La ausencia de Sánchez marca a los valencianos

Pedro Sánchez lo ha intentado, es justo decirlo. Ha venido a Valencia en tres ocasiones, la última la pasada semana. En la primera hubo buena sintonía, con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, agradeciéndole su visita, pero todo se agrió tras la rueda de prensa del día 2. En Paiporta, el fin de semana de después de la tragedia, se le recibió con una hostilidad casi inédita por parte de unos vecinos que vivían en un abandono casi absoluto. Ese enfado se condensó en una ira desaforada que pilló por sorpresa a las fuerzas de seguridad. Los Reyes de España se quedaron, también Mazón, siempre muy cerca de Felipe VI, pero Pedro Sánchez se retiró, afectado, cuando fue recibido literalmente a palazos. A Sánchez también se le echa en cara que no acudiera al funeral de Estado, con la excusa de que el presidente del Gobierno no puede acudir a un acto religioso en un Estado aconfesional. No sería mala explicación... si no fuera porque el Rey, jefe de ese mismo Estado, sí vino.

Su silencio es similar al del presidente de la Confederación HIdrográfica del Júcar, Miguel Polo, que llegó a salir por una puerta de atrás en la reunión con el vicepresidente Gan Pampols para esquivar a este diario, y que no ha acudido a la comisión de investigación del Ayuntamiento de Valencia, donde su presencia fue reclamada. Al rescate de Sánchez han acudido dos personas. Primero, la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, que prácticamente no ha tenido un día libre desde el 29 de octubre. Ha pisado todo los pueblos y ha dado la cara por el Gobierno incluso en entornos hostiles como Massanassa en el día en el que un operario falleció al caerle encima la cubierta de un colegio afectado por la tragedia. Su papel fue recompensado con una mejora de la opinión pública y, sobre todo, con un cargo en la Ejecutiva del PSOE a nivel nacional.

El segundo, e insospechado, escudo de Sánchez ha sido Óscar Puente. El ministro de Transportes se puso manos a la obra desde el primer momento para limpiar las carreteras e, incluso, su ministerio ha coordinado la reparación de vías que no son competencia estatal. Particularmente celebradas fueron actuaciones como la limpieza de un túnel en Alfafar porque se lo dijeron por la red social X y, sobre todo, la reparación de la A-7 en el cruce por el barranco del Poyo, donde la fuerza del agua se llevó la carretera, que desapareció. En un tiempo récord se ha puesto en marcha de nuevo esta vía, capital para el Corredor Mediterráneo y la conexión norte-sur por el este. También ha sido rápido el ministro en poner en marcha las líneas afectadas de Cercanías y de Media y Larga Distancia, así como el AVE. Además de Puente, ministros como Grande-Marlaska (Interior), Torres (Política Territorial) y Robles (Defensa) se han dejado caer mucho por Valencia, aunque no siempre de forma afortunada, como en el caso de la ministra, que se enfrentó a unos vecinos en Paiporta cuando le reclamaron que su sótano seguía sin vaciar.

Su actitud en aquel enfrentamiento (que más tarde ella dijo que fue culpa de un vídeo manipulado) contrasta con la actitud de las Fuerzas Armadas. Después de un primer despliegue cuanto menos tímido más allá de la UME, que estuvo desde el primer día al pie del cañón, un total de 25.000 militares han participado en la operación. Se han movilizado 22 psicólogos y 2 psiquiatras. El número total acumulado que ha participado hasta la fecha en la operación asciende a 17.404. Se han realizado 10.690 intervenciones en las que han participado más de 2.000 medios en apoyo a la operación, entre los que se encuentran, helicópteros, máquinas de ingenieros, vehículos de intervención y transporte, drones, y ambulancias. Se ha completado la limpieza de los 277 garajes asignados. Se continúan los trabajos de achique de agua y lodos, vaciado de puntos de acopio locales de vehículos y enseres, acondicionamiento y limpieza viales, según los datos oficiales del Gobierno.

Este despliegue llegó después de que la Generalitat cursara la oportuna petición, lo que hizo el presidente Mazón el 2 de noviembre, después de la famosa rueda de prensa del presidente Sánchez. Y es que uno de los principales caballos de batalla de toda la cuestión ha sido el ya famoso nivel de emergencia. La Generalitat decretó un nivel de emergencia 2. Según la ley, quien la gestiona en este caso es la administración autonómica, que cuenta con muchos menos recursos que la estatal. Para empezar, no tiene Ejército. Cuesta pensar en una catástrofe natural que amerite la declaración de nivel 3, según el cual el Gobierno habría pasado a gestionarlo todo. Miles de personas afectadas, dos comunidades autónomas distintas, la tercera mayor área metropolitana de España prácticamente destruida... Cuesta, insistimos, pensar en qué habría pasado si la tragedia la hubieran sufrido los vecinos de Alcalá de Henares o de Sant Cugat del Vallès. Pero más allá de cuestiones más que válidas sobre el autogobierno o la operatividad de gestionar una tragedia de estas características desde más de 320 kilómetros de distancia, lo cierto es que los vecinos de la zona cero nunca entendieron por qué el Gobierno no asumió la gestión. El Consell se defendió y aseguró que el Gobierno podía haberlo hecho, mientras que desde Madrid decían que tenía que pedirlo el Palau. Uno por otros, el lodo sin barrer. La ayuda llegó tarde, tanto que en varios municipios la desafección política es tal que los expertos auguran bajas participaciones en las próximas elecciones.