Agricultores y regantes llevarán ante el Supremo la reducción del trasvase

La aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto que da luz verde al Plan Hidrológico del Tajo va a suponer el inicio de un proceso judicial para defender los intereses de los agricultores de la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía. Y es que este documento recoge un aumento de los caudales ecológicos del río de siete metros cúbicos por segundo a 8,6 en 2027 y un recorte de 105 hectómetros cúbicos anuales al trasvase Tajo-Segura que provocará un grave problema para el campo.

Las diferentes asociaciones de agricultores y regantes ya han anunciado que impondrán contenciosos administrativos contra esta resolución del Consejo de Ministros y que llevarán ante el Tribunal Supremo esta liquidación del trasvase Tajo-Segura. En los próximos días se reunirán y decidirán si inician un proceso judicial conjunto o cada organización emprende sus medidas legales.

"Lo más urgente es plantear el contencioso y pedir medidas cautelares para que no se aplique el caudal ecológico porque es supondrá una catástrofe económica para toda una región", ha asegurado el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu.

La asociación alicantina hace hincapié en que la hoja de ruta de imponer por la vía autoritaria la sustitución de agua trasvasada por desalada no garantiza una seguridad mínima al campo, pues una actividad tan importante como la agraria no se debería sustentar con el dinero prestado que supone el agua desalinizada subvencionada. "Ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico ni por impacto ambiental, el agua desalada puede ser alternativa a la trasvasada”, ha señalado Andreu que añade que este tipo de agua para regar hará perder a los agricultores unos 45 millones de euros anuales si se subvenciona, y 136 millones si no se subvenciona.

En esta misma línea se ha manifestado al término del Consejo de Ministros, el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, que ha denunciado que la nueva planificación para el periodo 2023-2027 no ha tenido en cuenta ni las alegaciones de los regantes, ni las consideraciones del Consejo Nacional del Agua ni del Consejo de Estado. "Contra una voluntad fanatizada es muy difícil luchar", ha lamentado.

"La ministra se ha puesto de espaldas de propios y extraños", considera Jiménez, quien vaticina "meses largos de lucha en los tribunales" y, a partir de ahora, de comunicación a los 81 pueblos con regantes en el Segura, a los que explicarán uno a uno lo que supone la decisión de "esta ministra a la que le ha podido más la visceralidad".

Por su parte, el representante de los agricultores alicantinos, José Vicente Andreu, también desconfía de las propuestas de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha prometido a compensar con inversiones para lograr disponer de recursos adicionales con agua desalada, reutilizada y con la eficiencia del regadío. "Está todo en el aire, no nos creemos nada de Ribera. Es un problema para toda la sociedad porque ahora con el 3% del agua se está cultivando el 70% de las hortalizas, con el 1,5% no se podrá llegar", ha explicado Andreu.

De hecho, las consecuencias de la liquidación del trasvase Tajo-Segura pueden ser casi inmediata ya que la incertidumbre sobre los recursos hídricos afectará inevitablemente a la campaña de verano. “Las siembras de sandía, melón, granada o breva están en el aire, porque tendrían que costear el agua desalada a precios no son compatibles con la agricultura levantina”, ha concluido el presidente de Asaja Alicante.

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