Ángel Luna: «Anunciar ayudas sociales a bombo y platillo frustra las expectativas»

Ángel Luna González (Madrid, 1952) se desvistió de su militancia socialista para formar parte de la Sindicatura de Greuges. Entró en 2014 como adjunto y desde el 28 de noviembre de 2019 es el Síndic Major tras la salida de Pepe Cholbi. Luna, de verbo afilado y letal, ha pasado de ser el azote del Consell de Camps en la tribuna de Les Corts -todavía resuena aquella piedra que lanzó al parqué del hemiciclo para escenificar su inocencia frente a las acusaciones del PP- a defender los derechos del pueblo valenciano.

Luna es letrado, exalcalde de Alicante y uno de las personas más lúcidas que ha pisado la política valenciana. Asegura que no le costó nada acostarse como político y levantarse al día siguiente como una de las piezas de la Sindicatura de Greuges, donde la imparcialidad es bandera obligada. Se tragó una de las épocas más ásperas del parlamentarismo valenciano y no ha disfrutado con cargo de las mieles de la victoria. Hubiera estado en las quinielas para ser conseller pero asegura que su puesto actual es el que más satisfacción le ha dado en su carrera política. La querencia del abogado. Luna tenía ese perfil de socialista que encaja poco con las nuevas políticas de Podemos y Compromís. Él era un político de la vieja escuela.

-Comencemos por el final. ¿Alguien hace caso de las recomendaciones del Síndic de Greuges?

-Sí, muchas administraciones sí. Otras, no tanto.

-¿No es mejor que sus recomendaciones fueran obligaciones para que no se quedaran en el olvido?

-No es posible. La institución del 'ombudsman' lleva desde el siglo XVIII en Suecia. Para que se pudiera obligar debería haber un procedimiento más formalista con un proceso de contradicción, con partes y pruebas. Lo nuestro es un procedimiento simple, al alcance de cualquiera y se trata de poner en aviso a la administración de cosas que se hacen mal. Al ser gratis sin abogado o procurador tiene la contrapartida de que es una recomendación. La fuerza de obligar está en el prestigio de la institución y en la amenaza que supone dar a conocer públicamente comportamientos irregulares.

-¿Con la pandemia del coronavirus han cambiado mucho el tipo de quejas presentadas?

-Hay bastantes reclamaciones que tienen que ver con prestaciones de carácter urgente que se enredan. También con la falta de asistencia sanitaria, la dificultad de acceder a los centros de salud y de colapsos en la administración. La pandemia ha venido a complicar actuaciones que ya eran complicadas.

-Hay una avalancha de prestaciones sociales y un tapón burocrático. ¿Al final la política no va acorde con la realidad?

-Se genera una frustración de expectivas. Cuando se anuncian a bombo y platillo ayudas sociales para situaciones de urgencia y luego se aplica el procedimiento administrativo ordinario se ve cómo se arrastra un retraso por falta de agilidad y capacidad en la administración. Aquí es donde se produce la frustración de expectivas que se ha generado en la gente con el anuncio de estas ayudas.

-¿Es mejor no prometer para no frustrar las expectivas?

-Hay que seguir varios pasos. Primero hay que evaluar muy bien la capacidad de la administración de dar respuesta; después, ser más cautos a la hora de prometer las ayudas y, por último, lo más importante es modificar los procedimientos para no meter al ciudadano en un laberinto. Nosotros hemos iniciado una línea de actuación para recordarle a la administración pública que no tiene por qué pedir a los ciudadanos documentos que ya están en su poder. Se me cae el alma a los pies al ver la cola en la puerta del Ayuntamiento de Alicante de gente que espera a recoger un certificado de empadronamiento. La propia administración pone al ciudadano en riesgo al hacer una simple cola por un documento que puede estar digitalizado.

-¿La renta valenciana de inclusión y el ingreso mínimo vital son el paradigma de esta situación de colapso?

-Son un buen ejemplo de ello. El ingreso mínimo vital y la renta valenciana de inclusión están muy bien pero la manera en que se ha puesto en marcha el ingreso mínimo, que ha obligado a la Generalitat a modificar vía decreto ley la renta valenciana de inclusión, ha generado un caos y un problema evidente para el ciudadano, Mientras no haya un acuerdo entre las dos administraciones (Gobierno y Generalitat) para gestionar los dos instrumentos, tendremos muchos problemas.

-¿Por qué las administraciones generan tantas trabas?

-Para eso no tengo explicación. No concibo que se haya puesto en marcha un ingreso mínimo vital sin que haya habido un acuerdo con las comunidades autónomas para hacerlo conjuntamente con las prestaciones de la misma naturaleza.

-Las residencias de mayores han sido el espacio más vulnerable en esta pandemia con cientos de fallecidos en los últimos meses. Pasan los años y el problema en estos centros se mantiene con escasas soluciones.

