La burocracia quema el monte valenciano

El riesgo ya se vio el verano pasado cuando se quemaron más de 30.000 hectáreas en la Comunitat, principalmente en los grandes incendios de la Vall d'Ebo y Bejís. Pocas cosas han cambiado desde entonces y la amenaza continúa pesando como una losa porque la historia amenaza con repetirse.

Los grandes problemas son la falta de gestión forestal, el abandono en el que se encuentra sumido el monte valenciano desde hace años y que se ha intensificado durante el gobierno del Botánico, y la excesiva burocracia a la que se enfrentan ingenieros, ayuntamientos y empresarios. Y para comprobarlo LAS PROVINCIAS se ha desplazado hasta los montes de Enguera que hace tres años sufrieron graves daños tras el paso del temporal 'Gloria'.

'Gloria', al margen de un significativo destrozo en el litoral, provocó fuertes nevadas acompañadas de viento intenso lo que tuvo sus consecuencias en los parajes forestales. Miles de árboles fueron arrancados por esta tormenta. El interior de la Comunitat fue especialmente afectado.

Y las cosas en Enguera siguen igual, o incluso peor, tres años después. Los árboles muertos, muchos de ellos partidos por la mitad, no han sido retirados después de este desastre y la maleza seca se acumula a su alrededor tal y como este periódico pudo comprobar el pasado jueves. Además, se da la circunstancia de que 2023 ha sido muy seco con lo que se incrementa el riesgo de que se produzca un incendio forestal. «Una chispa y todo puede arder», puntualiza la alcaldesa de Enguera, Matilde Marín, que va a poner en marcha una iniciativa de extracción de biomasa. Es una muestra más de que la gestión forestal no es una prioridad para el Gobierno autonómico.

Como también lo es lo que sucedió en 2020 en Puebla de Arenoso. La zona fue afectada por el temporal de enero de 2017, también de viento y nieve. Miles de árboles fueron arrastrados en este municipio castellonense. Entonces el alcalde impulsó un programa para la retirada de la madera muerta que se encontró con la oposición de algunos vecinos y de grupos ecologistas. El resultado fue que la Conselleria de Emergencia Climática prohibió la actuación. Las consecuencias se han vivido estos días y están a la vista de todos..

Y es que la falta de gestión es la respuesta casi unánime a la pregunta de por qué se queman los montes valencianos. El decano del Colegio de Ingenieros Forestales de la Comunitat, Juan Manuel Batiste, lo tiene claro. «No hay más incendios por el cambio climático. Sí que es cierto que este fenómeno incide en que haya periodos de sequía más prolongada y las temperaturas sean más elevadas. Todo ello deja la vegetación más tocada y propensa a quemarse», puntualiza Batiste.

El gran problema es que no se puede actuar contra el cambio climático, «pero sí sobre la vegetación que es el combustible de los incendios». Pero no se está haciendo en la medida en la que se debería. «Esa es la clave de por qué se propagan estos siniestros. Y esto es controlable», explica este ingeniero forestal.

El decano de los ingenieros forestales ha incidido en las trabas burocráticas que a veces se encuentran a la hora de actuar también debido al solapamiento de la órdenes de protección. «Se nos aburre con normativa de zonas Zepa, de LICs, con el plan de ordenación de recursos naturales», ha añadido. La consecuencia es que los expedientes se prolongan en el tiempo.

De hecho, la consecución de un permiso para una actuación puede demorarse hasta dos años. Así lo expresa Pablo Talens, delegado en la Comunitat de Asemfo (Asociación Nacional de Empresas Forestales) que señala la dificultad de conseguir las autorizaciones para actuar. «No se puede seguir a ese ritmo. Muchas empresas no pueden mantener las cuadrillas . Estamos con el agua al cuello», destaca.

Talens ha señalado, por su parte, que «no nos ponen las cosas fáciles». «Hay una parálisis de gestión forestal causada por una hiperlegislación y se ponen trabas burocráticas para cualquier tipo de acción forestal», ha añadido el delegado de Asemfo.

«Hay que incidir en la silvicultura preventiva», ha explicado el decano del colegio de ingenieros forestales. En este sentido, ha señalado las dificultades que pone la estructura parcelaria en la mitad sur de la provincia de Castellón y en el interior de Valencia. Son muy pequeñas, minifundistas, por lo que no cabe la gestión individualizada. «Se necesita que los ayuntamientos se erijan en promotores de la gestión forestal», subraya Batiste.

