Sin apoyo para los alumnos con necesidades especiales desde el inicio de curso en la Comunitat

Burguera .

Valencia

Miércoles, 17 de noviembre 2021, 15:40 | Actualizado 15:48h.

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Pasa en Sueca, en Alfafar, en Aldaia, en Torrent, en Valencia, en Canet... faltan educadores de apoyo para atender las necesidades de alumnos en numerosos centros escolares de la Comunitat. Las plazas no se cubren, en algunos casos desde el inicio de curso. Esa carencia de personal, según fuentes de la dirección de uno de los colegios afectados, tensiona la actividad de los profesores, que deben hacerse cargo de suplir la falta de asistencia, lo que va en detrimento del buen funcionamiento de las clases. Es un problema que denuncian los padres, los sindicatos, los propios centros escolares y que afecta, directamente, tanto a los alumnos que precisan de ese apoyo como al resto de sus compañeros.

«Pedimos la sustitución del educador antes del verano y aún estamos esperando», admite la directora de uno de estos centros. Asegura que la falta de profesorado se suple «generalmente en menos de una semana», pero la ausencia de los educadores para atender al alumnado de necesidades especiales se prolonga desde el inicio de curso, hace ya dos meses y medio. Como hay niños que no pueden ir solos al baño, precisan cambios de pañales, sufren algún tipo de dependencia, necesitan ayuda para comer, deben recibir una atención específica en el transporte escolar, o incluso deben ser tutelados durante, por ejemplo, las actividades vinculadas a las clases de educación física, la ausencia de esos educadores obliga a que los profesores realicen esa labor. No se pueden multiplicar, por lo que la atención del resto del alumnado también se resiente. La falta de educadores obedece al modo en que se asigna el personal, que no depende de la Conselleria de Educación, sino de Función Pública, que asigna a los trabajadores en tandas distintas a Educación. Fuentes sindicales confirman que se trata de un problema cronificado que se inició una vez se aprobó en 2018 el decreto de inclusión que no se aplica con fluidez por las disfunciones administrativas. Al final, lo pagan los alumnos, tanto los que necesitan ese apoyo como los que no, una situación no específica ni puntual, sino extendida por colegios de toda la Comunitat.