Los auxiliares de inglés llegan a los colegios públicos valencianos mientras los concertados siguen a la espera

No sucede lo mismo en los colegios concertados, que tienen las mismas obligaciones en materia plurilingüe que los de titularidad de la Generalitat. Y es que la subvención que servirá para sufragar parte del coste de este recurso sigue en fase de tramitación, tal y como explican fuentes del departamento, por lo que todavía no se puede estimar cuándo podrían incorporarse.

En cualquier caso, tardarán varios meses, teniendo en cuenta que una vez se publiquen las bases, que recogerán los requisitos y los criterios de reparto para que los centros puedan acogerse a la ayuda, será necesario resolver la convocatoria, que deberá cumplir determinados plazos. A diferencia de los públicos, son las entidades titulares las que se encargan de su selección aunque una parte del coste lo aporte la administración.

Las únicas certezas sobre este proyecto es que hay dinero para sacarlo adelante: 1,5 millones de euros que se reservaron en los presupuestos de 2024 para facilitar su contratación. También que la orden de bases pasó por la fase de participación ciudadana, pero sin más detalle.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, se ha barajado la opción de que sean los centros los que adelanten el gasto para contratarlos, que se les abonaría con posterioridad, una vez resuelta la convocatoria, o que la administración sufrague una parte del curso (el primer trimestre), quedando los dos restantes bajo responsabilidad de los centros. En cualquier caso, habrá que esperar a la publicación de las bases para saber cómo se organiza el procedimiento.

La reserva presupuestaria fue una respuesta del equipo de José Antonio Rovira a una demanda histórica de la concertada, muy crítica con este trato desigual que empezó a producirse durante la primera legislatura del Botánico. Y también a la sentencia judicial derivada de un recurso de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), que impugnó una de las primeras convocatorias de los anteriores gestores, fallando la sala que no había lugar para propiciar un trato discriminatorio entre los centros sostenidos con fondos públicos.

La asignación de auxiliares para los colegios públicos se basa en una convocatoria anual del ministerio. Hasta 2016 la administración autonómica incluía a las escuelas concertadas en el programa, aunque la conselleria cambió el ámbito de aplicación tras ser advertida por el departamento estatal, pues se dirigía únicamente a la red pública. Al ejercicio siguiente Educación consiguió que se ampliara el número de auxiliares para la Comunitat para cubrir todos los colegios públicos de Primaria, asumiendo la financiación de la dotación extra. Pero no hubo opción para la concertada, aunque se recordó a la administración que otras regiones optaron por alternativas, como convenios con entidades extranjeras o programas específicos para facilitar este recurso. Esta última fue la salida que eligió el actual Consell.

Los auxiliares no son docentes, pues sólo acompañan a los maestros titulares. De hecho, no tiene un salario como tal, aunque se les dota de una ayuda de mil euros mensuales para sufragar gastos, especialmente el alojamiento. Tienen un horario semanal de 16 horas, de las que al menos trece son de atención directa a los alumnos. Empezaron a trabajar el día 1 y acabarán el 31 de mayo de 2025.

El sindicato FSIE, mayoritario entre el profesorado de la enseñanza concertada y que siempre ha criticado la diferencia de trato, ha denunciado en este sentido que la dotación prevista para la red sólo llegará al 12% cuando acoge al 27% del alumnado, por lo que reclama que se corrija esta descompensación. «Pedimos que la asignación sea proporcional en las dos ramas que configuran la red de centros sostenidos con fondos públicos», explica Vicente Cabanes, secretario autonómico de la organización, en referencia tanto a los de la Generalitat como a los de iniciativa social que perciben el concierto. «Es verdad que los presupuestos de 2024 ya no se pueden corregir, pero sí se puede actuar de cara a los de 2025, que están en elaboración», sentencia.

Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de la patronal Escuelas Católicas, recuerda que algunos centros disponen de auxiliares que sufragan por sus propios medios, pero defiende una fórmula «que permita concurrir a todos en igualdad de condiciones». A su juicio, que siga sin existir esta opción «no es tanto una discriminación hacia los centros sino hacia una población escolar cuyas familias, en libertad, han elegido este modelo educativo».