Batiste, por su lado, explica que es obvio que no se puede actuar sobre 1,4 millones de hectáreas que tiene la superficie forestal en la Comunitat, «pero sí se puede hacer sobre áreas estratégicas y donde la propiedad tiene un plan de gestión, una hoja de ruta». «Si la CV-195 en Montán hubiera tenido una faja de protección se habría podido parar el incendio», añade.

En este sentido, ha señalado que el fondo municipal de 10 millones (que iba a ser inicialmente de 40 o 50) puede servir para atacar estas áreas estratégicas. «Montán se salvó porque el ayuntamiento actuó y creó una faja perimetral», ha puntualizado Batiste.

Juan Manuel Batiste ha incidido también en que la recuperación del uso agrícola de los bancales se prolonga en el tiempo por las trabas administrativas. «Revertir al uso agrícola una parcela que se ha convertido en forestal es muy complicado. No tendría que ser tan complejo», ha añadido.

En este sentido, ha añadido que el objetivo es recuperar el paisaje mosaico. Se trata de un paisaje diverso donde conviven campos cultivados, huertas, sembrados, pastos y diferentes tipos de bosques. Cada una de estas piezas pone obstáculos al avance del fuego, que se propaga más lento y es más fácil de apagar. El problema, reprocha Batiste, es que «no se quiere perder terreno forestal». En esta línea, ha recordado que este crece a un ritmo de 3.300 hectáreas anuales en la Comunitat y otras 6.000 hectáreas pasan de no arbolado a arbolado «y no se gestionan».

Pablo Talens, por su lado, ha señalado que entre mayo y octubre prácticamente no se puede trabajar en el monte por el riesgo de que se produzca un incendio forestal. Además, y en la misma línea, tienen que soportar entre 60 y 80 días de alerta 3 en el monte que prohíbe cualquier tipo de actuación. «De esta forma no se puede mantener personal cualificado. No se puede conservar durante todo el año por el alto coste económico. Tenemos que despedir a gente», ha especificado.

Otra de las limitaciones es que a partir de marzo llegan las aves a nidificar en muchos parajes. «Entonces tenemos que parar para no molestarlas. Se produce otra parálisis, esta vez entre los meses de marzo y septiembre», ha explicado Talens.

Ha destacado que «es una lástima porque el combustible, la vegetación, se puede valorizar energéticamente. Se podría extraer del monte y usarlo como hacían nuestros abuelos». En esta línea, ha recordado que 2,5 kilos de materia forestal equivale a 1 litro de petróleo. «Hay petróleo en los montes y no somos capaces de extraerlo», ha detallado Pablo Talens.

«El monte está abandonado. Hay una parálisis de la gestión forestal por la falta de financiación de la administración. Esta no apuesta por la prevención (un trabajo callado, que no se ve) y sí por la extinción», ha manifestado. Y eso que cuesta diez veces más.

El delegado de la asociación de propietarios forestales ha destacado que el objetivo es hacer más resilientes los bosques. «Cogemos los peores árboles, los trituramos y los vendemos a industrias que generan energía. Es posible la gestión y mantener limpio el monte, pero necesitamos poder trabajar todo el año sin el parón de abril a octubre», ha especificado.

Por su lado, Adolfo Miravet, presidente de la Asociación de Silvicultores de la Comunitat Valenciana (Asilval), también lamenta los problemas que hay para conseguir las licencias de actuación. En este sentido, ha señalado como ejemplo lo que sucede en Montán, uno de los municipios afectados por el incendio de Villanueva de Viver de esta semana.

Así, ha reiterado que para conseguir una licencia de la administración hay que solicitarla tres meses antes, como mínimo. Ha indicado que al ser parcelas pequeñas y corresponder a muchos propietarios la actuación no es viable. «No vas a traer maquinaria ni personal para varias parcelitas en las que el trabajo dura dos días. Necesitas bastante superficie para trabajar meses», ha señalado y ha destacado que ahora con la ley de protección de datos «no puedes saber quienes son los dueños para ponerlos de acuerdo y organizar una actuación».

Por otro lado, en 2021 las subvenciones para realizar tareas de prevención en las parcelas ascendían a 800 euros por hectárea. El problema es que antes de 2010, con anterioridad a la crisis financiera, las ayudas eran de 2.500 euros por hectárea. Es decir que ahora se paga tres veces menos pese a que los costes se han disparado en los últimos años. De esta forma ahora se necesitaría que la subvención alcanzara los 3.500 euros para plantearse actuar en el monte realizando las más básicas tareas de silvicultura.

Otra de las causas de los incendios es el abandono del mundo rural. Cada vez hay más campos dejados a su suerte que se llenan de maleza y forman un continuo con el bosque. Se convierten así en combustible para un incendio forestal. Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), señala que estos cultivos «se abandonan por la falta de rentabilidad».

