«Cerrar a las cinco es una sentencia de muerte»

Las persianas ya estaban asomando y apenas quedaban terrazas montadas cuando aún faltaba un cuarto de hora para las cinco de la tarde en el barrio de Ruzafa. Un grupo de amigos se apresuró a pagar mientras el dueño del local ya recogía mirando el reloj. «Aún me daría tiempo a servir un par de cafés pero es que tampoco hay nadie», dijo para sí. En cuanto se marcharon los jóvenes, entró en el local y al poco salió con un cazo rojo en la mano. Cierra la puerta y camina hasta la esquina de la calle Sueca con Puerto Rico, donde se concentraban sus compañeros.

La hostelería en la ciudad arrancó desde ayer una protesta que será diaria cada tarde durante este mes. «Cerrar a las cinco de la tarde es una sentencia de muerte, es a partir de esta hora cuando más se factura», reconoció Carles, propietario de Cómic Café, que se queda solo al frente del local en el que tenía cinco empleados y ha tenido que acogerse a un ERTE.

«Para mis compañeros, que son trabajadores con una antigüedad de casi diez años, está siendo muy difícil, lo están pasando mal, porque están sufriendo el no poder cobrar el ERTE», añadió. Carles reconocía que ha llegado a un límite. «La clientela también falla, cada vez hay menos ventas pero los proveedores siguen viniendo igual. No hemos percibido ninguna ayuda pública y no sé hasta cuándo podré aguantar». Confesó que no entra en su planes cerrar su negocio pero «voy a empezar a deber y a endeudarme, además lo que no pague ahora lo voy a tener que pagar después».

Minutos antes de las cinco de la tarde, algo tímidos al principio, empezaron a hacer sonar los cazos, cazuelas, ollas y tapas. El ruido llamaba la atención de los vecinos y curiosos que se pararon a preguntar. «Protestamos por las restricciones en la hostelería, es una cacerolada que se ha organizado en toda la ciudad porque encima no dan ayudas», le gritó uno de los hosteleros al chico que se había interesado y asentía ante la explicación.

En el número 22 de la calle Sueca, hace chaflán Casa Amadeo, el restaurante que desde hace ocho años regentan Mariluz y su hermano. Pero pese a su empeño por seguir abiertos, la situación podría llevarles al cierre. «Es que no sobrevivimos, estamos malviviendo», relató Mariluz. «Con las restricciones y sin ningún tipo de ayuda del gobierno, es imposible tener el local abierto, y creo que no tienen en cuenta que además tenemos familias, pagamos hipotecas, recibos de luz, agua…».

Agregó que tampoco han podido percibir ayudas. «Este mes ya cuesta pagar pero pagaré, el mes que viene ya no sé si podré mantener abierto. Para nosotros el cierre es la última solución, no queremos tener que llegar a eso, porque el restaurante es mi trabajo y es mi vida, pero claro si no nos pueden pagar ayudas que nos quiten los gastos y los impuestos», reclamó. Por ahora aseguró que siguen luchando «aunque nos lo están poniendo muy complicado».

Desde el bar El desván de Ruzafa calificaron de «ilógica e incomprensible» la decisión tomada por el gobierno valenciano. «Estas restricciones no aportan nada, queremos que se controle toda esta pandemia pero se están tomando estas medidas hacia la hostelería como si fueran las definitivas para acabar con la pandemia, como si la salvación de las nuevas olas de coronavirus fuera cerrar la hostelería. Nos han estigmatizado, cuando hay otros focos de contagio como el transporte público, y cuando la gente es irresponsable celebrando fiestas privadas mientras en general, en la hostelería se comporta debidamente», protestaron. «Te piden que dejes de trabajar pero no te dicen cómo seguir viviendo, con qué vivo si no hay ayudas ni se rebaja el alquiler o los impuestos, ni las cuotas de autónomos», añadían.

El desván de Ruzafa también podría cerrar sus puertas, porque sus propietarios se lo han planteado con las nuevas restricciones. «Al final son medidas muy publicitarias, que dan la sensación de estar haciendo algo contra el virus pero se podrían tomar otras decisiones sin tener que causar todo el daño que se esta causando, esto es difícil de recuperar, todos los que estamos aquí somos pequeñas empresas sin capacidad económica, así que muchas desaparecerán».

El portavoz de la Coordinadora de la Hostelería de Barrios, Francesc Sanchís, y propietario de Café 33, señaló que cada día que pasa es crucial y los negocios del sector son «víctimas directas, sin que desde las administraciones públicas nos den una solución, sin que haya sobre la mesa ya un plan, ya no de rescate, sino de justicia económica. No pueden mirar hacia otro lado. Nos estamos arruinando y el Consell nos niega las ayudas», declaró.