El Aquarius sigue a la deriva

Tres años después de que el Aquarius amarrara en el puerto de Valencia y de sus entrañas salieran 629 inmigrantes, la inmensa mayoría todavía se encuentra en una situación como mínimo de irregularidad. De los más de 500 que decidieron quedarse en España, 374 optaron por reclamar el estatus de refugiado político. El mes pasado cinco de ellos se unieron a los nueve que ya habían recibido el visto bueno. Con ello se elevaban a 71 los expedientes resueltos, con la solicitud denegada en 57 de ellos.

La Asociación Aquarius Supervivientes 2018, la organización que reúne a los inmigrantes que llegaron en ese barco un 17 de junio de hace tres años, ha convocado para este domingo a medio día una concentración en la plaza de Patraix en la que reclamarán su regularización en España. Contarán con el apoyo de diversas organizaciones.

«Es muy incongruente que se estén recortando los plazos (en la resolución de peticiones de asilo político internacional) y se están resolviendo más rápido, y en cambio, algunas de las solicitudes que se realizaron hace años continúa en trámite«, apunta Jaume Durá, coordinador del servicio jurídico de la Comissió d'Ajuda al Refugiat (CEAR).

Durá asegura que dado que todas aquellas personas del Aquarius «venían huyendo de Libia donde habían recibido tratos inhumanos, degradantes, torturas, explotación laboral y sexual, entendíamos que por ese motivo y, sobre todo, porque se les trasladaba a las costas españolas de una forma regularizada, ordenada, organizada por parte del Estado español, se les podía dar algún tipo de protección. En la ley está esta posibilidad«.

En contra de ofrecer una solución global, el Gobierno optó por acometer caso por caso. Y aún quedan más de 300 expedientes por resolver. «Las personas a las que se les ha denegado se quedan en una situación irregular. Nosotros tenemos que ir caso a caso haciendo recursos de reposición, contenciosos. En una situación irregular son susceptibles de que les abran un procedimiento sancionador, les cojan en un centro de internamiento y sean expulsadas», defiende este responsable del CEAR en Valencia.

El año pasado el Gobierno aprobó sólo una de cada 20 solicitudes de asilo presentadas. Una cifra que criticaron tanto Durá como la coordinadora en la Comunitat Valenciana del CEAR, Mercedes Ena, puesto que la media europea es de un 33% mientras que la española es de un 5% a la hora de conceder el asilo político.

La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía española en la más inmigrantes piden asilo político, 9.060, por detrás de Madrid, 33.871, y Cataluña, casi 10.000.

Joel no quiere que se publique su apellido. «No quiero perjudicar a mi familia», confiesa. Los suyos siguen en Nicaragua. Él era estudiante de medicina y activista pro derechos humanos. Al régimen sandinista, de izquierdas, no lo gustan los defensores de los derechos humanos, y menos cuando organizan protestas públicas contra su gestión. Y en 2018 persiguió a los jóvenes que se manifestaron en defensa de los derechos humanos. A Joel lo persiguieron y «salí huyendo, me sacaron de Nicaragua y entre en Honduras por un punto ciego». Tras un periplo de ocho meses saltando de país en país, con la ayuda de familiares logró volar a España. «Mi novia y yo llegamos a España en noviembre de 2018 y pasamos 11 meses sin documentos». Vino buscando la libertad que no encontró en su país. No se plantea retomar los estudios de medicina en Valencia porque «me tendrían que dar una beca, pero eso es muy complicado».