En este sentido, ha detallado que la Comunitat lidera el abandono de cultivos en España. Una de cada tres hectáreas perdidas se localiza en la Comunitat. Aguado también advierte de que en el caso del relevo generacional, en la incorporación de jóvenes a la agricultura, la región también se encuentra a la cola de España.

El dirigente de la asociación de agricultores ha señalado que la estructura del campo valenciano basado en el minifundio reduce la rentabilidad y va a ser afectada directamente por la nueva Política Agraria Común (PAC) que «es muy exigente y burocrática». La consecuencia es que, según Aguado, en los próximos dos o tres años se van a perder otras 30.000 hectáreas de suelo agrícola en la Comunitat. «Una subida espectacular. La burocracia es excesiva. Un campo pequeño no puede tener a su disposición un ingeniero para cumplir todos los trámites», ha añadido. «La burocracia de Bruselas no lo ha visto con la pleitesía del Gobierno de la Generalitat y del Gobierno central», ha recalcado.

Por otro lado, ha calificado de «barbaridad» la ampliación del periodo de quemas decretado por la Conselleria de Emergencia Climática esta pasada semana. En esta resolución, publicada unos días después del incendio de Villanueva de Viver, se indica que ante las elevadas temperaturas que ya afectan a la Comunitat, y la previsión de condiciones adversas, unidas a la elevada disponibilidad de vegetación forestal, se prohíben con carácter general todas las quemas agrícolas en aquellas parcelas que se hallan a menos de 500 metros del suelo forestal.

Para Aguado, «no se puede tener todo parado». En este sentido, el dirigente agrario ha apostado por «la vigilancia, no la prohibición». Ha señalado que lo normal es que este periodo comience en mayo o junio en las zonas de riesgo. «Lo han hecho con los pies. No han tenido en cuenta al sector», ha precisado.

«No es extraño que la gente abandone el campo. Lo normal hubiera sido aumentar la vigilancia en las zonas de riesgo, pero ahora con la prohibición el combustible se va a quedar en los campos y todo ello en un verano muy seco», ha señalado. «La gente está hartándose. El desastre agrario será histórico si seguimos con estas prácticas», ha precisado Cristóbal Aguado.

Por su lado, fuentes de los agentes medioambientales han explicado que prevenir cuesta diez veces menos que los trabajos de extinción. Han reiterado que no se está cumpliendo la ley de Montes, la ley Forestal y la de Ordenación del Territorio. «Todas estas obligan a prevenir contra los incendios forestales pero nadie las aplica y no se sanciona a nadie por ellos», han señalado . En la misma línea, han añadido «todo es propaganda».

Desde la Conselleria de Emergencia Climática se ha señalado que el Consell siempre ha querido reducir la intervención administrativa para ejecutar actuaciones de gestión forestal. En este sentido, señalan que la dirección general se ha centrado en el desarrollo de documentos de planificación para incrementar al máximo la superficie sujeta a planificación forestal. También se ha adecuado el marco normativo disminuyendo la burocracia normativa.

La superficie sujeta a instrumento de gestión forestal ha pasado de 166.466 hectáreas en 2020, a 236.792 hectáreas en 2023, aumentando en un 142% en superficie forestal ordenada en dos años. En sintonía con la importante flexibilización, se han puesto en marcha líneas específicas de ayuda en materia de gestión forestal sostenible destinadas a propietarios particulares. Para las propiedades particulares de menor superficie, se han promovido modificaciones también en el plano normativo para que los costes de la gestión forestal sean mínimos,

Por otro lado, por primera vez la Comunitat tiene un Fondo Forestal con 50 millones de euros de forma plurianual (10M+20M+20M) para que los ayuntamientos ejecuten las acciones de gestión forestal y prevención de incendios contempladas en sus planes locales. La inversión en prevención de incendios ha ascendido de 15,4 millones en 2015 a 40,3 en 2023, un incremento del 161%.

A las inversiones hechas en prevención de incendios, hay que añadir los casi 23 millones de euros en gestión forestal del pasado 2022. Si hacemos una mirada en antiguos gobiernos, en la legislatura del 2011 al 2015 el Partido Popular destinó no llega a 6,5 millones de euros. El Botànic solo en 2022 ha invertido en los montes valencianos cuatro veces más.

Esta legislatura hemos invertido 100 millones de euros en infraestructuras forestales (áreas cortafuegos, observatorios, depósitos..) y servicios de vigilancia preventiva. Y en los próximos 3 años vamos a invertir 19 millones de euros en áreas cortafuegos.