El Consell arrincona a los pedagogos de los servicios sociales

El nuevo decreto, según ha podido consultar LAS PROVINCIAS, sí mantiene la figura del pedagogo y psicopedagogo en el ámbito de los menores (familias y centros de acogida, centros de atención temprana, etc.) pero estos profesionales apenas tienen representación en otros ámbitos como los equipos de atención primaria de servicios sociales o los centros de dependientes. «El Gobierno valenciano, con la aprobación de este decreto, impide la libre circulación de profesionales titulados como norma básica de nuestra democracia», agregan los pedagogos.

Además, denuncian que el departamento liderado por Aitana Mas «se ha negado a contestar las alegaciones presentadas por el colegio» y «no ha estimado ni una sola» de ellas. Tampoco «ha argumentado de ninguna manera la vulneración de los derechos adquiridos por todos los titulados en pedagogía y psicopedagogía de España».

Desde el colegio señalan que Igualdad les aseguró que estas titulaciones estarían presentes en el desarrollo normativo, por lo que, en su opinión, estaría «incumpliendo» su compromiso.

Recuerdan que el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat participa en la formación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de los profesionales de los servicios sociales valencianos «en aquello que el mismo gobierno nos impide ejercer profesionalmente y habiendo sido felicitados por la calidad de nuestra formación por los responsables» del departamento.

«Denunciamos el atropello a la democracia que la conselleria ha llevado a cabo en todo el proceso legislativo de los servicios sociales inclusivos valencianos no contestando ni tan siquiera a la máxima autoridad académica valenciana que certificó en numerosas ocasiones las competencias profesionales en el área de lo social», agregan.

Ante esta situación, el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat ya ha presentado «el recurso correspondiente ante la justicia y llevará a cabo todas las acciones judiciales que sean precisas para revertir esta absurda, injusta e injustificada situación provocada por el Gobierno valenciano».

Por su parte, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha presentado una reclamación al Consejo Valenciano de Transparencia al no haber recibido los informes sobre incidencia económica en las personas usuarias de los servicios solicitados a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tras la aprobación del nuevo decreto de tipologías.

El escrito de solicitud de esta información, presentado el pasado 3 de abril, no ha tenido contestación por parte de la conselleria en el plazo de un mes, lo que incumple la Ley 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, siempre según Aerte.

El dictamen del Consell Jurídic Consultiu sobre esta norma recogía la necesidad de aportar de manera previa a la aprobación del decreto por el Consell una serie de informes. El más importante de todos era el que debía reflejar la incidencia económica que iba a tener la norma en las personas que usen estos servicios, es decir, cuanto iba a aumentar el copago de los usuarios con los nuevos requisitos.

Desde que se dio a conocer el dictamen, la consellería «indicó que esos informes existían y que se iban a aportar con total normalidad y transparencia. Sin embargo, ante la solicitud de Aerte la consellería ni ha contestado ni ha pedido más plazo para contestar, lo que denota mala fe y ánimo de ocultar la información ya que la información está elaborada, disponible y simplemente debe ser entregada», señalan desde la patronal.

«Esta falta de transparencia genera una desconfianza muy importante. ¿Cómo podemos creer a la Vicepresidenta Más cuando dice, en una carta dirigida a residentes, que el nuevo decreto no va a costar ni un euro más a los usuarios con ayudas de dependencia si no aportan los informes que lo justifica?¿Que consideración tiene el presidente XimoPuig de esta actitud tan opaca de su Consell?», se pregunta el presidente de Aerte, José María Toro.

Frente a ello, la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas, ha señalado que «difícilmente se puede ocultar algo» cuando «ha habido reuniones expresas» con la patronal para hablar de estos estudios.

Al respecto, ha insistido en que «difícilmente se les puede ocultar algo cuando se está trabajando con ellos en una mesa» en su conselleria, en la que ha señalado que se «les puso de manifiesto las dos propuestas económicas que había, la de la Generalidad y la que le pedimos a Aerte en innumerables ocasiones que pusiera encima de la mesa para que las pudiéramos comparar y poder además rebatir alguno de sus argumentos».

«Esas reuniones han tenido lugar en mi conselleria, con lo cual difícilmente se puede decir que mi conselleria no ha colaborado con Aerte precisamente en una cuestión tan importante como las memorias económicas», ha recalcado. De hecho, ha apuntado, «las hemos argumentado porque consideramos que no tienen razón en alguna de las cuestiones que plantean y están justificadas en base también a esas memorias económicas».

Asimismo, preguntada por si se plantea un cambio en la forma de actuar de su conselleria porque además de esta denuncia por las críticas también del Síndic de Greuges, ha subrayado: «No, no me planteo un cambio porque no hay opacidad en mi conselleria».

En ese sentido, ha señalado que «no se oculta ninguna información» al Síndic de Greuges sobre las actas de inspección sino que «como ya lo he dicho en otras ocasiones, no se está de acuerdo en la manera en la que se puede acceder a esa información» ya que Igualdad defiende que no se le puede remitir una copia, sino que el debe consultarlas físicamente. «Pero no se oculta, no se prohíbe el acceso a esa documentación con lo cual no hay una falta de opacidad, se puede acceder a esa información», ha apostillado.

Estas declaraciones, sin embargo, no han sentado nada bien en el seno de Aerte, desde donde señalan que es «absolutamente falso que nos hayamos reunido en ningún momento para hablar de la memoria económica del Decreto de Tipologías. En todo el proceso de reuniones en las que ha participado Aerte jamás se aportó ninguna memoria económica por parte de la conselleria».

Así, agregan que remitieron a Igualdad el 14 de febrero de 2023 «nuestro estudio económico sobre la memoria económica que llego al CES en el mes de diciembre, y que fue la primera vez que pudimos tener acceso a ella, y no hemos tenido ninguna respuesta, ni ha habido comparación ni se ha rebatido ningún punto».

También aseguran que el Consell Jurídic Consultiu «pidió la preparación de varios informes en su dictamen sobre el Decreto de Tipologías, entre ellos uno de la incidencia económica en las personas usuarias que tendrían los nuevos requisitos. Esos informes, que la conselleria dice que se aportaron antes de la aprobación por el Consell el pasado 10 de marzo, son los que ha pedido Aerte y no se les han entregado».