades que tuvimos para conseguir todos los permisos», asegura, mientras ejemplifica que construir la planta requirió una periodo de tres meses mientras que lograr todas las autorizaciones se dilató unos dos años. Incluso en la actualidad parte de estos desechos se remiten fuera de la autonomía para su tratamiento, de ahí que este grupo esté estudiando la apertura de otra planta similar en la provincia de Alicante.

Desde el sector trasladan el descontento existente con la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ante los retrasos y dificultades que interpone en los procesos de tramitación de licencias y autorizaciones. También reclaman que este departamento esté verdaderamente conectado con el resto de consellerias, puesto que por él pasan casi todos los procesos en los que es necesario contar con el visto bueno de sus técnicos. Asimismo, reclaman que la Administración sanitaria ofrezca facilidades para que cada región trate sus propios residuos, puesto que en la actualidad las exigencias varían entre unas autonomías y otras, cuantos más requisitos se fijan (como en el caso de la Comunitat) más caro resulta el proceso.

Así las cosas, la apertura de la planta de Inizia en Buñol ha supuesto un respiro para la Administración ante el problema al que se enfrentaba por falta de capacidad de tratamiento y ha logrado subir un escalón para poder cumplir cada una de las exigencias de la normativa autonómica. Por tanto, desde el sector urgen que a nivel nacional también se revisen los requisitos que son necesarios cumplir para evitar que sean distintos de unas regiones a otras y alimenten el traslado de los residuos.