Las ayudas por despoblación penalizan a los municipios que pierden más habitantes

«Cuando se está produciendo esta desertización humana en parte de nuestro territorio, nos afecta a todos, al conjunto de la Comunitat, no solo a las comarcas afectadas directamente». El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció el pasado mes de agosto en su pueblo, Morella, cuál era el espíritu del Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra el Despoblamiento de la Comunitat. La varita mágica del Consell para acabar con lo que denominaron 'invierno demográfico', la lacra de la despoblación que sólo en Valencia afecta ya a uno de cada tres municipios, 68 de los 266 en la provincia, según publicó el mes pasado LAS PROVINCIAS. Una ambiciosa inversión de tres millones de euros «para que las personas tengan la posibilidad de formar un proyecto de vida en los pueblos del interior», como subrayó el presidente. Pero los criterios para conceder las ayudas y la cuantía de las mismas no han dejado contentos a todos.

«Hay municipios con muchos recursos y muchos más habitantes con una cantidad asignada muy superior a la nuestra». Lo lamenta Ricardo Pérez, alcalde de Millares, el municipio de Valencia, junto con Vallanca, que más habitantes ha perdido en la provincia en las dos últimas décadas (-48,4% y 49,2%, respectivamente). Y pese a ello, las ayudas que ambas localidades reciben se quedan muy por detrás de las concedidas a otros municipios con menor éxodo poblacional: 18.381 euros para Millares y 8.289 para Vallanca.

La penalización que sufren los municipios con menor número de habitantes y con mayor éxodo residencial es evidente, a pesar de la incongruencia de tratarse precisamente de unos fondos destinados a combatir la despoblación. Tras anunciar las ayudas, desde el Consell se explicó que se concederían en función de tres criterios: el demográfico o pérdida de habitantes; el de envejecimiento o caída de la natalidad; y el de riesgo zonal o ubicación en comarcas donde se produce de forma generalizada este fenómeno. En la resolución de Presidencia de la Generalitat publicada ayer en el DOGV se especifica que las ayudas se conceden a aquellos municipios que cumplen cinco de seis criterios: densidad de población inferior a 20 habitantes, crecimiento demográfico menor o igual al 0% en 20 años, crecimiento vegetativo menor o igual a 10% en dos décadas, porcentaje de mayores de 64 años superior al 200%, proporción de dependientes en la localidad y la tasa migratoria. Cada municipio que rebasa este baremo recibe una cantidad de dinero fijo, y la otra mitad de la ayuda se calcula en función de la población. La resolución señala que a menos habitantes, más dinero en este tramo, pero los resultados cuestionan la idoneidad del método.

El municipio que más ayudas recibe, el máximo fijado por el decreto (100.000 euros) es Ayora, que sin embargo ha perdido únicamente un 3,5% de población en los últimos 20 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Una caída de residentes tremendamente inferior a la que padecen los citados enclaves de Millares y Vallanca, los más golpeados por la lacra. O Castielfabib, con un retroceso en su padrón del 42% y con 16.706 euros de ayudas. O Alpuente, al que el Consell da 29.795 euros pese a su retroceso en residentes del 32,8%.

No hay más que irse a los extremos para constatar que algo falla. Por un lado, en la tabla de ayudas aparece Casas Bajas, a la cola en lo que a dinero se refiere con una inversión de 10.580 euros, pese a estar en la cúspide de la despoblación, con un retroceso de su padrón del 42,7% en 20 años. Por contra, Domeño, que ha crecido un 40% en 20 años (casi 200 vecinos más) se lleva una ayuda de 31.000 euros.

Andilla, Arañuel, Cortes de Pallás, Fuente la Reina, Pedralba o Villar del Arzobispo son otros de los municipios que reciben ayudas a pesar de crecer en vecinos en dos décadas. Esta última localidad, más de 94.000 euros. Morella, el municipio de Ximo Puig, recibe una ayuda de 76.395 euros, cuatro veces más que por ejemplo Millares, pese a sufrir este cuatro veces más despoblación de Morella (-48,4% frente al -10,2%).

«Tanto reclamar el Consell al Gobierno central que haya un financiación justa, cosa que me parece muy loable y necesaria, pues aquí debe suceder lo mismo, que financien los municipios conforme a nuestras necesidades. Es muy de agradecer que haya una línea para financiar los municipios en riesgo real despoblación, pero las cantidades son absolutamente insuficientes», lamenta Ricardo Pérez, alcalde de Millares.