Los inspectores municipales cuestionan el gasto de 300 millones de los ayuntamientos

El informe de 2021 de la Sindicatura de Comtes no deja lugar a dudas. Hasta un total de 187 Ayuntamientos de toda la Comunitat Valenciana gastaron en ese ejercicio hasta 300 millones de euros sin atender a los reparos de legalidad que le pusieron sus altos funcionarios. El documento explica que la gran mayoría de estos acuerdos se dieron en poblaciones de entre 5.001 y 50.000 habitantes.

La modalidad de gasto objeto de los reparos más relevante fue la contratación, que estuvo presente en el 67,5% del número total de acuerdos. La causa más común de los reparos formulados, tanto por importe como por número de expedientes, fue la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.

Pero esta no es la única alerta del organismo, que ha destacado la «baja incidencia del control financiero» en entidades locales durante el ejercicio 2021 y ha advertido que solo el 20,8 por ciento de las analizadas había elaborado el plan anual de control financiero, menos que en 2020 (22,1%).

Así consta en su 'Informe de fiscalización del ejercicio del control interno en las entidades locales' correspondiente a 2021 y publicado este martes, que se ha centrado en la información relativa al ejercicio del control interno en las entidades locales, correspondiente a 2021, que los órganos de Intervención debían remitir telemáticamente a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas.

Además, la Sindicatura ha analizado una muestra de los expedientes remitidos por 16 municipios de entre 20.000 y 30.000 habitantes: Alfafar (Valencia), Almoradí (Alicante), Altea (Alicante), Aspe (Alicante), Bétera (Valencia), Cullera (Valencia), Ibi (Alicante), La Pobla de Vallbona (Valencia), L'Alfàs del Pi (Alicante), Llíria (Valencia), Moncada (Valencia), Mutxamel (Alicante), Picassent (Valencia), Pilar de la Horadada (Alicante), Requena (Valencia) y Sant Joan d'Alacant (Alicante).

El 86,7% de las entidades locales había rendido la información del ejercicio 2021 prevista en la Instrucción hasta la fecha de realización del informe (15 de octubre de 2022) y el 73,2% de las entidades cumplieron con esta obligación dentro del plazo legal.

Entre las incidencias más significativas detectadas, la Sindicatura señala «la escasa implantación del control financiero en el ejercicio fiscalizado, así como de otras actuaciones de control permanente«. Sobre las actuaciones de control permanente y el control financiero posterior de los ingresos, apenas fueron realizadas porel 30% de las entidades en los dos ejercicios 2020 y 2021.

Por otra parte, del total de intervenciones que remitieron información relativa al control interno, solo un 7,3% en 2021 y un 8,0% en 2020 afirmaba haber realizado auditorías públicas en alguna o varias de sus entidades dependientes o adscritas, incluyendo en sucaso la contratación con firmas privadas de auditoría.

Asimismo, la Sindicatura destaca «el bajo cumplimiento en la elaboración del informe resumen anual» de control interno, su remisión al Pleno de la corporación y a la IGAE, así como en la confección del plan de acción. Un 68,7% de los órganos de Intervención que enviaron información en materia de controlinterno del ejercicio 2021 comunicó haber elaborado el resumen anual de los resultados de control interno del ejercicio anterior al de referencia. Los municipios de menor población y las mancomunidades son las entidades que incumplieron en mayor medida estas obligaciones.

En este sentido, el informe de fiscalización advierte también que «existe un alto grado de provisionalidad en el puesto de Intervención reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, ya que los nombramientos con carácter definitivo solo suponían un 50,8% en 2021».

Además, un 75,0% de los órganos de Intervención de las entidades locales consideraba insuficiente la dotación de medios personales y materiales de que disponían, de los cuales el 64,3% había comunicado dicha circunstancia al Pleno.

A lo largo del ejercicio 2021, un 23,6% de las intervenciones locales emitieron informes desfavorables sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria o de la regla del gasto (el 24,9% en 2020).

En el ámbito de los ingresos, 28 ayuntamientos y una diputación provincial informaron sobre anomalías en un total de 248 expedientes, con un importe asociado de 3 millones de euros. Las tasas, los impuestos locales y los precios públicos fueron los ingresos con el mayor número de anomalías comunicadas.

En sus recomendaciones, la Sindicatura de Comptes pone el foco en la necesidad de que las entidades «mejoren la rendición de forma completa y dentro del plazo establecido». Se recomienda también, entre otras cuestiones, que «no se considere adecuado el funcionamiento habitual mediante acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos, así como tampoco la reiteración de reparos y de informes desfavorables de la Intervención en los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial».

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