Dos altos cargos de Castor, a juicio por inyectar gas pese a saber que podía causar seísmos

castellón. Recaredo del Potro, expresidente de Escal UGS, empresa controlada por ACS que se adjudicó el proyecto Castor, y José Luis Martínez Dalmau, exconsejero delegado, serán juzgados por delito medioambiental en el caso sobre los movimientos sísmicos causados por el almacén de gas.

El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs que lleva la investigación y ha dictado el auto de procedimiento abreviado contra los dos antiguos directivos, ha archivado las diligencias para otros diez investigados, funcionarios del Estado.

El juez descarta que estos últimos incurrieran en un delito de prevaricación medioambiental durante la tramitación de los permisos para el funcionamiento del almacén de gas. En el auto, fechado ayer y notificado ya a las partes, el instructor señala que los dos exdirectivos acordaron empezar entre los días 2 y 5 de septiembre de 2013 la fase de inyección de gas en la planta, pese a que eran «conscientes de la potencial peligrosidad sísmica que su actividad podría acarrear».

El proyecto Castor consistía en la habilitación de un almacén subterráneo de gas natural aprovechando un antiguo pozo petrolífero situado a 1.750 metros bajo el nivel del mar, frente a la costa de Vinaròs.

La introducción de gas provocó el 5 de septiembre un aumento de la sismicidad del que el Observatorio Sísmico del Ebro alertó a la compañía y a sus responsables cuatro días más tarde.

«En ese momento, siendo plenamente conscientes y conocedores de la peligrosidad sísmica que su actividad estaba produciendo con peligro para el medio ambiente y las personas, continuaron inyectando gas hasta el día 11, retomando las inyecciones el día 11 a las 22:00 horas», precisa el juez. Y lo hicieron a partir de ese día y hasta el 13 de septiembre -añade en la resolución- «a un nivel muy superior al que inyectaron en fecha 5 a 8 de septiembre, y en fases anteriores».

Esa situación desencadenó una «gran serie de sismos en la zona» (hasta 519), que se prolongó hasta el 4 de octubre y ocasionó daños de consideración en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita.

El candidato de Més Compromís-Más País para las generales, Joan Baldoví, vinculó el conflicto en torno a Castor con la ampliación del Puerto de Valencia para defender la solicitud de un nuevo estudio de impacto ambiental previo: «¿Queremos lo mismo para el Puerto de Valencia? No queremos más chapuzas como las de Castor, que se hacen rápido y mal y que terminan en los tribunales», sentenció.