El Botánico aprueba in extremis la mejora salarial del profesorado universitario no funcionario

El pleno del Consell ha aprobado este viernes la normativa que permite aplicar las nuevas tablas salariales, que además de a los citados profesionales afectan también a los profesores contratados doctores (hasta 34.121 euros anuales), colaboradores (31.592), ayudantes doctores (30.758) y ayudantes (23.753), que suman unos 2.500 docentes en las aulas valencianas. Tras los asociados, esta última figura será la que mayores incrementos experimentará teniendo en cuenta su punto de partida, más precario desde el punto de vista salarial.

Según ha informado la Conselleria de Universidades a través de un comunicado, los cambios tendrán efectos retroactivos desde enero de este año, lo que supondrá una inversión adicional de más de 20 millones de euros que la Generalitat transferirá a las universidades.

El problema viene de lejos, incluso de antes de la llegada de la llegada de la izquierda a la Generalitat, cuando se empezó a hablar de la necesidad de pactar un convenio colectivo para los profesionales no funcionarios al ser la valenciana la única que carecía de esta regulación. Fue la Conselleria de Educación dirigida por Vicent Marzà, que hasta 2019 asumió las competencias en materia universitaria, la que inició una negociación formal que apuntó con cristalizar en abril de aquel año, cuatro días antes de la celebración de las anteriores elecciones autonómicas, con la firma de un preacuerdo entre universidades, sindicatos y administración. Los incrementos planteados, que contaban con su correspondiente reserva presupuestaria, iban a ser efectivos desde el enero anterior.

Sin embargo, el pacto nunca se llegó a aplicar. Pasada la cita electoral, ya desde la Conselleria de Universidades que cayó en manos de Carolina Pascual se plantearon dudas jurídicas en el sentido de que se consideró que la administración no debía participar como parte en un acuerdo que tenía que circunscribirse a los representantes de los trabajadores (sindicatos) y a los empleadores (universidades). Aunque la puntilla llegó con los reparos del Ministerio de Hacienda, que estableció que la mejora retributiva acordada contravenía las reglas presupuestarias al elevar por encima del máximo permitido la masa salarial del personal público.

Entretanto, el preacuerdo permaneció en un cajón, manteniéndose las condiciones laborales de docentes afectados, que han protagonizado varias huelgas y protestas de todo tipo, mientras a nivel político se trataba de encontrar salidas ante las reticencias del Gobierno.

La solución llegó bajo el mandato de Josefina Bueno, que asumió la cartera para desbloquear tanto el fallido convenio colectivo como el plan plurianual de financiación de las universidades públicas, sobre el que no se ha alcanzado un acuerdo y que por tanto deberá abordar el nuevo Consell de Carlos Mazón.

La posibilidad se abrió con la nueva redacción del artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que en la práctica implica trasladar las tablas salariales del malogrado preacuerdo al decreto del Consell 174/2002, que regula las retribuciones del personal laboral y cuya modificación acaba de aprobarse. El siguiente paso, de mero trámite, será publicarlo en el Diari Oficial para que tenga efectos oficiales.

«El texto pone fin a la situación de desigualdad del personal laboral, ya que permite establecer una excepción a las limitaciones existentes en materia retributiva de los empleados y empleadas del sector público», dice la conselleria. Cabe recordar en este sentido que el nuevo decreto homologa las retribuciones entre universidades y figuras docentes, que hasta ahora son distintas, partiendo de las cifras de la universidad donde mejor se paga. Además, en todos los centros se reconocerá el derecho a percibir trienios.

Por otro lado, el decreto incluye adaptaciones a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), incorporando las modalidades de profesorado permanente laboral, distinguido y sustituto. Este último debe servir para evitar el abuso del profesorado asociado, en el sentido de que no se utilice para cubrir necesidades estructurales de docencia que deberían corresponder a personal de plantilla estable y no a profesionales de reconocido prestigio cuya dedicación académica es parcial.