Las universidades públicas en bloque cargan contra la nueva selectividad y las prisas del Gobierno por implantarla

Salvo cambios en los plazos, los alumnos que actualmente están en 1º de Bachillerato estrenarán el nuevo modelo en junio de 2024. Hace un par de semanas estudiantes de medio centenar de institutos españoles -cinco de la Comunitat- participaron en un pilotaje de las pruebas, enfrentándose a exámenes competenciales de siete materias, incluida Lengua y Literatura Valenciana. La idea del ministerio es que los ejercicios obliguen a un mayor esfuerzo a la hora de aplicar los contenidos asimilados para resolver problemas más prácticos. En este sentido, una de las críticas que subyace de las alegaciones es que el formato actual ya obliga a ello en buena parte de los exámenes.

El posicionamiento del sistema público se recoge en las alegaciones presentadas al proyecto de real decreto por el que se regulan las condiciones para el acceso y la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. Se concreta en veinte propuestas centradas en aspectos técnicos sobre la organización del acceso, aunque también las hay que inciden en las características básicas de la nueva selectividad.

El documento ha sido pactado por todas las instituciones públicas incluidas en los 17 distritos universitarios de España, está consensuado por los coordinadores generales y los técnicos encargados de los procesos de admisión y cuenta además con el apoyo de los vicerrectorados con competencias en la materia. De ahí su especial trascendencia. 

La introducción de las alegaciones es elocuente. Si bien es cierto que no cuestiona «si es o no adecuada la implementación el próximo curso al tratarse de algo que excede del ámbito del borrador del real decreto», no se deja pasar la oportunidad de lanzar un aviso a navegantes sobre el malestar latente a nivel docente.

«Sería una deslealtad por nuestra parte no hacer mención a las crecientes señales de inquietud que nos traslada el profesorado de Bachillerato, orientadores y armonizadores de las materias, profundamente preocupados por la viabilidad de implantar el modelo de evaluación por competencias el próximo año», se dice. «Son demasiadas las incógnitas y demasiado poco el tiempo para incorporarlas a un Bachillerato con currículos nuevos, nuevas materias y un modelo de evaluación nunca ensayado en 2º de Bachillerato e ignoto a los ojos de quienes han de dar instrucciones desde las universidades sobre las directrices concretas de cada materia», se continúa. Cabe recordar que las pruebas de selectividad las diseñan profesores universitarios en base a los acuerdos de cada comisión de materia, en las que también participan docentes de Secundaria.

El borrador de real decreto recoge la nueva duración de cada examen, que el ministerio justifica en que los ejercicios competenciales requieren de más tiempo de reflexión, pasando a prolongarse durante 105 minutos con descansos de 45, en lugar de los 90 actuales y con media hora entre uno y otro.

Las universidades plantean mantener la regulación actual. Defienden que los alumnos están acostumbrados en las etapas previas a pruebas de menor duración incluso (cincuenta o cincuenta y cinco minutos), por lo que el cambio, que implica casi duplicar el tiempo, «hace virtualmente imposible una preparación adecuada o con visos de éxito».

También advierten de los efectos que tendrá entre el estudiantado con necesidades específicas de apoyo, que ya cuenta con media hora adicional, por lo que la ampliación haría que sus exámenes, proporcionalmente, llegaran a dos horas y 25 minutos, algo «desmedido» e «inasumible» para buena parte de este alumnado, «que quedará excluido de la posibilidad de acceso a los estudios universitarios».

Además tendría consecuencias a nivel general, a juicio de las universidades. «La organización de exámenes de 105 minutos con descansos de 45 provoca organizar unas pruebas que forzosamente tendrán cuatro días de duración (ahora son tres), y que se podrían elevar a cinco cuando existan dos lenguas cooficiales, o incluso a seis simplemente para contemplar exámenes de incidencias o coincidencias, máxime en el escenario que plantea la incorporación de nuevas materias (susceptibles de evaluar), que pasan de 23 a más de treinta», se alega.

El escrito recuerda que esto supondría una exigencia mayor que la semana laboral media, y que unida a la presión propia de la selectividad redundaría «de forma muy negativa en el mantenimiento del alto nivel de concentración necesario para estudiantes cuyo futuro académico debería depender de su capacidad de mostrar solvencia y madurez, y no una resistencia que está mucho más allá de lo exigible para estas edades».

El último argumento sobre la duración tiene que ver con el modelo competencial y la justificación ministerial. «Recordemos que muchas de las cuestiones planteadas actualmente (en la selectividad) tienen ese carácter, sin que eso obligue a aumentar la duración de los exámenes», dicen las alegaciones.

En cuanto a los tribunales encargados de las correcciones, se pide dejar la puerta abierta a que puedan participar profesionales interinos de Secundaria que impartan Bachillerato en caso de que no haya suficientes voluntarios funcionarios para alguna materia, o que no sea obligatorio que al menos el 40% de los miembros sean universitarios y otras tantos de Secundaria, atendiendo también a lo difícil que resulta de cumplir atendiendo a la voluntariedad y la existencia de materias muy específicas.

También se pide mantener el procedimiento de reclamación de calificaciones al considerarlo más ágil que la doble vía propuesta -o una revisión o una doble corrección-, así como evitar la dispersión de los criterios de acceso. Por ejemplo, se rechaza el permitir que se tengan en cuenta las notas en determinados módulos en los estudios de FP para entrar en algunas carreras, o incluso estudios universitarios previos o formación académica complementaria.

Por último, se pide adelantar la publicación de la orden que recogerá las características básicas de los ejercicios a plantear, que tiene carácter anual y suele llegar con el curso iniciado (en enero o febrero), lo que genera incertidumbre al depender de la misma aspectos como fechas, modelos de examen o criterios de corrección.