Pacientes y empresas piden al juez la suspensión del decreto del Consell que incrementará el precio de centros y servicios sociales

Así, ocho asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer y la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) han interpuesto un recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) en el que reclaman la suspensión de todo el decreto, puesto que la Generalitat «no asume el coste de implantación de los requisitos» fijados en la norma, como por ejemplo el de personal, con el que obliga a los centros «a duplicar y hasta triplicar los ratios" de profesionales.

Todo ello, como llevan varios meses advirtiendo desde el sector, supone un encarecimiento de 540 euros por plaza de residencia de mayores, 550 para un centro terapéutico de Alzheimer y hasta 1.600 para una vivienda tutelada para enfermos mentales; sobrecostes a los que tendrán que hacer frente los propios usuarios.

De esta forma, los afectados dan un paso más en la lucha contra una normativa (aprobada en pleno mes de agosto) que no ha contentado prácticamente a nadie, puesto que los usuarios tendrán que rascarse el bolsillo y perderán un sinfín de centros especializados. Enfermos de Alzheimer, Parkinson, ELA, Huntington y Esclerosis Múltiple tendrán serias dificultades para encontrar terapias y recursos específicos como los que en la actualidad prestan distintas entidades sin ánimo de lucro a más de 5.000 usuarios (o tendrán que recurrir a empresas privadas y asumir un coste seis o siete veces mayor que el actual). Las viviendas tuteladas para salud mental están en serio riesgo después del recorte de ayudas que obliga a los usuarios a aportar gran parte del coste, y todo ello a escasos cinco días de las próximas elecciones autonómicas.

En el recurso, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, el colectivo hace referencia a los dictámenes emitidos por el Consejo Económico y Social (CES) y por el Consell Jurídic Consulti (CJC), que han detectado «importantes deficiencias» en la memoria económica que acompaña al decreto, lo que da lugar a serias dudas de que el crédito presupuestario sea suficiente para atender todas las nuevas exigencias impuestas.

El CES, por ejemplo, señala en su informe que «no tiene constancia de los análisis y diagnósticos realizados, en su caso, sobre la realidad actual de la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales», por lo que considera «que estos estudios resultan imprescindibles para un conocimiento adecuado del sector». También indica que la Generalitat «deberá adoptar las medidas presupuestarias necesarias para asegurar la viabilidad del sistema y su correcta implantación con el fin de evitar que se produzcan posibles desviaciones que pudieran derivar en insuficiencias asistenciales» y recomienda que «se adopten las medidas oportunas para evitar que su aplicación conlleve la pérdida de plazas asistenciales».

El CJC, por su parte, refleja que no se han incorporado al expediente los informes y memorias sobre la realidad actual y el impacto en el sector prestador de servicios sociales, lo que evidencia la falta de trasparencia en el procedimiento, ni los informes y memorias sobre la realidad actual y el impacto en el sector prestador de servicios sociales, por lo que el CJC no ha podido evaluar «la efectividad y el impacto de la norma», según recoge el recurso presentado.

«Las residencias de salud mental y los centros de día de personas mayores deben adaptar sus plantillas de personal a los ratios antes del 22 de marzo de 2024 y, para entonces, es poco previsible que haya sentencia firme sobre el procedimiento, lo que justifica la necesidad de adopción de la presente medida cautelar solicitada», argumentan en el escrito. «De lo contrario, sus beneficiarios (personas mayores dependientes y personas con diversidad funcional) tendrán que abandonar los centros en los que reciben la atención adecuada a su estado por no poder soportar los costes de los nuevos requisitos exigidos por el decreto aquí impugnado (...) y esto les provocará un perjuicio irreversible en su proceso de atención/rehabilitación que se verá interrumpido», lamentan los afectados.

Al detalle, recuerdan que la ratio global mínima para el personal de atención directa conjunta fijada en la Resolución de 28 de julio de 2022, establece un plazo de hasta el 31 de diciembre de 2029 para llegar a 0,58 profesionales por plaza (en residencias para personas con discapacidad), cuando en el nuevo decreto prácticamente se duplica esta ratio hasta los 1,15 especialistas por plaza antes del 22 de marzo de 2024. «Esta ratio de 1,15 profesionales por plaza, con un coste medio de 2.200 euros al mes por cada uno, suponen un sobrecoste de 1.430 euros por plaza al mes, que contrasta con el incremento para las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio (PEVS) (...) que es de 7.073,69 euros por plaza y año, que se convierten en 589,47 euros al mes, con lo que se produce un déficit de financiación de 840,52 euros por plaza al mes», concretan.

Por tanto, el incremento económico derivado de la duplicación de la plantilla actual antes del 22 de marzo de 2024 «tendrá que ser pagado por las personas usuarias, que por definición carecen de recursos económicos propios, lo que provocará abandonos de los centros y la imposibilidad de ingresar desde el exterior en ambos casos por no poder pagar el coste de la plaza. Sólo podrán mantenerse o ingresar personas con un nivel económico muy elevado, lo que rompería la universalidad de los servicios sociales», aseveran los afectados.

A nivel de instalaciones detallan otras problemáticas como, por ejemplo, que «el aumento de las habitaciones individuales en los centros hasta un 75% también genera un impacto en la tarifa que deben abonar las personas usuarias, que en este caso está en torno a 200-300 euros mensuales».

Por todo ello, subrayan, «es imprescindible una memoria económica que se corresponda con la realidad, realizando los cálculos del impacto económico de la implantación del decreto basados en los costes reales de las mismas, que en buena medida son los gastos de personal, conforme a las tablas salariales aprobadas en el vigente convenio laboral, puesto que la actual es especialmente perjudicial para todos los centros que no son públicos y que dependen de subvenciones, de las ayudas a la dependencia que reciban sus usuarios y de las tarifas que cubran los costes reales de prestación del servicio». Y agregan: «Los gastos calculados de la implantación del decreto a todos ellos es, no sólo gravemente incorrecta, sino insuficiente y puede implicar el colapso económico de todo el sector no público de servicios sociales y la salida de los usuarios de los centros por no poder pagar un precio que cubra los costes impuestos por el decreto impugnado».