Antifraude alerta de fallos en la inspección de apartamentos ilegales en Valencia

Antifraude da un toque tanto al Ayuntamiento de Valencia como a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo sobre el control que efectúan sobre estos apartamentos turísticos. El informe hace referencia a dos casos concretos: dos pisos situados en un mismo edificio de la ciudad situado en el Ensanche en los que la Agencia detecta irregularidades. En el primero de ellos, los inspectores de la Agencia constatan un informe de compatibilidad urbanística «con indicios de presunta manipulación o falsificación». Este documento es el que debe constatar que las viviendas vacacionales cumplen con la normativa: es decir, que o bien están en un bajo, o en una planta ocupada toda ella por apartamentos y sin que en el piso de debajo haya ninguna vivienda residencial.

La otra vivienda examinada ni siquiera tenía informe de compatibilidad urbanística ni tampoco se había solicitado licencia para cambiar el uso del piso de vivienda a apartamento turístico. Dos irregularidades pese a las cuales seguía funcionando el establecimiento.

Además de dar parte de la resolución a la Fiscalía del expediente por si se pudieran derivar consecuencias penales sobre los responsables de los apartamentos, sobre todo de un posible delito de falsedad documental al hallar un papel oficial supuestamente manipulado, la Agencia hace recomendaciones al Ayuntamiento y a la Conselleria de Turismo. En primer lugar, al ente autonómico le insta a aumentar la «comprobación de las firmas electrónicas de los informes de compatibilidad urbanística». Es decir, un trámite encaminado a evitar posibles documentos fraudulentos.

Además, la Agencia señala a la Conselleria que debe dictar una circular con la que recordar al personal competente que se debe llevar a cabo esta comprobación.

Respecto al Ayuntamiento, la resolución insta a mejorar la coordinación con el departamento autonómico, notificando los expedientes que se abran contra los apartamentos ilegales. Además, la Agencia Antifraude pide al Consistorio que le mantenga informado de los pasos seguidos para proceder al cese de actividad de los dos apartamentos ilegales detectados en el Ensanche.

La expansión de los apartamentos turísticos en la ciudad ha desatado ya una oleada de inspecciones por parte del Ayuntamiento. En el último pleno ya se indicó que se iba a empezar la fase de comprobaciones en tres de los barrios con mayor presencia de viviendas vacacionales, Marítimo, Ciutat Vella y Zaidia.

Fue el pasado verano cuando la alcaldesa anunció un plan de choque contra los apartamentos ilegales después de constatar lo poco que se había hecho al respecto, en referencia al gobierno de Ribó. Desde entonces, el Consistorio ha recopilado todas las denuncias. En los últimos cuatro años, más de 400 inmuebles de este tipo señalados por los vecinos.

Según datos de la Policía Local, las denuncias han crecido un 23% en dos años. Desde 2021 hasta 2023 el número de denuncias realizadas a partir de las inspecciones ha ido aumentando de manera progresiva. Durante el año 2021 se pusieron 68 denuncias, 73 en el 2022 y 84 en el año pasado. En total son 225 las denuncias interpuestas a las viviendas de uso turístico.

En Ciutat Vella, con el corazón de la ciudad plagado de pisos turísticos, la cosa está en manos de la Justicia. El Tribunal Supremo tendrá que dictaminar sobre el veto del anterior gobierno municipal del Ayuntamiento de Valencia a los apartamentos turísticos en esta zona. Así será tras aceptar el máximo tribunal sendos recursos interpuestos por los vecinos y el propio Consistorio contra una sentencia del Tribunal Superior que tumbó la normativa.

La sentencia del TSJ anuló varias de las condiciones incluidas en el Plan de Especial Protección de Ciutat Vella (PEP) impuestas por el Consistorio para limitar el uso de apartamentos turísticos en Ciutat Vella, entre ellas la obligatoriedad de que el propietario del piso que se fuera a destinar al turismo estuviera empadronado en la vivienda; el máximo de 60 días para ponerlo en alquiler o la exigencia de que precisara el consentimiento previo de la comunidad de propietarios. La única medida que se mantuvo fue la de tener licencia de ocupación.

Tras recibir este primer varapalo a la decisión municipal, el anterior gobierno ya decidió que, dado que no se aceptaban las limitaciones temporales y la mayoría de los condicionantes, la solución fue no permitir en ningún caso la implantación de más apartamentos turísticos en fincas residenciales en Ciutat Vella.

Además, se determinó que no entrará en vigor la modalidad de viviendas de uso turístico, conocidas como V1, hasta que antes no entrara en vigor una ordenanza para controlarlo. Este es el texto que ahora la nueva corporación municipal quiere poner en marcha.