La caída de la natalidad amenaza el futuro de 6.000 aulas valencianas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que la población en edad escolar de la Comunitat se reducirá en más de 113.000 personas en la próxima década. El dato que ofrece la última proyección del organismo oficial se refiere a las edades comprendidas entre los cero y los 21 años: desde el momento en que se puede iniciar la escolarización en un centro de Infantil hasta la edad teórica para acabar los estudios universitarios.

Los datos ofrecen una foto de futuro siempre que se mantengan las tendencias actuales. El INE dice que la reducción de la natalidad iniciada en 2009 seguirá hasta 2027, aunque el saldo migratorio, ligeramente positivo, no compensará. La reducción sería del 10,3% respecto a la población escolar calculada para 2020, y aunque pueda parecer menor supone un reto para la acción de la administración y a la hora de planificar (o ajustar) la oferta.

Para hacerse una idea de las implicaciones, atendiendo al número medio de alumnos por aula que rige actualmente en la Comunitat, implicaría que sobrarían más de 6.100 clases (de un total de 47.000). Entre Infantil y Primaria la minoración sería de 101.289 alumnos (exactamente de población entre 3 y 11 años) y la ratio media se sitúa en 20. Así, la crisis demográfica condicionaría la viabilidad de 5.064 unidades. Para la ESO (-26.494) es de 25, lo que arrojaría un resultado de 1.059 clases menos.

En el caso de las enseñanzas postobligatorias la amenaza es menor, pues apenas se producirá reducción en 2030 porque el efecto de la menor natalidad no se habrá consolidado. Por contra, en los estudios superiores se prevé un crecimiento gracias a los nacidos antes de 2009.

La crisis demográfica no es ajena a la polémica que rodea a la Lomloe. Si se consolida como la ley de referencia para los próximos años marca un camino claro: la prioridad de la enseñanza pública en detrimento de la concertada, convertida en subsidiaria, da idea de qué red corre riesgo de amortizar la caída.

«Se puede entender como una amenaza o como una oportunidad. Nos tememos lo primero pero nos gustaría que fuera lo segundo», resume Vicente Morro, portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, que aglutina a patronales concertadas, familias y sindicatos docentes.

«Se podría buscar la mejora de la calidad y de la eficiencia respetando la oferta concertada y también la pública allí donde esté consolidada», dice. Así, apuesta por reducciones de ratios máximas de alumnos, «aunque no exista una correspondencia absoluta con la calidad» y siempre que «el objetivo sea este y no fomentar trasvases», señala.

«Me quedo con las oportunidades de mejora», defiende Vicent Mañes, presidente de la Federación de Directivos de Centros Públicos de Infantil y Primaria. «Se podrían consolidar los aumentos de plantilla de este curso, que permiten una mejor organización. Cuanto más profesorado y menos ratios conseguimos más inclusión y atención a la diversidad», señala. También aboga por no superar los 20 alumnos por aula (es decir, que sea el máximo legal, en lugar de 25) y recuerda que a partir de 3º de Primaria todavía se pueden encontrar clases de 30. «No es operativo a nivel pedagógico», dice.

Aurelio González, profesor de Teoría de la Educación y Legislación Educativa en la Universidad Católica, se muestra convencido de que el sistema «va a tratar de dar cada vez más satisfacción a las necesidades de cada alumno. La tendencia es a ampliar periodos de escolarización o a atender más a la diversidad. En poco más de 60 años hemos pasado de un modelo que seleccionaba a otro que trata de dar servicio a todos», explica. «Probablemente perderemos población escolar pero también es verdad que la tendencia del sistema, gobierne quien gobierne, es ser más inclusivo. El reto va de atender a la diversidad, de menores ratios y de recursos humanos: más y mejores docentes y más y mejores especialistas y orientadores», dice.

«Cualquier comisión de trabajo que analizara el escenario debería basarse en aprovechar los recursos», sintetiza Mar Sánchez, directora de Área de Educación y Psicología de la Universidad Europea de Valencia. «No podemos pensar simplemente en reagrupar alumnos. Aprovechemos para que haya más mentores, docentes, orientadores o recursos de apoyo. No podemos pensar en invertir menos, sino en dar la mejor atención», añade. «Sin duda será fundamental insistir en la formación para poder afrontar los nuevos retos, tanto de docentes como de familias, y también en la investigación y en la tecnología aplicada», añade.

La caída de la natalidad tiene efectos devastadores en el ámbito rural, pues deriva en envejecimiento y despoblación. El pasado verano el Ayuntamiento de Zucaina impulsó una campaña para poner un dique de contención ante esta realidad: el cierre del colegio por falta de alumnos. Consistía en ofrecer una casa municipal y trabajo para atraer a una familia con niños que permitieran mantener el servicio educativo. Todas las previsiones se desbordaron, con más de mil solicitudes recibidas.

El encargó recayó en Pedro Quiralte, que ya había impulsado un proyecto cultural para fomentar la economía local o las visitas mediante diferentes iniciativas, fomentando además la repoblación. «Cuando en septiembre llegó esta urgencia me planteé que no habría mejor inyección cultural que aprenderla desde pequeño. Cerrar el colegio habría sido un fracaso», explica.

Cristóbal Caño, su mujer Karima y sus dos hijos fueron los elegidos, y dejaron Real de Montroi por este pueblo de Castellón. Electricista de formación, actualmente trabaja en los servicios municipales. «Nos sentimos de aquí, la gente es muy acogedora. El trabajo me gusta. El terminar y volver al pueblo, poder comentar a la gente lo que estamos haciendo, por ejemplo que hemos abierto una senda antigua que no se podía utilizar, o recoger al niño todos los días y hablar con el director, saber qué está aprendiendo, me parece un lujo que creo que no habría podido tener en otro sitio», señala Cristóbal.

El pequeño de dos años todavía no va al colegio, y Karima espera otro niño para marzo, lo que garantizará la supervivencia de la escuela durante años.