Amenaza de huelga en la Politécnica por la eliminación de una mejora salarial destinada a los docentes

El profesorado de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha elevado la presión en su campaña para recuperar el complemento de productividad variable, una mejora salarial de unos 1.200 euros anuales de media que perdió el año pasado al no autorizarse el pago por parte de la Generalitat.

Alrededor de un centenar de personas, entre docentes y estudiantes, han llegado a concentrarse a media mañana junto al rectorado para exigir una solución a un conflicto a tres bandas que implica a la Conselleria de Universidades y también al equipo de dirección de la institución académica, que al fin y al cabo no tiene la posibilidad legal de mover ficha, aunque disponga de fondos, sin el visto bueno de la administración.

Si no llega una salida satisfactoria que evite la pérdida de poder adquisitivo, no se descarta convocar una huelga docente o plantear un conflicto colectivo, tal y como informan desde el sindicato UGT, convocante de la protesta. Por su parte, el Stepv, que se ha sumado a la concentración, habla de la posibilidad de impulsar «paros indefinidos» además de nuevas movilizaciones en las próximas semanas.

En 2002 la Generalitat aprobó un decreto que regulaba la creación de una retribución adicional para el profesorado, opción que permite la normativa básica del Estado (la Ley Orgánica de Universidades) y que se basaba en la consecución de diferentes objetivos. En ese momento tanto la UPV como la Jaume I de Castellón ya aplicaban una mejora complementaria de este tipo, por lo que la regulación sirvió para darles cobertura y para que las otras tres universidades públicas pudieran implantarla en sus plantillas.

Anualmente la administración valenciana autoriza la realización de estos pagos de manera transitoria, una situación que se mantuvo sin cambios hasta el año pasado, cuando la Intervención de la Generalitat advirtió de que parte del dinero que pagaba la UPV no tenía amparo en la normativa autonómica.

Exactamente la retribución adicional incluía tres componentes: méritos, labores de gestión y productividad variable académica. Este último, explican fuentes de UGT, fue introducido por el rectorado en 2008, y al ser posterior al decreto de 2002, la Intervención le puso reparos. De alguna manera, cambiaba las condiciones marcadas por la normativa, lo que motivó que la conselleria no autorizara a la universidad a incluir esta mejora en el montante global del retribución adicional. El resultado, en la práctica, es que la pérdida de poder adquisitivo que llegó el año pasado se prolongará, si no hay remedio, un año más.

Desde la organización sindical apuntan a la regulación autonómica, en el sentido de que un cambio normativo daría cobertura al componente de la polémica. «Lo que pedimos a la conselleria es que se modifique el decreto para que dé amparo a las universidades para que en base a su autonomía puedan regular sus complementos retributivos propios», señalan, antes de recordar que a fecha de hoy las noticias son pesimistas, en el sentido de que en 2020 se mantendrá la misma situación que en el año anterior. Es decir, la conselleria sacará un decreto para permitir los pagos adicionales, pero sin incluir el componente de productividad.

«UGT está abierta al diálogo, a la propuesta y a la búsqueda consensuada de soluciones justas», añaden, antes de recordar que «el profesorado ha estado en primera línea durante todo el tiempo de pandemia y ha realizado un esfuerzo ingente para adaptar la docencia y la atención al alumnado en tiempo récord y en condiciones muy precarias».

Por su parte el Stepv habla de un «ambiente muy crispado» en el colectivo docente, y critica la «falta de voluntad» de la Generalitat y del rectorado. Además, recuerda que la conselleria «ha intensificado la presión este año retrasando la publicación de un decreto que, muy probablemente, impedirá el abono de retribución alguna por productividad, argumentando que la gestión de los responsables de la UPV no se ajusta a la normativa vigente». Así, estima que la retribución anual podría recortarse en un 15%.

En el comunicado enviado también aluden al esfuerzo realizado para adaptarse a la pandemia y recuerdan que los docentes universitarios tienen un salario medio «por debajo del personal funcionario de categorías similares», que cifran en unos 5.000 euros anuales menos que un trabajador de la administración de nivel similar (A1 22 E40).