La Fiscalía reclama un grupo policial especializado para investigar el maltrato en las residencias

Pero también la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha reclamado la creación de un grupo de la Policía Autonómica especializado en los casos de maltrato en estos centros.

En el discurso de apertura del año judicial la fiscal superior del TSJ incidió en la necesidad de implementar medidas para evitar los malos tratos. En este sentido, señaló que cuando se produzca una situación de estas características «sería deseable la adscripción de Policía Autonómica con formación especializada en comunicación con personas con discapacidad funcional y detección de abusos físicos» para certificar la veracidad de las quejas e impedir la impunidad de estas conductas.

En su informe, el ministerio público ha señalado que la evolución demográfica, que presenta un claro envejecimiento de la población, implica la necesidad de crear muchas más plazas en las residencias de mayores. Según cálculos de Aerte, la patronal valenciana, para cumplir los estándares marcados por la Organización Mundial de la Salud, que señalan que tiene que haber cinco plazas por cada cien mayores de 65 años, serían necesarias cerca de 21.300 nuevas en la Comunitat Valenciana.

En estos momentos en la Comunitat hay cerca de 27.000 plazas lo que supone que hay 2,82 por cada cien mayores de 65 años, muy lejos de la cifra establecida por la OMS y también por debajo de la media nacional. De esta forma el déficit se sitúa en más de 21.300. Hay que tener en cuenta que el Plan Convivint de la Conselleria de Igualdad prevé la creación de 3.600, muy lejos de la cantidad necesaria para cubrir los estándares marcados por la OMS.

En la misma línea, se ha pronunciado Alfonso Valero, de la Federación Sanitaria y de Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras, que ha destacado la falta de plazas especialmente en las grandes ciudades donde se acumula la población.

Esta carencia también es detectada por los trabajadores. «Las listas de espera son muy largas», afirma Begoña Esteban mientras que Eva Nistal señala que «muchos de los que entran lo hacen por urgencia social, porque es el caso más grave y es necesario que vaya a la residencia».

Para el sector de Sanidad y Dependencia de UGT Serveis Públics del País Valencià el déficit de plazas en residencias publicas «es un problema considerable que viene de años atrás. En la época del PP, no hubo inversión en plazas publicas y se optó por utilizar centros privados».

La Fiscalía también advierte de otra carencia y es el déficit en inspecciones. En este sentido, José María Toro, presidente de Aerte, ha señalado que en los últimos años han aumentado. Lo que la patronal de las residencias echa en falta es una menor subjetividad en las apreciaciones de las inspecciones.

Desde la Conselleria de Igualdad señalan que se han incrementado las plazas de inspección desde de 2015 cuando sólo había dos inspectores para toda la Comunitat y ahora se ha pasado a cerca de 40. Pero siguen faltando. Así lo asegura Eva Nistal que trabaja en la residencia de Silla. «No llegan ni a una al año», afirma. Begoña Esteban reconoce que se están haciendo más.

Pero uno de los grandes problemas es la carencia de personal. La normativa vigente es de 2005 y desde entonces no se ha actualizado mientras que las necesidades han cambiado. Ahora ingresan residentes con más edad y un mayor número de tipologías, especialmente relacionadas con la demencia.

Según explicó Valero el nuevo decreto de tipologías incrementa las ratios de personal pero falta que entre en vigor. Así, por ejemplo, el personal de atención directa pasa de 22 a 50 por cada cien residentes.

La falta de personal es una de las carencias que más echan en falta los trabajadores. Begoña Esteban, una auxiliar de enfermería que trabaja en la residencia de Torrent, apunta que estamos «infravaloradas». Eva Nistal, que es supervisora de Enfermería en Silla, señala que «lo más evidente es la falta de TCAES que al final redunda en la calidad asistencial a los pacientes. Hay más carga de trabajo, Es imposible llegar a todo».

En este sentido, Nistal, que también es delegada sindical de CSIF, señala que «estamos trabajando con una normativa obsoleta porque la tipología del residente ha cambiado. Ahora son más mayores y con patologías más graves por lo que hace falta más personal».

Desde UGT indican que la falta de plazas «es una asignatura pendiente» pese a los esfuerzos que se han realizado en los últimos años. «Además, cuando las proyectos en marcha se concreten, las plazas seguirán siendo insuficientes ya que la población mayor es mas longeva», puntualizan,

La Fiscalía llama la atención sobre la falta de formación del personal y llama a incrementarla. En esta línea, Eva Nistal echa en falta mejorar su formación sanitaria. «A veces nos ofrecen cursos que no tienen que ver con lo que necesitamos», reclama la enfermera de Silla.

El informe del ministerio público resalta que sería «recomendable» una reforma a través de una ley orgánica que estableciese un procedimiento verificar los ingresos en residencias y su seguimiento además de mejorar el control de las medidas de contención mecánica/farmacológica que pudieran realizarse.

Por otro lado, el ministerio público señala que diariamente recibe informes de personas mayores que viven solas «sujetas a posibles abusos económicos». También llegan informes de residencias sobre conflictos familiares que pueden perjudicar la salud mental y patrimonial del anciano.

La Conselleria de Igualdad ha señalado que en estos momentos cuenta con cerca de 40 inspectores para fiscalizar el trabajo que realizan las residencias que es uno de los aspectos que ha reclamado la Fiscalía que se tiene que mejorar.

Fuentes del departamento que dirige Aitana Mas sostienen que en la Comunitat hay 312 residencias con un total de 27.529 plazas residenciales autorizadas. De ellas, están ocupadas alrededor de 26.650(la cifra es aproximada porque indican que no se puede saber exactamente la ocupación de las residencias privadas mercantiles). Las plazas vacías no están disponibles, puesto que no se ocupan por razones de obras, de reserva para potenciales aislamientos, o de reserva para casos de urgencia social.

En este sentido, desde Aerte piden que se levanten las restricciones por Covid para poder incrementar la oferta.

Fuentes de Igualdad han señalado que se han pasado de nueve inspectores en el año 2015 a los 38, más dos plazas que están listas para cubrirse. En estos momentos hay 242 expedientes abiertos fruto de la labor del último año.

Las mismas fuentes resaltan que la labor de los inspectores se ha ido incrementando desde 2020 y 2021.Respecto a 2016 se han multiplicado por cinco las actuaciones.

Si en 2017 se abrieron un total de 207 expedientes esta cifra ha pasado a 549 en el último año. En 2020 hubo 348 y en 2019 350.