Ampas y sindicatos de la escuela pública presentan media docena de recursos judiciales contra el distrito único

Tal y como ha informado este martes la organización, en los próximos días se van a presentar entre cinco o seis recursos de lo contencioso administrativo por parte de diferentes entidades que la integran y que cuentan con capacidad jurídica. Además, se acompañarán de la petición de medidas cautelares, una estrategia que hasta la fecha también ha explotado Compromís, cuyo recurso ha sido admitido por el TSJCV aunque todavía no se ha pronunciado sobre la solicitud de la suspensión de la norma, que llegaría con la admisión de alumnos en proceso de resolución.

La plataforma está formada por sindicatos docentes (STEPV, UGT PV y CC. OO. PV), las tres federaciones provinciales de Ampas mayoritarias en la escuela pública (Fampa Valencia, Enric Valor de Alicante y Penyagolosa de Castellón), por asociaciones de alumnos de enseñanzas básicas y universitarias, organizaciones de directores de Primaria y Secundaria y por entidades como Escola Valenciana o Valencia Laica. La plataforma fue la impulsora de la huelga contra las políticas educativas desarrolladas por el PP y Vox que se convocó el 23 de mayo.

La organización considera necesario «suprimir todo lo relativo al distrito único al incumplir el criterio prioritario de la ley estatal (Lomloe) de puntuar y priorizar la proximidad al centro», así como eliminar aspectos que implican, a su juicio, situaciones de «discriminación», como la posibilidad de que los colegios establezcan un punto por una circunstancia específica, que podía coincidir con criterios prefijados por parte de la conselleria o ser de diseño propio.

En un comunicado se señala, por ejemplo, que la administración valenciana «ha querido favorecer situaciones familiares que no respetan el principio de acceso en condiciones de igualdad en la admisión», poniendo el foco especialmente en el que otorga el punto porque los padres trabajen (que en años anteriores se ha aplicado para acceder a guarderías municipales y facilitar la conciliación, y no tanto por la cuestión económica) o en el hecho de darlo si los niños, previamente, han estado matriculados en una guardería autorizada.

«Llevamos tiempo señalando que la supresión de zonas escolares beneficia la selección discriminatoria de estudiantes por parte de determinados centros educativos», defiende la organización, antes de alertar de que «no es bueno para la comunidad educativa en su conjunto ni tampoco para la educación pública, que acaba sufriendo los recortes».

En relación a los puntos de libre designación, cabe recordar que el Síndic de Greuges ha aceptado una queja de la confederación de Ampas Gonzalo Anaya (que integra a las tres federaciones citadas), que denunció el carácter excluyente de los diseñados por algunos centros, que finalmente fueron anulados por la conselleria tras un proceso de revisión. Sí ha mantenido, por contra, los prefijados, hacia los que apuntan los citados recursos.

Y respecto al decreto en sí, el Ministerio de Educación ha enviado al departamento autonómico una carta de colaboración advirtiendo de que hay aspectos que chocan con la normativa básica estatal. Si bien no han trascendido, más allá reclamar un tratamiento prioritario para víctimas de violencia de género (que en realidad tienen un acceso prioritario, sin baremación), el departamento ha defendido que no cuestiona el distrito único, idea que este martes reiteró el conseller José Antonio Rovira tras ser preguntado por la ofensiva judicial de la plataforma. El titular de Educación también defendió que el distrito único estaba incluido en el programa electoral del PP, y que habría sido «un engaño» no aplicarlo.