La Audiencia de Castellón ordena reabrir la investigación por el derrumbe del edificio de Peñíscola en el que murieron dos personas

La Audiencia entiende que el juzgado instructor ha de practicar algunas diligencias solicitadas por las partes porque son «útiles y pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos».

El auto apunta que, tras examinar el informe de los técnicos de la Agencia Valenciana de Seguridad, del mismo se desprende «la existencia de indicios de criminalidad en cuanto que los materiales utilizados en los muros de carga no fueron los indicados en el proyecto, y que la agravación de las deficiencias pudieron ser debidas a las humedades, lo que pudo tener incidencia en la planeación del edificio y su posterior mantenimiento. Se solicitó contrastar dicho informe con otro informe pericial para determinar si la humedad es un factor persistente en la zona, pues de ser así, debería haber sido previsto en el proyecto de construcción y materiales a emplear. Dicha diligencia no fue practicada por el juez instructor».

De la misma forma, continúa detallando el auto, no fueron solicitadas las diligencias solicitadas el 12 de enero de 2022 en las que se solicitaba al arquitecto director de un informe que ratificara sus puntos y para poder efectuarle las preguntas pertinentes «en relación con su leal saber y entender de la causa del colapso del edificio, a saber, si pudo ser debido a una mala praxis constructiva (…) o si se debería haber realizado mejor o más adecuadamente la construcción del muro M4 así como para que aclarara si el fallo pudo obedecer a un fallo en el proyecto o de diseño o de ejecución o si ha podido ser por defectos de materiales o en la forma de construir».

Considera la sala que el hecho de que no se practiquen estas pruebas «vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, pues se trata de diligencias, tales como solicitar de los arquitectos mencionados su comparecencia a los efectos de poder formular las preguntas y aclaraciones que consideren pertinentes en relación a su informe, que no pueden ser denegadas».

No obstante, la Audiencia entiende que es «prematura» también la solicitud de los apelantes para que declaren como investigados los arquitectos, los aparejadores y responsables de la empresas promotora y constructora del edificio siniestrado.

«Han sido tres años dándome cabezazos contra la pared pero al final hemos conseguido lo que creíamos era justo». Braulio Castillo es el abogado de las dos personas que peor lo pasaron a raíz del derrumbe de Peñíscola: Bienvenido (quien perdió a su pareja y a su hijo) y Vicente (quien, además de resultar herido y tener algunas secuelas, perdió a su madre y a su hermanastro).

Minutos antes de entrar en un juicio recibió la noticia y señaló que Vicente, uno de sus clientes, «estaba superemocionado. Lo veía todo negro y ahora ve un poco de luz en este caso que consideraba injusto». Cabe recordar que Vicente, entre sollozos en el lugar de los hechos, lamentaba hace un mes que todo lo ocurrido no fuera a tener consecuencia alguna.

Su letrado le ha manifestado que, aunque se trata de una buena noticia, hay que ser prudente y esperar a lo que pueda decidir la jueza después de la declaración del arquitecto que, previsiblemente, tendrá lugar en el plazo aproximado de un mes.

Aunque lógicamente la decisión final sobre el archivo o la reapertura de la causa será de la jueza, ahora, tras la citación, Castillo confía en que el caso se pueda reabrir y acabe con la responsabilidad de alguien: «Lo que ocurrió no puede quedar impune. El muro de carga estaba mal hecho. Ahora hay que determinar quién es el responsable».