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Un bombero trabaja en la extinción de un incendio en Bejís. EFE

Las ayudas del Consell para prevenir incendios forestales no llegarán a los municipios valencianos hasta fin de año

Las cantidades prometidas a los ayuntamientos para cuidado del monte se retrasan por el incremento de la burocracia

Juan Sanchis

Valencia

Lunes, 20 de febrero 2023, 00:04

Los incendios del pasado verano, el peor de la última década con más de 30.000 hectáreas calcinadas en la Comunitat, volvieron a alarmar a la sociedad valenciana. El Consell trató de responder a este clamor social y el presidente de la Generalitat, Ximo ... Puig, anunció la creación de un Fondo de Cooperación Municipal dotado inicialmente con 50 millones que posteriormente fueron reducidos a sólo diez.

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Este fondo, que en un primer momento había despertado el interés de los municipios, se creó finalmente con un decreto del Consell aprobado el pasado trece de enero. Pero lo que inicialmente iban a ser unas ayudas directas a las poblaciones para tareas de prevención de incendios se han quedado en unas meras subvenciones. Esto supone, según señalaron desde el sector forestal, «cargarse el fondo» y, además, que el dinero no llegará como pronto hasta final de año.

En la presentación del fondo, el presidente Puig destacó la necesidad de proteger el patrimonio natural de la Comunitat Valenciana, que constituye «un pulmón de oxígeno ante el nuevo desafío ambiental», así como una «oportunidad económica y de empleo en esta década de transformaciones».

En esta línea, Puig indicó que el fondo serviría para mejorar el mantenimiento de los bosques, prevenir los incendios y potenciar la reforestación.

Por un lado, las ayudas directas a través de las transferencias corrientes, como estaba previsto inicialmente, llegan con más agilidad a los municipios. Al convertirse en subvenciones la gestión se complica. Primero se tiene que lanzar una convocatoria. Luego se establece un plazo para presentar las solicitudes. A esto le sigue el estudio de la documentación por parte de los técnicos de la administración con lo que el calendario se dilata y prácticamente hasta final de año, como pronto, no llegarán estas ayudas.

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Por otra parte, según señalan fuentes del sector, los municipios van a tener que adelantar la mitad del coste total para poder recibir la ayuda, un esfuerzo económico que no todas las localidades pueden o se atreven a afrontar. Es el caso de Castell de Cabres en Castellón, con una población de menos de una veintena de habitantes. Su presupuesto es muy reducido, pero sería uno de los que tendrían más subvenciones por la amplitud de su término forestal. Aportar el 50% del total supone una inyección de capital a la que no está en condiciones de hacer frente.

En el caso de que se hubiera mantenido como ayuda directa la tramitación hubiera sido más sencilla ya que los municipios podrían hacer los trabajos que consideraran y al final únicamente se hubiera tenido que rendir cuentas de las actividades realizadas.

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Otro de los hándicaps es que en un primer momento el periodo de ejecución de las actuaciones era hasta el 15 de noviembre. En la redacción definitiva del decreto se ha puesto como fecha tope para realizar los trabajos el 15 de octubre. Es decir, se adelanta un mes.

Este adelanto no es una cuestión menor porque hay que tener en cuenta que durante el verano las numerosas restricciones por el riesgo de incendios limitan la realización de trabajos en el monte. Este cambio de noviembre a octubre reduce también las posibilidades de actuación de los municipios de forma las actividades tendrán que estar finalizadas antes del 15 de octubre.

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La conversión de las ayudas directas en subvenciones, la necesidad de que los municipios adelanten parte del dinero y la reducción del periodo de actuación son hándicaps que limitarán el acceso de los municipios a estas ayudas y, en cualquier caso, se retrasarán al menos hasta fin de año.

Además, la generación del fondo fue anunciado cuando Mireia Mollà aún era consellera y aún no había sido sustituida por Isaura Navarro. La llegada del nuevo equipo de Gobierno a la Conselleria de Emergencia Climática ha supuesto un nuevo obstáculo que superar para conseguir la aprobación del fondo para los municipios.

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«No entendían para qué destinar tanto dinero para el monte», señalan fuentes del sector forestal. «Se trata de gente nueva que viene de un ámbito diferente como es el de la Sanidad sin comprender las necesidades que tiene el monte», apuntan.

En este sentido, las fuentes consultadas apuntan que la decisión de crear este fondo es una apuesta personal del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha impuesto su criterio al de la Conselleria de Emergencia Climática, más reticente a esta iniciativa aunque va a ser esta la encargada de gestionar las ayudas.

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Este ha sido un choque más entre los socios de gobierno que se unen a otros que ya han tenido a lo largo de la legislatura. En el pacto del Botánico se decidió que los servicios de extinción de incendios forestales estuvieran gestionados por el PSOE a través de la Agencia Valenciana de Respuesta a la Emergencia. En cambio, las labores de prevención están reservadas a la Conselleria de Emergencia Climática gestionada por Compromís.

Stop al foc

Otra de las promesas que también se ha diluido con el paso del tiempo es la creación de la marca 'Stop al foc' anunciada por la anterior consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà.

Se trata de una iniciativa de la Conselleria de Agricultura lanzada el pasado mes de agosto cuando todavía no se habían extinguido las últimas llamas de los incendios. El objetivo de la iniciativa era promocionar la producción agroalimentaria a través de una 'marca' que incentivara el consumo de proximidad, fomentara la compra y contribuyera «a la recuperación de la economía de las comarcas afectadas por el fuego». Son palabras de la entonces consellera de Agricultura y Desarrollo Rural Mireia Mollà.

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Han pasado casi seis meses y poco se sabe de esta iniciativa. En una respuesta parlamentaria a la diputada autonómica del Partido Popular Elisa Díaz la Conselleria de Agricultura da largas al asunto y asegura que hacen falta meses para poner en marcha un programa de esta entidad. Según señalan en la documentación se requiere tiempo para preparar un decreto ley, la redacción de un reglamento de uso o la designación del mecanismo de control.

El departamento que dirige Isaura Navarro no contestó a las preguntas sobre la fase en la que se encuentra este proyecto en estos momentos.

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