Amnistía Internacional denuncia que la Generalitat vulneró derechos humanos en la gestión de la dana

Es más, el informe, que es elaborado a iniciativa propia de la entidad, según han destacado, añade que la gestión negligente constituye por tanto una violación del derecho a la información«, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que la obligación del Estado de salvaguardar vidas incluye la obligación de informar adecuadamente a la población sobre cualquier emergencia potencialmente mortal.

Continúan señalando que todo ello «en cumplimiento de los artículos 2 y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como de los artículos 6 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 3 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que amparan el derecho a la vida, a la seguridad o al derecho a emitir y recibir información». El informe añade que esta actuación también ha infringido las normativas estatal y autonómica de protección civil, que reconocen el derecho de las personas a ser protegidas en caso de catástrofes, y a ser informadas de los riesgos y de las medidas de seguridad a adoptar para hacerles frente.

«Las personas con las que hemos hablado coinciden en señalar la desprotección y el desamparo en el que se encontraron antes, durante y después de la dana. El Estado español, en sus distintos niveles, no cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, y por lo tanto es necesaria una rendición de cuentas, mediante investigaciones exhaustivas que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas, y que permita incorporar aprendizajes en un sistema de protección civil que debe ser revisado en profundidad», afirma Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional y autor del informe.

Los autores del informe recogen algunos testimonios de cómo la dana les afectó a ellos o a sus familiares. «La alarma me llegó al móvil cuando ya llevaba tiempo subido a un semáforo. Por momentos no sabía si iba aguantar, pensé que me había llegado la hora»: José Manuel, de Alfafar, que estuvo seis horas subido a un semáforo hasta que bajó el nivel del agua, perdió a su hermano, mientras intentaba ayudar a una mujer que estaba dentro de un coche.

Meri, también vecina de Catarroja, perdió a su padre Felipe. Los vecinos lo vieron subido a una valla, esperando un rescate que nunca llegó. Fueron los voluntarios quienes ayudaron a Meri a encontrar el cuerpo de su padre, diez días después. «Yo he sentido la soledad más absoluta en el peor momento. Es muy doloroso la pérdida de un padre, pero también es muy duro darte cuenta del sistema en el que vives».

Marta (nombre ficticio), de Picanya, también decidió ir a buscar a su padre ella misma con apoyo de su familia y de voluntarias, en vista de que no recibían otra ayuda y los teléfonos para denunciar desaparecidos tampoco funcionaban. Encontraron el cuerpo gracias a que, a través de las redes sociales, alguien localizó su coche. «Por la no toma de decisiones mi padre hoy está muerto», lamenta.

Siguiendo a la jueza de Catarroja que está investigando la gestión de la dana, Amnistía Internacional está convencida de que la responsable de n de la emergencia en la provincia de Valencia era de la Generalitat. Le correspondía adoptar las medidas necesarias para alertar a la población y garantizar su protección.

El informe también señala al Gobierno central por no ejercer la facultad que le reconoce la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para asumir la dirección de la emergencia. El Ministerio de Interior ha trasladado a la organización que solo puede ejercer esta facultad previa solicitud del gobierno autonómico, y que como esta solicitud no tuvo lugar, la Generalitat Valenciana era en todo momento responsable de la dirección de la emergencia. Amnistía Internacional considera que la ley otorga al gobierno central la posibilidad de actuar por iniciativa propia cuando la emergencia afecta a más de una comunidad autónoma, situación que sin duda se produjo el día de la dana.

Amnistía Internacional recuerda que la responsabilidad internacional del Estado con respecto a este tipo de emergencias es unitaria, es decir, no puede eludirse alegando su diseño institucional interno o su reparto competencial, y debe responder a la catástrofe de forma coordinada, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Finalmente, la emergencia ha evidenciado, según señala el informe, la necesidad de que los ayuntamientos implementen de forma efectiva el servicio de protección civil, con personal técnico y especializado. La organización se ha reunido con personal de algunos de los municipios más afectados por las inundaciones: Paiporta, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Picanya y Massanassa, que coinciden en afirmar que no dispusieron de información suficiente ni precisa sobre el desastre durante el 29 de octubre de 2024. Es decir, no solo fue tardío el envío del mensaje ES-Alert a la población, sino prácticamente inexistente el envío de información a los ayuntamientos por parte de las autoridades competentes en la dirección de la emergencia.

El informe también incide sobre la situación de los días posteriores a la dana. De esta forma, señala que la falta de coordinación entre los distintos niveles de la administración, con una asistencia que llegó de forma desigual, dependiendo muchas veces del voluntariado local o de la autoorganización ciudadana, contribuyó a una sensación de abandono que numerosas personas han trasladado a la organización.

En esta línea, han destacado que algunos responsables de ayuntamientos con los que ha hablado la organización así lo denuncian. Por ejemplo, Alfafar ha lamentado cómo, tras la emergencia, estuvieron tres días aislados y ha calificado la situación como una omisión del deber de socorro. Benetússer ha descrito la situación de caos, sintiendo abandono y descoordinación por parte de la administración estatal y, especialmente, por parte de la autonómica. Paiporta se ha quejado de los procesos burocráticos complicados para pedir ayuda a la Generalitat y de que desde el Puesto de Mando Avanzado (que gestiona y coordina la respuesta a la crisis, desde recursos humanos, materiales, vehículos, hasta incidencias) no hubiesen acudido al pueblo. También Catarroja ha manifestado su preocupación por la ausencia de indicaciones y directrices, y tanto Massanassa como Picanya han denunciado la falta de coordinación entre administraciones.

«La fase inicial de recuperación, además, no ha contado con un enfoque basado en derechos humanos, que habría garantizado que las personas afectadas pudieran participar de manera significativa en decisiones que impactan en sus vidas», señala Canales. Algunos testimonios así lo demuestran: Meri asegura que la falta de información también la sufrieron los días posteriores de la DANA: «No había nada de información. De hecho, nosotros buscábamos a mi padre con bolsas de basura en los pies. A partir del sexto día ya llegaron mensajes de »pónganse mascarillas y guantes«, cuando llevábamos ahí varios días todo el mundo arrastrado, con barro hasta arriba y sin agua... Una higiene nula y nadie decía nada».

El padre de Katrin, Carlos, residía en una de las viviendas de protección oficial para personas con movilidad reducida en Picanya, localizadas a unos 30 metros del barranco, pero la DANA destrozó su vivienda. A duras penas consiguió sobrevivir, poniéndose a salvo con la ayuda de un vecino. La mayoría de sus vecinos fallecieron. Tras ser rescatado, Carlos fue trasladado junto con otros supervivientes a una residencia, en la que se alojaron como «no residentes» (por lo tanto, sin los servicios médico-sociales de la misma) durante tres meses, hasta que fueron instalados en una vivienda.

Katrin explica que obtener información sobre la situación de la vivienda de su padre fue una tarea difícil, así como la gestión con el seguro. «Nadie sabía nada de lo que iba a pasar con nosotros, nos han llevado de aquí para allá...», explica Carlos. «Era como si no fueran dueños de sus vidas», añade su hija.