Los geriátricos desvelan que el Consell les quitó sanitarios en plena pandemia

Había expectación por escuchar en Les Corts al presidente de la patronal de las residencias de mayores en la Comunitat Valenciana, José María Toro, después de que la pandemia haya hecho mella en los internos. Cuatro de cada diez fallecidos por la pandemia del Covid-19 en tierras valencianas (el 37,6 %) han sido inquilinos de estas instalaciones. Toro compareció ayer en el hemiciclo autonómico -como medida excepcional se utiliza este salón y no las salas de comisiones- en el seno de un comité de título rimbombante: la Comisión Especial de Estudio para la Reconstrucción Social, Económica y Sanitaria. Y sus palabras no defraudaron a quienes esperaban una intervención dura hacia la actuación del Consell.

Toro afirmó que el Gobierno valenciano «no ha podido garantizar la atención sanitaria» de los residentes, que los médicos de las residencias están para poder realizar seguimiento de enfermos crónicos y no cuentan con la preparación necesaria para afrontar una pandemia, y menos aún cuando «Sanidad se ha llevado a profesionales sanitarios» de los geriátricos a trabajar a la medicina pública con motivo del coronavirus, lo que sumado a los sanitarios que se vieron afectados por el virus mermó los efectivos en los asilos. «Las residencias no son centros sanitarios», recordó.

La primera andanada del presidente de Aerte la dirigió a la línea de flotación. Relató que el 26 de febrero de este año envió un correo electrónico «a las consellerias de Sanidad e Igualdad» para advertirles de lo que podía suceder y pedirles que se cerraran, «pero hablar de esto era alarmista», remarcó. «Y 21 días después ordenaron el cierre de las residencias. ¿Qué hubiera pasado si hubiesen reaccionado antes?», se preguntó.

La segunda andanada de José María Toro fue denunciar que han sufrido «la falta de material de protección», que el Gobierno central bloqueó el mercado y ni se podía comprar ni se distribuía material, mientras los trabajadores de las residencias estaban desprotegidos y expuestos al contagio.

También incidió el directivo de Aerte en la falta de test: «Hemos trabajado a ciegas y hasta el 24 de abril no se empezaron a hacer test de manera masiva». Toro recordó a los diputados que «hay muchos centros aún en los que no se ha hecho pruebas a todos y sigue habiendo carencias de materiales, como guantes, en centros de mayores, de diversidad funcional, de salud mental o en servicios de ayuda a domicilio.».

José María Toro criticó que las consellerias no tenían ni idea de lo que sucedía dentro de las residencias, con los mayores encerrados en sus respectivas habitaciones para evitar la propagación del virus. «La norma de que no había que tener a la gente en las habitaciones llegó un mes y medio después» de que se dictara el cierre de los asilos. «Eso demuestra que no sabían lo que pasaba en las residencias», indicó.

Y la tercera fue cuando indicó que «no se podía garantizar la atención sanitaria» de los mayores porque los servicios sanitarios de los geriátricos están pensados para realizar seguimiento a enfermos crónicos no para afrontar una crisis sanitaria como la el Covid-19. Y a esta situación se le sumó que «Sanidad se ha llevado a profesionales sanitarios de las residencias» para atender en los hospitales, lo cual agravó la situación en los geriátricos, porque este hecho se sumó a las bajas en el personal causadas por la infección del coronavirus.

Durante la intervención de los portavoces parlamentarios la más combativa contra la gestión privada de las residencias fue Pilar Lima, de Unidas Podemos, que lamentó la «falta de autocrítica» del sector y aseguró que «la vida no es un negocio».

Para Lima, la crisis sanitaria del Covid-19 ha demostrado que el modelo de atención ha mostrado su fracaso. Y José María Toro no callo ante esa acusación. El presidente de la patronal de las residencias aseguró que mientras que el porcentaje de residentes fallecidos en la Comunitat «es del 2.06% del total de residentes, en Francia ha sido de un 2.4% y en Suecia ha sido de un 2.8%».

El dirigente empresarial también comparó las muertes totales entre la Comunitat y otros países. «El porcentaje de fallecidos en residencias sobre el total ha sido en la Comunitat Valenciana del 37,61 %, mientras que en Canadá ha sido del 82 %, el 58 % en Noruega o el 50 % en Finlandia». Esto demuestra, según José María Toro , «que el problema no ha estado en el modelo residencial, sino en la incapacidad del sistema de salud de atender a todas las personas que lo necesitaban».

Toro criticó también que no ha habido consenso con la vicepresidenta de Oltra a la hora de poner en marcha el protocolo de desescalada «se nos ha pedido opinión pero no ha habido consenso», indicó en los pasillos el presidente de Aerte.

Durante su intervención en Les Corts el dirigente de la patronal de las residencias reclamó en dos ocasiones «humildad» a la vicepresidenta Mónica Oltra, sin nombrarla, para que se sume a la creación de un grupo de trabajo junto a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y las propias residencias, de cara a prevenir una situación como la que se ha vivido en estos centros durante estos últimos cuatro meses.

Toro se quejó de la poca atención que han recibido por parte de la vicepresidenta Oltra durante este tiempo. «No se ha sentado con el sector. Hablé con Oltra una sola vez, el 23 de mayo», dijo.

Desde la conselleria de Oltra se aprestaron a indicar que la vicepresidenta ha hablado dos veces por teléfono con Aerte, ha participado en una videoconferencia, en una reunión presencial y se comunicó seis veces por mensaje. «El contacto con el presidente del lobby de empresas del sector residencial (Aerte) ha sido constante por parte del personal directivo de la conselleria en los diferentes ámbitos en que le afecta a su sector» y señalaron que Toro tiene el teléfono de la vicepresidenta.