Alerta en Picassent: Casi un centenar de móviles incautados en un año en la cárcel

El número de móviles incautados en la cárcel de Picassent se ha disparado en el último año. Los funcionarios recogieron 95 terminales en 2022, una cifra que es un 40% más que los 68 retirados el ejercicio anterior, lo que supone la cifra más alta desde que se comercializaron estos objetos.

A nivel nacional, la cifra asciende a 2.733 terminales lo supone un crecimiento del 21% respecto a las incautaciones realizadas el año pasado.

Este elevado número de móviles retirados supone un riesgo para la seguridad de los centros penitenciarios. Estos objetos están prohibidos en las cárceles para evitar la continuación de un delito, entre otros, de bandas organizadas o de violencia de género. Además, son muy cotizados entre los presos lo que genera un mercado negro con los consiguientes problemas para la disciplina en el interior de los establecimientos penitenciarios.

Desde Acaip y UGT destacan el trabajo que realizan los empleados públicos de las cárceles para evitar el comercio ilícito de estos objetos. Reiteran que estos teléfonos son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse a los controles internos.

Hay que tener en cuenta, señalan desde Acaip+UGT, que se trata de objetos muy cotizados por los internos que tienen restringidas las comunicaciones como los presos por violencia doméstica, terrorismo o para los que pertenecen a bandas organizadas. Su presencia en un centro penitenciario los convierte en fuentes de conflicto por el control del mercado negro que se genera.

Según la formación sindical, los trabajadores penitenciarios «dedican grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos». Hay que tener en cuenta, además, que se camuflan con facilidad por su diminuto tamaño y escapan a los detectores de metales por estar construidos con plásticos.

La inventiva de los presos para esconderlos y escapar a los controles es enorme por lo que es muy complicado encontrarlos. De esta forma, es necesario el registro en profundidad de los módulos. Todo esto requiere de personal con una formación especializada.

Y es que la manera en como estos terminales son introducidos en la cárcel es muy variada. Pero en los últimos años se ha detectado la utilización de drones para introducir smartphones de gran tamaño. Todo esto supone una «merma importante» de la seguridad de los establecimientos penitenciarios porque la presencia de elementos prohibidos perjudica el normal funcionamiento de una prisión en la que «debe primar una convivencia ordenada para cumplir con los objetivos de la reeducación y la reinserción».

El sindicato señala, en este sentido, que a nivel nacional existen 3.000 vacantes de personal penitenciario de los que 135 corresponden a la prisión valenciana.

Otra de las denuncias de Acaip es que la relación de puestos de trabajo en los centros no se corresponde con las necesidades reales por lo que es casi imposible que realicen todas las funciones encomendadas a cada uno de los empleados públicos penitenciarios.

Por todo ello, Acaip+UGT insisten en la necesidad de dotar de medios materiales y humanos suficientes para evitar su entrada en los centros y realizar el control en el interior. Ante ello, la formación sindical exige el funcionamiento de los inhibidores en las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías porque así se reduce la utilidad y se evita el comercio ilícito.

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