La anulación del convenio de Alarcón enfrenta a PSOE y Compromís

No es la primera vez que las dos formaciones evidencian distintas sensibilidades. Ya la reforma de la financiación autonómica mostró las diferencias entre los dos partidos políticos. Mientras que desde el Gobierno central se da largas, desde la coalición naranja se está intentando acelerar los plazos. Esta política ha permitido también exhibir disensiones en el seno del propio Consell donde el PSPV ha intentado enfriar las pretensiones de su socio de gobierno.

Las diferencias no sólo se evidencian en Madrid, también se pueden encontrar a nivel municipal. En el caso de Valencia han sido frecuentes en los últimos meses. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha vetado el proyecto de Ribó de crear un parque fluvial en la desembocadura del río Turia.

También la CHJ no ha hecho caso a las continuas reclamaciones del Ayuntamiento de Valencia para fijar un caudal fijo de 70 hectómetros cúbicos anuales con el objetivo de llevar agua a la Albufera.

Las desavenencias se han trasladado a otras cuestiones como los diferentes criterios mostrados por PSPV y Compromís ante proyectos como la instalación de un monolito dedicado al 15-M en la plaza del Ayuntamiento o los arcos chinos en la calle Pelayo.

Ahora estas diferencias vuelven a salir a la luz con la exclusión del convenio de Alarcón del borrador del Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027 que supone todo un ataque a los intereses de los regantes valencianos.

La consellera de Agricultura. Mireia Mollà, dio un paso al frente y advirtió ayer de la necesidad de que aparezca en la planificación «este derecho conveniado de reserva hídrica que tenemos los valencianos».

En este sentido, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aseguró ayer en la rueda de prensa tras el pleno del Consell que la Conselleria de Agricultura está trabajando en una serie de alegaciones al Plan de Júcar. Entre ellas se incluirán algunas dirigidas a que el ministerio incluya el convenio de Alarcón.

Este documento se firmó en julio de 2001 y a cambio de la cesión de la gestión del pantano los regantes consiguieron una reserva de agua que oscila entre los 263 y los 334 hectómetros cúbicos anuales. De esta forma, siempre que en la presa no se alcance este nivel no se permite enviar recursos, salvo para el abastecimiento humano, a otros usuarios que no sean los del Júcar en la provincia de Valencia.

El problema ha surgido cuando no hay suficientes recursos para abastecer a los regantes de otras comunidades por lo que el ministerio busca eliminar esta reserva pra tener manos libres.

Mollà explicó ayer que las comunidades de regantes «han cumplido hasta ahora con sus responsabilidades de gestión y es preceptivo blindar el pacto en el nuevo Plan Hidrológico como en los anteriores«. En cambio, no se puede decir lo mismo de las administraciones ya que todavía tienen pendientes de inversión cerca de cien millones para terminar la modernización de los regadíos, otra de las cláusulas incluidas en el convenio.

La consellera también señaló que «queremos pensar -en alusión a la no inclusión del acuerdo en el Plan del Júcar- que ha sido un olvido y por lo tanto fácilmente enmendable« y mostró su deseo de que »se resolverá sin ningún tipo de conflicto«.

Pero Mollà también lanzó un mensaje de advertencia al Ministerio para la Transición Ecológica y recordó que cuentan con el derecho de alegación «para lucharlo con todas las consecuencias», en una velada referencia a un conflicto legal entre la autonomía y el Estado.

Según fuentes de la conselleria, la dirección general del Agua prepara la propuesta de alegaciones en línea con las reivindicaciones de los regantes. En este sentido, ya se han puesto en contacto con las afectados.

Mientras, el ministerio y la CHJ guardan silencio sobre la exclusión del convenio. Ninguna de las dos entidades contestó ayer a las preguntas planteadas por este periódico para conocer cómo justifican la medida.