Afectados por el nuevo plan para proteger el litoral denuncian el oscurantismo del Consell

El Consell aprobó el pasado viernes el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel). La decisión del ejecutivo valenciano ha levantado la alarma entre los propietarios afectados y los promotores, que en diversas ocasiones han expresado su oposición a la limitación de la edificación, han mostrado su recelo ante la decisión del Consell.

Desde los afectados se lamenta la forma en la que ha actuado el Gobierno valenciano. Denuncian que el procedimiento ha sido oscurantista, ya que no ha contestado a las alegaciones que presentaron hace casi un año y desconocen cómo han quedado sus propiedades. La plataforma de propietarios, en cualquier caso, ve con escepticismo que la respuesta del Consell vaya a satisfacer las demandas: «Hasta ahora su política ha sido no aceptar las propuestas», explican. Alertaron de que el paso siguiente son los recursos judiciales. Ante las números alegaciones presentadas, recalcaron que se puede producir un aluvión de denuncias ante los tribunales por la actuación de la administración autonómica.

«Vamos a estudiar caso por caso», explicó Isabel Moyá, una de los portavoces de esta agrupación. Recordó que el Consell tenía que haber contestado a las alegaciones antes de proceder a la aprobación del documento.

Desde la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas recalcaron que las alegaciones se habían contestado, ya que se trata de una exigencia legal de la tramitación administrativa. Fuentes de este departamento indicaron que no se ha procedido a la notificación individualizada a cada uno de los que han presentado un escrito, pero que toda la información sobre la nueva normativa se puede consultar en una web de la Generalitat Valenciana.

El Pativel no sólo repercute en los intereses de los promotores y constructores. Los afectados denuncian que también daña el derecho de los propietarios de viviendas y edificaciones incluidas dentro de la franja de mil metros en los que se prohíbe la construcción. Las quejas se refieren a la disminución en el valor de estas construcciones, ya que a partir del momento en el que entre en vigor la normativa ven limitada cualquier actuación que se pueda realizar en su propiedad. Afecta a los inversores que han comprado terrenos calificados como urbanizables y que ahora no podrán desarrollar esta zona y perderán su inversión.

Desde el PP aseguran que se va a ir hasta el final en la defensa de los derechos de los propietarios. La portavoz en Les Corts de Medio Ambiente, Elisa Díaz, indicó que la administración tendría que haber contestado a las alegaciones antes de haber aprobado la norma.

El plan de acción territorial prohíbe la construcción a lo largo de una franja de mil metros desde la ribera del mar hasta el interior. Son 7.500 hectáreas en 74 municipios.

En la exposición pública (hubo dos periodos) se recogieron 4.615 alegaciones, de las 4.301 fueron presentadas por particulares; 151, por asociaciones, grupos políticos y colegios profesionales y 163 por otras administraciones públicas, fundamentalmente ayuntamientos.

En el documento hecho público en la página web de la Generalitat, la Conselleria de Obras Públicas señala que ante el amplio número de alegaciones presentadas se ha procedido a agruparlas para proceder a su contestación.

Una parte destacada incide en que se ha provocado una situación de inseguridad jurídica entre los propietarios. Más de un tercio se refieren a la vulneración de derechos de los que han podido ser objeto con la nueva legislación.