«Ese aire tóxico nos lo tragamos nosotros»

A pesar de que el Plan Integral de Residuos (PIR) aprobado al final de la pasada legislatura rechaza la construcción de instalaciones que se dediquen a la quema de desechos, la Conselleria de Emergencia Climática propone autorizar la incineración de residuos peligrosos en un proceso que técnicamente se conoce como valorización energética y que consiste en la quema de estos materiales como combustible.

Miguel Grau no difiere de su vecina Vida. Está en contra de la pretensión del departamento que dirige Mireia Mollà. «Me parece mal que quieran quemar esos residuos aquí. Ese aire tóxico nos lo tragamos nosotros», exclama cuando le preguntamos por esta cuestión. En la misma línea se pronuncia Juana Navarro. «Nos parece fatal, pero se va a permitir igualmente porque hay un interés económico», especula esta mujer mientras se toma un refresco en la terraza de un bar.

La pretensión de la administración autonómica ha provocado enseguida el rechazo de organizaciones conservacionistas (Plataforma Aire Limpio de Buñol y Ecologistas en Acción) y de ayuntamientos del entorno, como Macastre y Cheste, que han presentado alegaciones en contra de la propuesta.

Además, el propio consistorio del municipio salio ayer al paso tras las acusaciones de no haber alegado contra la autorización ambiental que solicitó Cemex a la Conselleria de Agricultura en 2011. «Nos vemos en la necesidad de tener que desmentir los bulos donde se acusa de no haber alegado. Desde el Ayuntamiento hemos hecho todas las alegaciones posibles, hemos enviado las alegaciones que realizaron Ecologistas en Acción y vecinos colindantes y nos hemos opuesto a esta autorización en todo momento desde el principio», señalan en un comunicado que han lanzado a través de sus redes sociales.

En ese sentido, el consistorio destaca que las alegaciones realizadas permitieron limitar la primera solicitud que hizo la empresa, tanto en el tipo de códigos LER que solicitaron,además de conseguir acabar con la planta de secado de lodos. «Hemos defendido en todo momento los intereses y la salud de todos los buñoleros y buñoleras, y ante los comentarios malintencionados no vamos a dejar que las mentiras y los intereses maliciosos de algunas personas prevalezcan sobre la verdad», aseveran las mismas fuentes en el escrito, publicado ayer.

Con independencia de la postura del consistorio, los vecinos del pueblo miran con recelo este planteamiento, que no acaban de entender en algunos casos. «¿Los que mandan qué hacen en su propia casa con la mierda que generan? «¿A que no se la comen ellos?», manifiesta Jesús Sanz, quien considera que «debe haber espacios» para este tipo de prácticas pero que «perjudiquen lo menos posible a los vecinos». No obstante, destaca que este proceso debe garantizar la seguridad. «No va todo a la atmósfera, eso deberá tener unos filtros», agrega.

Amparo Sánchez nos deja acceder a la terraza de su finca para poder capturar una buena instantánea. «Creo que se debería estudiar bien. A lo mejor no es perjudicial, pero no lo sabemos. Y quizás se podría sacar un beneficio para el pueblo», afirma.

Mati Navarro se está tomando algo en una terraza cuando le preguntamos por la noticia. En su caso, no tiene esperanza de que el proyecto se tumbe: «Por mas movimientos vecinales que haya, por más huelgas, no va a servir de nada porque el Ayuntamiento no hara caso. Algo se llevarán de todo esto», indica. Mientras, otro grupo de personas debate sobre el tema mientras se toma un café. «Nuestra opinión da igual, seguirán haciendo lo que quieran. Probablemente salga adelante porque haya dinero de por medio», manifiestan.

Chaima y Ángela son estudiantes de secundaria y pese a su juventud, no son ajenas al problema: «Nos parece mal porque ese aire tóxico lo respiramos nosotros y encima el instituto está al lado de la cementera, con lo cual es aún peor».