Batalla judicial por el edificio de Hacienda de Valencia tras ocho años cerrado

Tras su clausura en 2016 al detectarse notables problemas estructurales, lo que obligó a trasladar a todos los empleados de la Agencia Tributaria, el icónico edificio de Guillem de Castro permanece sin uso. Ahora mismo además vallado, para evitar lo que venía pasando en los últimos años: que el lugar fuera un punto de residencia y pernoctación de numerosas personas sin hogar. Inicialmente se habló del interés del Ayuntamiento de Valencia por adquirir el inmueble y darle algún uso, pero la realidad es muy distinta.

La cuestión está judicializada. Un acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia, así como un decreto de la Diputación, acordaron anular esa cesión del suelo. El objetivo, reclamar a Hacienda que les entregara sin coste alguno el edificio. Los argumentos que exponen Ayuntamiento y Diputación (titulares en un 60% y en un 40% del suelo) es que al desprenderse Hacienda del edificio se incumple la condición que se dió con la cesión: que el inmueble fuera destinado a un uso administrativo.

El Ministerio llevo estos acuerdos ante el juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Valencia y una sentencia le ha dado la razón ahora a Hacienda. El argumento se basa en la aplicación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que sostiene que en casos como este, cuando han pasado más de 30 años desde que se inició la función de un edificio, ya se considera como cumplida la condición fijada en un acuerdo de cesión como el que se hizo a mediados del año pasado.

El juzgado cita un caso en el que ya se enfrentó el Ayuntamiento de Requena en este caso contra Correos. El motivo de aquel pleito fue un solar situado en la avenida General Varela del municipio, que se destinó a sede de la entidad postal en Requena. La localidad reclamó tiempo después al Estado que le devolviera el edificio al dejar de cumplir esa función. Pero en este caso el Tribunal Superior de Justicia fue la instancia judicial que se negó.

Precisamente el TSj es el órgano ante al que han recurrida esta decisión judicial el Ayuntamiento y la Diputación. Mantienen los mismos argumentos y la misma petición: que Hacienda ya no usa el edificio para sus fines y que por tanto el inmueble debe volver de manera gratuita a la ciudad.

Se da la circunstancia de que los problemas estructurales que mantienen cerrado la que fuera Delegación de Hacienda desde 2016 precisa de una rehabilitación que los informes municipales han cifrado en al menos 22 millones. Ahora, el futuro del olvidado edificio de Guillem de Castro pasa por manos de la Justicia.