Las ayudas de investigación y de salud mental, los últimos agravios a la educación concertada

El diferente trato en función de la titularidad de los centros tiene su antecedente en este mismo curso, en el sentido de que los colegios concertados no han tenido las mismas posibilidades de disponer de personal de orientación para Infantil y Primaria que los públicos. Se trata de profesionales clave para atender necesidades educativas especiales y para abordar los problemas relacionados con la convivencia o con la salud mental del alumnado, que se han disparado a raíz de la pandemia. Por ejemplo, en el número de autolesiones y tentativas de suicidio detectadas.

Desde el ejercicio 2021-2022 los colegios de la Generalitat tienen un profesional a tiempo completo por escuela. La concertada, en cambio, ha tenido que esperar a este septiembre para que se cubran con fondos públicos los salarios de estos profesionales. Eso sí, parcialmente, pues entran dentro del concierto el 50% de las horas autorizadas, asumiendo los centros las restantes. No será hasta el próximo ejercicio cuando se costee el 100%.

Esta diferenciación ha sido criticada recientemente por el sindicato docente mayoritario en la red, FSIE CV. «Quiere decir que este curso se ha recibido sólo la mitad de una dotación que en el contexto en el que nos encontramos se ha demostrado insuficiente», se alega, antes de defender la necesidad de seguir incrementado la inversión en este personal para poder atender todos los casos que se producen.

La organización se pronunció en estos términos tras la reunión mantenida a principios de marzo entre las consellerias de Sanidad y Educación a raíz del caso del instituto de Mislata, que denunció la falta de medios para atender los problemas de salud mental detectados entre su alumnado. La consellera Raquel Tamarit destacó que se preveía un incremento del personal de orientación en el marco de las órdenes de plantillas, que siguen pendiente de negociación y son normativas que afectan exclusivamente a la enseñanza pública.

También se acordó la implantación de un programa piloto basado en el modelo Casel (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) para potenciar la educación emocional, aunque no se precisó si también podrá participar la concertada, lo que fue aprovechado por FSIE para reclamar su inclusión. «Nuestros alumnos tienen que tener los mismos recursos porque tienen las mismas necesidades», se sentenció.

En cuanto al programa Acord, implicará a equipos de los centros públicos seleccionados y a grupos de investigación universitarios, se desarrollará durante dos ejercicios y el proyecto tiene que tener algún impacto en el día a día de la escuela. Se proponen nueve líneas temáticas en las que trabajar, desde las relacionadas con la igualdad, el feminismo y la diversidad de género hasta la sostenibilidad y el ecologismo, pasando por la interculturalidad, las metodologías participativas o la educación emocional y afectivo-sexual, entre otras

LAS PROVINCIAS preguntó a Educación si se prevé alguna convocatoria específica para el desarrollo de programas de investigación similares en la concertada, pero no obtuvo respuesta. Tampoco clarificó si se baraja un incremento de las horas de orientación incluidas en el concierto una vez se complete el sistema progresivo citado, si bien fuentes patronales señalaron que la idea está encima de la mesa una vez se cierre la mejora anunciada para la pública.

En descargo de la administración cabe destacar que otras medidas aplicadas en relación a la salud mental del alumnado sí han tenido en cuenta a ambas redes, ya sean protocolos de intervención, apoyo de unidades especializadas ante casos especialmente complejos o el programa Som Imprescindibles, que se concreta en talleres a cargo de psicólogos expertos en todos los centros de Secundaria de la Comunitat.

El trato diferenciado también se ha manifestado a través de iniciativas que han acabado en los tribunales y con fallos favorables a la concertada. Ha sucedido con la asignación de auxiliares de conversación en inglés para fomentar las destrezas orales y con las ayudas económicas para alumnas de FP que se matriculan en ciclos masculinizados. Al menos la primera sentencia ha sido recurrida por la Abogacía de la Generalitat. La posibilidad de adelantar la escolarización a los dos años, las asignaciones para renovar bibliotecas escolares o la prioridad de los profesores de la pública a la hora de acceder a plazas para mejorar su formación en idiomas son otros ejemplos.