El Gobierno se olvida del Aquarius

Han pasado dos años y medio desde que los 629 inmigrantes del Aquariuis tocaron tierras valencianas con la esperanza de un futuro mejor. Pero ese horizonte se desdibuja hoy en la incertidumbre, más si cabe con la pandemia y su estela de crisis económica. Su tiempo de acogida estatal ya finalizó y ahora quedan a su suerte, esperando una respuesta protectora del mismo Gobierno que les invitó a venir.

El Mediterráneo vuelve a ser esta semana escenario de dramas a las puertas de la Comunitat: dos fallecidos en viajes en patera hacia nuestra costa, cuatro polizones muertos en el puerto en un año en el que casi un millar de inmigrantes se han jugado la vida en el mar para alcanzar el litoral.

Pero ¿qué fue de aquellos cuya esperanza viajó en el Aquarius? La condición de refugiado a la que aspira la mayoría se resiste. Según fuentes de Interior, de los 629 inmigrantes que desembarcaron en Valencia en junio de 2018, 78 decidieron tramitar su solicitud de asilo en Francia. Finalmente se trasladó al país vecino un amplio grupo, la mayoría de Sudán.

De las 551 personas restantes, 374 formalizaron su solicitud de protección internacional en nuestro país. De ellas, 9 peticiones han sido archivadas y a 49 inmigrantes se les ha denegado. Únicamente se han concedido nueve reconocimientos del estatuto de refugiado. La mayoría sigue a la espera dos años y medio después.

Jaume Durà es el responsable jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Valencia. La lentitud del Gobierno a la hora de decidir las concesiones de protección responde, a su entender, a que se están estudiando los casos «uno a uno en lugar de colectivamente», lo que la organización comprendía como solución más adecuada para los inmigrantes.

«Nosotros pedíamos que se valorara que huyeron de Libia ante experiencias de violencia», ahonda Durà. «Todos describían palizas, amenazas o violaciones y eso les hacía merecedores de una protección con carácter general, pero el Gobierno no lo ha planteado así». Según CEAR, resulta incoherente. «Si España ofreció puerto seguro estaba dando a entender que iba a poder proteger a estas personas», sentencia Durà.

Consultamos a Interior qué ha sido de esos 49 a los que ya se les ha denegado el asilo. Ahí ya no hay registros o datos centralizados. Según Durà, «no tenemos conocimiento de expulsiones, de momento, y en todas las denegaciones de protección hay recursos presentados ante la Audiencia Nacional». Pero mientras, esos 49 entran ya en la temida situación irregular.

A nivel asistencial, todos están ya sin el paraguas del sistema de acogida, de 18 meses de duración. Hoy cada uno se busca la vida y suelen subsistir con empleos temporales, habitando en pisos de alquiler compartidos. Su asociación, Aquarius Supervivientes 2018, cuenta con más de 100 miembros, de los que la mitad habita en la Comunitat. Los que siguen en la región están dispersos por Valencia, Castellón, Elche, Benidorm o Burriana.

Y la crisis por la pandemia pone las cosas aún más complicadas. Bien lo sabe Jamui Shaibu, un viajero del Aquarius de 21 años procedente de Ghana. «Mi contrato en la obra acabó una semana y ahora estoy sin ingresos». Vive en un piso alquilado entre cuatro compañeros. Él es uno de los que vive en la cuerda floja, con la esperanza de que el Gobierno lo reconozca como refugiado.