-Las residencias son una competencia de la comunidad autónoma y son de gestión pública o privada. La clave es que es necesario un nivel de inspección suficiente que garantice que las prestaciones a los ciudadanos se realizan en condiciones de legalidad. La de Altabix, por ejemplo, ha tenido muchas inspecciones pero se hacen y luego no tienen consecuencias contundentes. Y hemos realizado muchas recomendaciones sobre este centro. A mí lo que me importa es que el modelo funcione, sea público o privado.

-El último dato arroja que en la Comunitat Valenciana han fallecido en 2020 más de 5.000 dependientes sin recibir la prestación que les corresponde. ¿Cómo es posible que alguien tarde dos años en ser valorado?

-Lo decimos en cada resolución. El sistema descentraliza la valoración en los ayuntamientos pero realmente no descentraliza la decisión de la conselleria. Es un modelo que tiene muchos problemas desde 2017, cuando se aprobó el decreto. Aquí en Alicante, el 31 de diciembre van a despedir a 80 trabajadores del área de servicios sociales porque la conselleria subvenciona cada año la contratación de empleados pero el dinero no llega el 1 de enero. Se acaba el contrato y esperan a recibir la ayuda del año siguiente para empezar otra vez. Contratan gente nueva, están durante meses con los servicios sociales a menos rendimiento y el tiempo se pierde. Ahora, la conselleria ha puesto en marcha convenios plurianuales para solucionar esto pero no conozco que se haya firmado ninguno. No sé si es el mejor sistema pero es evidente que no funciona.

-¿Las políticas sociales son más efectistas que efectivas?

-Que se cumpla requiere de dos requisitos: primero, un procedimiento administrativo que sea simple y ágil para que funcione en un tiempo corto, y en segundo lugar, una dotación de personal suficiente para tramitar los expedientes. No se da ni una ni la otra.

-¿Y por qué no se da?

-El procedimiento es una cosa que hay que pensar. El retraso en la valoración de dependientes sigue estando ahí, los datos así lo confirman. Y en segundo lugar, la falta de personal cualificado es un problema evidente de presupuesto.

-Cambio de tercio. Usted pide que el uso de la lengua no se utilice como arma arrojadiza.

-La lengua ha sido bandera de confrontación política durante mucho tiempo. Desde que soy Síndic, las quejas de oficio se hacen en bilingüe y cada vez que iniciamos un expediente ponemos un párrafo en el que decimos la lengua que se debe utilizar a petición del ciudadano. Rogamos que la administración nos envíe la documentación en la lengua con la que se ha iniciado el expediente. Hay un porcentaje elevadísimo que lo respeta. Otras, se niegan. El artículo 9 del Estatuto es muy claro, punto y final. Pero las quejas por razones lingüísticas no tienen mucho peso en el total, a veces parecen más una campaña.

-¿Cómo Síndic le preocupa esta generación de jóvenes que ha crecido entre dos crisis?

-Sí, claro que me preocupa. Y por eso hemos abierto una queja para que la administración se dé cuenta, por ejemplo, que hay una brecha social en la formación telemática. Todo el mundo no tiene internet. Desde esta casa se pueden hacer cosas puntuales pero globales es difícil.

-¿La nueva ley educativa, la ley Celáa, augura una avalancha de quejas al Síndic?

-Es difícil de vaticinar si va a producir una avalancha de quejas pero la experiencia nos dice que suelen llegar, como pasó con el plurilingüismo, porque son campañas pero enseguida hay alguien que judicializa el problema. En ese momento, damos un paso atrás.

-Ocho leyes educativas en democracia.

-Es incomprensible y lamentable para el país que no haya un consenso básico que permita tener una ley educativa que perdure en el tiempo y permita establecer un sistema con horizonte.

-¿Le gusta la nueva ley?

-Algunas cosas sí y otras no, como en todo.

-¿Y qué no le gusta?

-No le voy a contestar, está en tramitación. Pero todo lo que sea llegar al mayor consenso posible sería bueno.

-Está pendiente la reforma de la ley de la Sindicatura de Greuges. ¿Le molesta que digan que la institución es un nido de enchufismo?

-Sí, me molesta porque no es el objetivo de la ley. La norma es de 1988 e hija de la Ley del Defensor del Pueblo de 1981, como todas las leyes de defensorías del pueblo de primera generación. Y todas tenían el mismo mecanismo de provisión de puestos de trabajo. Con la reforma de los Estatutos, la nuestra fue en 2006, hubo en paralelo una reforma de las leyes de los defensores. Se modificaron todas menos la nuestra. La ley está desfasada en la forma de tramitación de los expedientes y yo he reclamado la reforma de la ley. Eso es lo fundamental.

-¿Tienen alergia las instituciones a la transparencia?

-Desde el alcalde hasta el último de los concejales, por ejemplo, tienen derecho a tener la misma información. Luego ya está la obligación de respetarla. Quejas sobre la falta de transparencia recibimos de todos los colores políticos y es un verdadero problema. La pandemia ha paralizado el plan de llevar a Fiscalía a quien no proporcione información pero lo haremos.