Avalancha de recursos contra el decreto estrella de Igualdad

El nuevo decreto que regulará los centros y servicios sociales en la Comunitat le ha estallado en las manos a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a 48 horas de las elecciones autonómicas. La premura con la que se ha elaborado y aprobado la norma, con la idea de que estuviera lista antes de los comicios, parece que se puede volver en contra del departamento liderado por Aitana Mas, ante el aluvión de colectivos que han activado recursos judiciales para paralizar la norma estrella del área controlada por Compromís. En total son ya 14 las entidades que han acudido a los tribunales para tratar de frenar una normativa que, como auguran los afectados, disparará los precios de los centros y servicios que se prestan a los usuarios.

En concreto, ocho asociaciones de familiares de Alzheimer (Xixona, Valencia, Miguel Hernández de Cox, Ibi, Alzira, Alicante, Alcoi y Novelda), el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) y la Asociación Empresarial Valenciana de Servicios a la Dependencia (Avadese) han presentado en plazo y forma el anuncio de recurso contra el decreto 27/2023, del Consell, por el que se regulan la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales, y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

En los distintos escritos, los afectados han solicitado la suspensión cautelar del decreto hasta que pueda pronunciarse el Tribunal sobre el fondo de la cuestión para evitar que haya personas que tengan que abandonar el recurso en el que están siendo atendidas o que no puedan acceder por primera vez al mismo, por no poder cubrir el coste de la plaza con los nuevos requisitos exigidos.

Como llevan varios meses advirtiendo desde el sector, la aplicación del nuevo decreto supone un encarecimiento de 540 euros por plaza de residencia de mayores, 550 para un centro terapéutico de Alzheimer y hasta 1.600 para una vivienda tutelada para enfermos mentales; sobrecostes a los que tendrán que hacer frente los propios usuarios si los afectados no logran frenar la norma.

«Hay aspectos del decreto que deben entrar en vigor en el plazo de un año, por ejemplo, el incremento de personal en centros de día de mayores o en residencias de salud mental, y lo más probable es que no haya sentencia antes de ese plazo. Las personas que se vean afectadas, teniendo que prescindir de la atención que reciben, no podrán ser compensadas posteriormente porque no se trata de una cuestión compensable económicamente, por eso hemos pedido la suspensión de la norma», ha explicado el presidente de Aerte, José María Toro.

Desde Aerte, principal impulsor del pulso que mantienen los afectados con la conselleria, han venido reclamando a la Administración que el nuevo decreto viniera acompañado de una financiación que no supusiera ni un solo euro para las personas atendidas, pero la memoria económica no lo garantizaba como pusieron de manifiesto, en sus respectivos dictámenes, el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana y el Consell Jurídic Consultiu. Este último solicitó a la conselleria un informe de la incidencia económica que tendría la aplicación del decreto en los usuarios, pero entre los documentos colgados en la web del departamento «no se encuentra disponible, por lo que se desconoce su contenido», lamentan desde la entidad.

«En los estudios hechos por Aerte, el incremento de los costes por los nuevos servicios no se veía cubierto en su totalidad por un aumento de las ayudas lo que supone un aumento del copago, llegando en el caso de las residencias de salud mental a 840 euros mensuales sólo en coste de personal, lo que es inasumible para la gran mayoría de familias», agrega Toro.

En los últimos meses se han venido expresando en distintos foros opiniones de entidades del sector en contra de determinados aspectos del decreto. En la jornada celebrada en Valencia el pasado 28 de marzo, la doctora Sacramento Pinazo, presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología (SVGG), explicó que la citada sociedad no había participado en ningún momento en el proceso de elaboración de la norma. Santiago Llopis, presidente de la Federació Valenciana d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer (Fevafa), destacó que no se habían recogido centros específicos para personas con Alzheimer tal y como reclamaban las propias familias. Esteban Burillo, presidente de Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunitat Valenciana (Apime), indicaba que en los nuevos centros de menores había más metros cuadrados destinados a las plantillas que a las personas usuarias y que estaba enfocado desde un punto de vista adultocéntrico. Y Montse Rams, presidenta de Asociación Coordinadora de Recursos de Atención a Personas con Diversidad Funcional Intelectual (Copava), se lamentaba de que, a pesar de todo el trabajo hecho y las aportaciones realizadas, no se había escuchado nada por parte de la conselleria.

En la mesa celebrada tras la asamblea de Aerte el pasado 26 de abril, Aitor Pérez, socio de Gerokon, planteó la falta de presupuesto para poner en marcha el nuevo decreto; Estela Darocas, alcaldesa de Navarrés, pidió más financiación para las entidades locales para la adaptación a los nuevos requisitos; Fernando Moner, presidente de Avacu, valoró adecuadamente el cambio de normativa pero insistió en la necesidad de consensuarla; mientras que Enrique Castillejo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España y del Colegio de la Comunidad Valenciana, criticó la exclusión de estos profesionales en el nuevo modelo de atención.

A esto se suman declaraciones llevadas a cabo por Francisco Bellver, vicepresidente de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana, en la asamblea de Aerte del año pasado en la que se quejaba de no haber participado en el proceso consultivo o las más recientes del Colegio Oficial de Fisioterapia en contra del criterio seguido por la conselleria en la regulación de centros de diversidad funcional. La recién creada Plataforma Neurodegenerativas de la Comunidad Valenciana indicaba esta semana que la viabilidad de 73 centros, servicios y programas especializados que atienden a más de 5.000 pacientes de Alzheimer, Parkinson, ELA, Enfermedad de Huntington y Esclerosis Multiple «está en peligro» por el nuevo decreto de tipologías.

«Todo el sector apoyaba una nueva normativa para adaptarse a las características de las personas que actualmente atendemos y para superar legislaciones absolutamente obsoletas, pero hemos perdido la oportunidad de hacerlo de manera consensuada, adecuada y con la financiación suficiente para que no le cueste un euro más a nadie. Ahora tenemos que hacer un trabajo entre todos para corregir los aspectos necesarios y hacer viable el sistema en el medio y largo plazo», concluye el presidente de Aerte.

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