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Siete enlaces nuevos y tres acondicionamientos de conexiones, en total, diez actuaciones para mejorar la conexión de la AP-7 con los municipios de la Comunitat y evitar los problemas de congestión y sinestralidad de las carreteras utilizadas como alternativa por los conductores, la N-322 y la N-340. Es la petición que ha realizado hoy la Conselleria de Obras Públicas al Ministerio de Fomento tras la anunciada liberalización de la concesión el 31 de diciembre de 2019, por lo que los 367 kilómetros de la autopista pasarán a ser gratuitos.
La petición, que ya está sobre la mesa del ministro José Luis Ábalos y se abordará en una comisión específica entre las dos administraciones, supondría una inversión de unos 220 millones, según ha explicado el director general de Obras Públicas, Carlos Domingo, que también ha recordado que actualmente ya existen 18 conexiones y que no se quiere «perder la alta calidad« de esta carretera »llenando todo de enlaces«. Además, según el informe realizado por la conselleria, la liberalización del peaje »supondrá un reporte racional de los tráficos y no la congestión«.
Se trata de actuaciones en Vinaròs, Benicàssim, Vila-real (donde se plantea un nuevo enlace y la mejora de la N-340), Alzira, La Safor (tramo Gandia-Oliva y el nuevo enlace con la CV-60), la Marina Alta (mejora d ela N-332 entre Ondara y Gata de Gorgos) y Altea (nuevo acceso y conexión con la CV-760). Estas acciones, además, evitarían la construcción de las variantes que se proyectaron hace años y que todavía no se han desarrollado.
La consellera María José Salvador ha añadido que no existe un «horizonte temporal en los presupuestos» para la ejecución de estas conexiones y que no estará todo ejecutado cuando se liberalice, a principios de 2020, «porque no ha habido una planificación» por parte del Gobierno central. No obstante, ha resaltado que el documento consensuado con los municipios afectados es el punto de partida que se quiere negociar con Fomento. Además, ha recordado que hay actuaciones que ya cuentan con dotación en los Presupuestos del Estado de 2018, «por lo que hay que pedir su ejecución».
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